Argentina, las instituciones y el progreso
Una breve estancia de trabajo en Argentina ha motivado, a mi regreso, múltiples preguntas de amigos y colegas sobre la situación política en ese país, tan lejano y tan próximo. En su mayor parte, la curiosidad de mis conocidos se expresaba en un tono de perplejidad: ¿cómo es posible que, después de lo que ha llovido, todavía Menem...?
Transcurridos unos días, confirmada la bajada, ya presentida por muchos durante mi visita, del viejo caudillo riojano y la pírrica victoria de su antagonista patagónico, recién investido presidente, la cuestión sigue siendo qué futuro espera a un país que sigue sacudido por una aguda conciencia colectiva de crisis.
El contraste entre esa percepción y la forma en que ha discurrido el debate electoral es quizá lo más llamativo de la situación. Rosendo Fraga, conocido analista político con quien compartí mesa y coloquio en Buenos Aires, lo expresaba con ironía: En el extranjero se preguntan cómo es posible pasar en algo más de un año del que se vayan todos a una disputa entre Menem y Duhalde... La respuesta tiene que ver con la incapacidad del sistema político argentino para producir alternativas sólidas de signo regeneracionista. El peronismo hegemoniza, hoy como durante las últimas décadas, el debate político condicionándolo hasta el punto de salir reforzado, al menos en apariencia, de la crisis.
Los problemas de fondo están más bien en la debilidad de un conjunto de instituciones que precisan, más pronto que tarde, de reformas profundas. El Banco Interamericano de Desarrollo, en su recientemente revisada estrategia de reforma del Estado para la región latinoamericana, identifica cuatro escenarios de fortalecimiento institucional: las instituciones políticas, el Estado de Derecho, las instituciones de mercado y la gestión pública.
En el plano político-electoral, recientes estudios ponen de relieve cómo los arreglos institucionales vigentes en Argentina (no concurrencia de consultas, bicameralismo simétrico, listas sábana, y otros) refuerzan el caudillismo clientelar de los líderes partidarios regionales, contribuyendo a la perniciosa fragmentación política del sistema.
Por lo que se refiere al Estado de derecho, el nombramiento de las autoridades judiciales sigue sin garantizar su independencia del Ejecutivo. El propio presidente electo accede al cargo precedido por una nada edificante historia sobre la destitución del jefe del ministerio público en su feudo de Santa Cruz.
En materia de funcionamiento de los mercados, las instituciones reguladoras creadas para garantizar la competencia en los sectores privatizados se han visto sacudidas por escándalos y acusaciones diversas, y adolecen de una debilidad notable. En la Administración pública, tanto central como provincial o municipal, el reclutamiento y carrera de los funcionarios sigue viciado por prácticas de patronazgo y manejo de clientelas políticas, y se carece de las garantías que son propias de una función pública profesional.
Sin un propósito decidido de afrontar este tipo de déficit, las urgencias de gobierno tienden a convertir a la política en gestión de anomalías.
La necesidad de reaccionar de inmediato alimenta de reactividad la acción de gobierno y la sitúa a remolque de los hechos, sin cuestionar el statu quo. Un solo ejemplo ilustrará, en el caso argentino, esta paradójica contradicción entre lo urgente y lo importante. 500 millones de dólares del Banco Mundial servirán al Gobierno de Kirchner para rescatar los bonos emitidos en los últimos meses por los Gobiernos provinciales, e incluso por alguno municipal. La inaplazable retirada de estas cuasimonedas depurará el mercado monetario interior.
Mientras no se afronte la delicada cuestión de la autonomía fiscal de los Gobiernos subnacionales, la medida servirá para reforzar una pedagogía política detestable y peligrosísima: los Gobiernos que se esfuerzan por mantener el equilibrio presupuestario salen perdiendo. La ausencia de corresponsabilidad institucional, problema de fondo, se agrava.
En nuestros días, caben pocas dudas sobre la relación entre la fortaleza de las instituciones y el desarrollo económico sustentable. La reactivación causada en los últimos meses por la devaluación del peso frente al dólar, y el consiguiente tirón del sector exportador, no debiera ser el espejismo que oculte las importantes asignaturas pendientes que los argentinos tienen en el plano institucional.
A veces, las crisis sirven para activar los consensos de fondo que permiten afrontar los grandes problemas colectivos. Ojalá sea ése el caso cuanto antes en Argentina.