La eterna promesa del empleo

El empleo se ha convertido de nuevo en arma arrojadiza de la campaña electoral. No hay más que recordar los famosos 800.000 puestos de trabajo ofrecidos por el Partido Socialista en 1982, que luego el Partido Popular utilizó para echar en cara a sus contrincantes en las urnas que no sólo nunca cumplieron aquella promesa, sino que, además, había sido el Gobierno popular el que en su primer año en el poder había creado esos empleos. Y es que la llegada del PP al poder coincidió con la recuperación y el despegue de la economía internacional.

Desde las últimas elecciones autonómicas y municipales en junio de 1999, el mercado laboral español ha ganado casi dos millones de ocupados (un 13% más), mientras que el número de parados ha disminuido algo más de medio millón (un 20%).

Mayor tasa de actividad

Además, en la actualidad hay 1,4 millones de personas más en disposición de trabajar que hace cuatro años, con lo que la tasa de actividad se eleva al 54,3%, frente al 52,1% de junio de 1999.

Se trata de una evolución a todas luces favorable. Pero los problemas del mercado laboral español siguen siendo estructuralmente tan serios como hace cuatro años. Si bien la tasa de paro ha descendido, pasando del 15,4% al 11,4% en los últimos cuatro años, sigue siendo un índice superior a dos dígitos.

Los asalariados con contrato temporal superan en la actualidad los cuatro millones, con lo que uno de cada tres asalariados no tiene contrato fijo. A este mal hay que añadir otros obstáculos, como la escasa utilización del empleo a tiempo parcial (en España sólo un 8% de los empleos es a jornada parcial, frente al 16% de media en la Unión Europea).

El secretario de política económica del PSOE, Jordi Sevilla, asegura que 'mientras los países de la UE han aprovechado el crecimiento de los últimos años para mejorar las condiciones de sus mercados de trabajo y de su estructura productiva, el Gobierno del PP simplemente no ha hecho nada'.

Sin embargo, el Gobierno popular sí ha realizado algunos avances, aunque esas reformas no hayan tenido los resultados esperados en la mayoría de las ocasiones. De hecho, la única reforma laboral puesta en marcha con cierto éxito bajo el Gobierno del Partido Popular fue la del año 1997, que fue pactada por patronal y sindicatos y en la que el Ejecutivo quedó al margen.

Aquella reforma supuso la puesta en marcha de un nuevo tipo de contrato indefinido para jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y discapacitados en desempleo, con una indemnización por despido más barata (33 días por año trabajado, frente a los 45 días tradicionales).

Dicho contrato se incentivó con rebajas a las cotizaciones sociales. Y fue la única reforma que logró impulsar la contratación fija (el 80% de los empleos creados son estables). Pero ni las reformas de los contratos a tiempo parcial de 1998 y 2001, ni la reforma laboral impuesta por el Gobierno en 2001 para atajar la temporalidad han dado los frutos deseados.

Para mejorar la situación no se puede apelar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ya que en materia de legislación laboral las autoridades regionales y las corporaciones locales tienen las manos atadas porque es competencia exclusiva del Ejecutivo central.

Pero también es cierto que los sucesivos Gobiernos del PP han culminado las transferencias de competencias en materia de políticas activas de empleo a las comunidades autónomas, salvo al País Vasco. Esta es la única región que no ha aceptado dichas competencias, porque demanda también las políticas pasivas (caja única de la Seguridad Social). Un capítulo que, según la Constitución, pertenece al Estado.

Con estos traspasos, las comunidades tienen competencias sobre intermediación en el mercado de trabajo; la gestión y control de políticas de empleo; las comisiones ejecutivas provinciales y de seguimiento de la contratación laboral, y el ejercicio de funciones relativas al cumplimiento de obligaciones de empresarios y trabajadores y la potestad sancionadora en materia de empleo.

Es en el terreno de la intermediación donde las comunidades tendrán un papel más importante en los próximos cuatro años.

La nueva Ley de Empleo, que entrará en vigor próximamente, sentará las bases para la coordinación de los nuevos servicios públicos de empleo, que sustituyen al Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Cada comunidad regentará una de estas oficinas en las que se harán seguimientos más personalizados y se elaborarán itinerarios para los desempleados. La intención del Gobierno es que sean las comunidades las que mejoren las posibilidades de empleo y de formación de los parados de su región, con fondos transferidos y propios.

También será clave que se hagan más efectivos los servicios de intermediación entre las ofertas de los empresarios y las demandas de los parados, ya que actualmente el antiguo Inem sólo intermediaba en el 17% de los casos. La mayoría de los españoles encuentra trabajo por ofertas que escucha en su ámbito familiar o de amigos antes que por los servicios públicos.

Movilidad geográfica

Para el PSOE, este nuevo diseño de oficinas de empleo es fundamental para mejorar el mercado de trabajo. 'Es necesario que exista transparencia e información entre los distintos mercados laborales regionales y una política de apoyo a la movilidad geográfica', indica Sevilla.

El secretario de economía y empleo del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, admite que 'aún queda mucho trecho que andar', pero precisa que los populares apuestan claramente por conseguir el pleno empleo antes del año 2010.

Para ello, el Partido Popular aboga por mantener el equilibrio presupuestario y la rebaja fiscal como mejor política de creación de empleo.

En concreto, el PP pretende impulsar aún más las ayudas a la iniciativa empresaria. 'Seguir mejorando la fiscalidad de aquellos que quieren crear su propio negocio, esa es la mejor receta para crear empleo', señala Martínez-Pujalte.