El dilema de denunciar una irregularidad en la empresa

Tomar la decisión de revelar asuntos turbios en la propia compañía es siempre arriesgado. A menudo, la aventura acaba en un tribunal

Marta Andreasen es un ejemplo de eso que se ha dado en llamar 'el empleado molesto'. En su caso, como funcionaria de la Comisión Europea (CE). Andreasen fue jefa de contabilidad y auditoría de la Comisión durante cuatro meses hasta que un viernes del mes de mayo de 2002, cuando se disponía a coger un avión para regresar a su casa de Barcelona, le entregaron un fax en el que la CE le comunicaba su cese.

El pecado de esta funcionaria fue denunciar que el sistema informático contable de la Comisión Europea no permitía garantizar su fiabilidad, lo que suponía un gran riesgo de fraude.

Según explicó ayer Andreasen durante el seminario Negocios Fiables, organizado en la localidad francesa de Saint Paul de Vences por Unisys, cuando un empleado sufre una situación similar a la suya lo primero que tiene que hacer la empresa es investigar y, sobre todo, proteger legal y psicológicamente al empleado de la fuerte presión que este tipo de situaciones implican.

El futuro profesional del empleado que mantiene su integridad como regla de oro es otro de los frentes abiertos. A menudo, la actuación del empleado suele ir seguida de una carta de despido, sobre todo cuando sus revelaciones implican a la dirección o propiedad de la empresa o cuando perjudica gravemente la imagen de ésta.

Por ello, la clave en todas estas situaciones es, según los expertos, la prudencia. 'Hay dos cuestiones fundamentales que hay que tener en cuesta en estas situaciones. Una, el hecho de que la información sea veraz, y dos, que el trabajador actúe sin quebrantar la mala fe contractual, es decir, ni por venganza ni por intereses personales', explica Eduardo González Diedma, consejero de Cuatrecasas y profesor de Derecho del Trabajo.

En caso de que las irregularidades detectadas constituyan un delito, el empleado puede sufrir, además, consecuencias por no denunciar lo ocurrido. 'No es lo mismo hacer público que el producto que vende una empresa no cumple con los estándares de calidad que sacar a la luz que la compañía está incurriendo en un delito. En ciertas circunstancias, el trabajador que guarda silencio podría correr el riesgo de ser acusado de encubridor o cooperador necesario', advierte el consejero de Cuatrecasas.

En cualquier caso, antes de tomar la decisión de hacer pública la información, los expertos aconsejan acudir al comité de empresa y agotar, en general, las vías pacíficas de diálogo con la compañía, ya que a menudo es más dura la vuelta al trabajo que el propio enfrentamiento con la empresa.

Así, en el caso de Andreasen, su intención es volver a trabajar en la Comisión, aunque es consciente de que el trato con compañeros o jefes no será fácil. En su opinión, 'es muy difícil recuperarse de una situación de acoso profesional por hacer las cosas bien'. Andreasen recuerda que existen muchos casos similares. Es el caso de una empleada de Enron, Sheron Watkings, quien ya en agosto de 2001 denunció que había prácticas dentro de la empresa que debían cambiar. El resultado fue que esta profesional acabó arrinconada dentro de la compañía, 'como también les ocurrió a otras profesionales de Wordlcom y la CIA en Estados Unidos', apunta la funcionaria.

Un defensor del empleado

José Antonio Sanfulgencio, socio del bufete Garrigues, cree que en España los tribunales tienen una clara tendencia a proteger las denuncias de los trabajadores que denuncian irregularidades dentro de sus empresas. 'Los tribunales españoles tienen una acertada predilección por declarar nulos los despidos de trabajadores represaliados por sus empresas por el hecho de haber puesto sobre la mesa algún tipo de comportamiento ilícito de sus empresas'.

Sanfulgencio asegura que son numerosas las sentencias que declaran nulos los despidos producidos como respuesta a una denuncia de irregularidades, 'y suelen ser con obligación de readmisión sin posibilidad de cambiarlo por una indemnización', señala el socio de Garrigues.

A pesar de esa clara tendencia proteccionista, pasar por una situación de despido no es un plato de buen gusto ni para las empresas ni, por supuesto, para los trabajadores. Por eso, el profesor del Instituto de Empresa, José Luis Álvarez, considera que lo ideal para evitar que los casos de denuncias de irregularidades acaben en una situación de despido es establecer un sistema de canalización de denuncias dentro de la empresa. Una especie de defensor del empleado 'que proporcione la protección necesaria al trabajador y que analice si debe admitir o no la denuncia a trámite', señala José Luis Álvarez.

Un conflicto que terminó en suspensión de empleo

Era el mes de enero de 2002 y Marta Andreasen se sentía feliz. Ser jefa de contabilidad en el seno de la CE era un gran reto. Su felicidad acabó pronto. Enseguida se dio cuenta de los importantes defectos de los sistemas de detección de irregularidades contables y lo puso en conocimiento de sus superiores. Pero las tiranteces entre Andreasen y los responsables de auditoría de la CE crecieron hasta que se la relevó de responsabilidad y se la suspendió de empleo. La acusación que se le imputa a Andreasen es haber quebrantado el deber de lealtad.

El despido, la primera reacción de las compañías

La denuncia de irregularidades en las empresas y los despidos automáticos suelen ir sospechosamente unidos. 'Normalmente, las compañías que despiden a un empleado como represalia por haber hecho pública alguna información aducen cualquier otro motivo', señala Eduardo González Diedma. Por ello, la propia jurisprudencia laboral cuenta con un mecanismo para evitar la indefensión del trabajador, que consiste en invertir la carga de la prueba en el juicio de despido, haciendo que sea la empresa la encargada de probar que ha rescindido el contrato por la razón que ha esgrimido.'Evidentemente, el trabajador debe aportar al juez algún indicio lo suficientemente sólido como para que éste sospeche que el motivo del despido es otro', advierte el consejero de Cuatrecasas. Los casos de despidos declarados ilegales por estos motivos son muy variados. Una sentencia emblemática en este sentido fue la dictada en febrero de 2000 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.El fallo contradijo la tesis del Tribunal Constitucional español, que consideró ajustado a derecho el despido de un trabajador de TVE que llamó en público a los directivos de la cadena 'sanguijuelas' y les acusó de 'cargarse a los trabajadores'. La sentencia consideró excesivo el despido al tener en cuenta que las manifestaciones se habían realizado en el contexto de un conflicto de trabajo debido a la supresión de una emisión de la que éste era responsable.Sin embargo, el Constitucional sí ha avalado el derecho a la libertad de expresión. José Antonio Sanfulgencio recuerda la sentencia del 12 de enero de 1998 que declaraba nulo el despido de un trabajador del Ayuntamiento de Oviedo que denunció irregularidades con la concesión de los transportes urbanos de la capital asturiana. El tribunal declaró nulo el despido porque consideró que se trató de una represalia contra la libertad de opinión.