Un fallo contra la intervención
Los jueces comunitarios continuaron ayer sentando jurisprudencia sobre el espinoso asunto de la intervención pública en sectores privatizados. Por segunda vez en menos de un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en contra del derecho de veto que, en forma de acción de oro, muchos Gobiernos europeos se han arrogado en las empresas privatizadas en los últimos años. Y, sobre todo, ha contribuido a clarificar las estrictas condiciones que las autoridades políticas deben respetar cuando por causa mayor (seguridad nacional, salud, garantía del suministro energético, etcétera) deben inmiscuirse en el funcionamiento normal de los mercados de capital. Es una lección de mesura y contención muy adecuada para los Gobiernos que, como el de José María Aznar, tienen tendencia a pronunciarse tajantemente sobre cualquier proyecto empresarial de envergadura.
La máxima instancia judicial de la UE acotó ayer las posibilidades legales a ese intervencionismo. Los jueces han anulado la acción de oro que el Gobierno disfruta en Telefónica -incluida su filial de móviles-, en Repsol y en Endesa, tres de las empresas españolas con mayor protección internacional y valores decisivos en el mercado bursátil. La dura sentencia anula también los dos artículos principales de la ley en que se ha basado esa injerencia gubernamental en los designios de las grandes compañías españolas. El texto se elaboró en 1995, al final de la etapa socialista, con el objetivo de iniciar el proceso de privatización. El último Gobierno de Felipe González aplicó la ley en la privatización de Repsol y Telefónica. Sin embargo, lejos de renunciar a este instrumento, el Gobierno del PP se ha valido de él en la privatización de Endesa, de Argentaria, de Tabacalera -estas dos últimas acciones de oro también fueron anuladas ayer de forma retroactiva-, de Indra y de Iberia.
Pero el Gobierno de Aznar ha ido más allá. Ha sido el único que se ha valido de la acción de oro para frenar proyectos empresariales, como la fusión de la telefónica holandesa KPN con Telefónica. Le bastó entonces señalar la amenaza de su veto para abortar la operación, basando su objeción en la presencia de capital público en la compañía holandesa. La misma razón adujo el Gobierno para aprobar una ley concebida expresamente para impedir la entrada de æpermil;lectricité de France, el monopolio público francés, en el mercado energético español.
Pero el intervencionismo no se ha limitado a esta cruzada, considerada ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE, contra la libertad de mercado en las empresas privatizadas. Las autoridades han movido muchos hilos para convertir empresas españolas en títeres al servicio de sus objetivos o proyectos. Pocas opas importantes han escapado a un pronunciamiento -tácito o expreso- del Gobierno, que planea siempre como una espada de Damocles sobre la estrategia de las grandes compañías. Las sentencias de ayer restarán cobertura legal a esas insufribles injerencias.