La nueva directiva de opas embarranca apenas iniciada su tramitación
Los socios de la Unión Europea se resisten a la armonización del derecho sobre ofertas públicas de adquisición de empresas. La futura directiva europea de opas, que debería agilizar la ejecución de fusiones transfronterizas, se ha topado de nuevo con la negativa de varios países a renunciar a las peculiaridades del derecho nacional que protegen a sus empresas ante la posibilidad de una oferta de compra desde otro Estado miembro.
Los representantes de los 15 Estados miembros de la UE negocian estos días el texto de la futura directiva europea de opas. Intentan dilucidar, dentro de las numerosas reticencias planteadas, cuáles responden a un interés genuino por alcanzar un marco legal ecuánime para todos y cuáles a la voluntad de perpetuar mecanismos que obstaculizan o impiden las fusiones intracomunitarias.
El texto llegará a la mesa del Consejo de Ministros de la UE el día 19 para un primer debate de orientación al más alto nivel, pero los técnicos ven pocas esperanzas de lograr algún avance.
'Tuvimos un espejismo al principio de la negociación', señala una fuente próxima a la Comisión Europea, el organismo que ha elaborado el proyecto de directiva. 'Pensamos que se podría avanzar muy deprisa, pero nos hemos topado con las objeciones de fondo que acabaron con el anterior proyecto'.
Alemania movilizó en el año 2001 sus recursos diplomáticos y euro parlamentarios para impedir que se aprobara lo que hubiera sido la primera directiva europea de opas. Berlín adujo que el texto, en el que se prohibía a los consejos de administración adoptar medidas defensivas ante una opa sin consultar a la junta de accionistas, dejaría desguarnecidas a sus grandes compañías.
El artículo nueve del actual proyecto, en el que se insiste en prohibir esas medidas defensivas, ha vuelto provocar el rechazo de Berlín, que parece contar con el apoyo de Bélgica y Holanda. Bélgica también defiende ahora la posibilidad de que la empresa opada recurra a aumentos de capital sobrevenido para defenderse de la oferta.
El conflicto se ha extendido, además, al artículo 11 de la ley, con el que se pretendía limitar las posibilidades de defensa que muchas compañías europeas incorporan en sus propios estatutos, como la limitación de los derechos de voto a partir de cierto umbral de participación.
La propuesta, según algunos Estados miembros, no es suficientemente drástica para atajar estas prácticas, muy habituales, por ejemplo, en España. El grupo de trabajo que debate el texto ha encallado, en concreto, ante la posibilidad de eliminar los derechos múltiples de voto que comportan ciertas acciones en algunas empresas. 'Los países nórdicos no lo aceptan', se resignan fuentes próximas a la negociación ante una tradición muy difundida en esa parte de Europa.
'Se ha llegado a decir en broma que eliminando estos dos artículos conflictivos se podría aprobar la directiva', añaden las mismas fuentes. 'Pero parece que hay quien se lo ha tomado en serio y ha cundido el desánimo porque sin esos artículos la directiva pierde gran parte de su sentido'.
La actitud de Italia, país que preside la UE a partir de junio, tampoco contribuye al optimismo. Roma ha adoptado una postura calificada de intransigente, buscando conservar una excepción de su ley que permite ciertas opas parciales. Pero del impulso italiano dependerá el avance de una ley crucial para la integración de los mercados financieros.