Relevo sindical europeo
La dirección de la Confederación Europea de Sindicatos deja paso este mes a un nuevo equipo. José María Zufiaur cree que debe marcarse el objetivo de trasladar la capacidad de los sindicatos en sus países al ámbito europeo
El X Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) -Praga, del 26 al 29 de mayo- va a marcar el cambio de una época en la dirección del sindicato europeo. Prácticamente toda su dirección, comandada desde 1991 por su secretario general, el italiano Emilio Gabaglio, deja paso a un nuevo equipo. La etapa de la dirección saliente se ha caracterizado por:
Los avances registrados para ir pasando de una coordinadora de sindicatos nacionales a la configuración de un verdadero sindicato europeo (adopción de decisiones por mayoría, reforzamiento del papel del secretariado, incremento del papel de las federaciones de industria).
Cierta europeización de las relaciones laborales, como lo muestra la creación de más de 650 comités de empresa europeos con facultades de información y consulta, o el reconocimiento de una determinada capacidad de iniciativa legislativa a los interlocutores sociales europeos -en base a la cual se han realizado acuerdos, luego convertidos en directivas, sobre el permiso parental (1995), el trabajo a tiempo parcial (1997), los contratos de duración determinada (1999) y, sobre el teletrabajo, un acuerdo (2002) que no se trasladará vía directiva, sino a través de los sistemas nacionales de negociación colectiva. Así como la aprobación de la directiva sobre implicación de los trabajadores en la futura sociedad anónima europea-.
La homogeneización del discurso sindical europeo.
Todo ello resulta claramente insuficiente para responder a una situación caracterizada por la transnacionalización del mercado (salvo, en parte, en lo que concierne a la movilidad de los trabajadores), de las decisiones económicas (moneda única y pacto de estabilidad monetaria) y de las empresas (concentraciones, fusiones, adquisiciones, acuerdos transnacionales); frente a esa transnacionalización, la acción sindical y los sistemas de negociación colectiva siguen, en lo esencial, anclados en los ámbitos nacionales.
Una serie de circunstancias -ampliación de la UE, Convención Europea y próxima Conferencial Intergubernamental, secuelas en la unidad europea de la guerra de Irak, nueva recesión económica- hacen que la renovación en la cúpula de la CES se produzca en un contexto particularmente importante. El nuevo equipo -liderado por el hasta ahora secretario general de los sindicatos ingleses, John Monks, considerado un moderado y un europeísta convencido (que un inglés se sitúe a la cabeza de la CES era hace no demasiados años una opción impensable), candidatura en la que también figura, como presidente, el secretario general de la UGT de España, Cándido Méndez (la primera vez que un español presida la CES)- va a tener que operar en un panorama poco propicio para los avances sociales. Incluso poco propicio para evitar los retrocesos.
La debilidad de las relaciones industriales en los países de la nueva ampliación europea -bajos niveles de asociacionismo sindical (apenas si superan el 20%) y empresarial (en algunos países no alcanzan el 5%), escasa cobertura de la negociación colectiva (no llega, en media, al 30% de los trabajadores), escaso desarrollo de los derechos de participación de los trabajadores- va a implicar una fuerte rémora para el avance de las relaciones laborales europeas, acentuando la presión a la baja que ya actualmente ejerce la escasa regulación existente en Reino Unido e Irlanda. Esa debilidad es algo que muchos sectores, empresariales y políticos, están esperando para dar nuevos pasos hacia una suerte de americanización del modelo social europeo.
Por el lado de la incorporación a la convención -que tiene previsto acabar sus trabajos el 20 de junio- de algunas reivindicaciones fundamentales del movimiento sindical europeo, como el reconocimiento de los derechos sindicales transnacionales (asociación, huelga, negociación de remuneraciones) o el establecimiento de un marco de referencia europeo para los servicios de interés general (para evitar su deterioro, como ha sucedido en Inglaterra y se extiende a otros países, por los procesos de liberalización y privatización), las expectativas son, ahora mismo, bastante pesimistas.
Incluso la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales a la futura Constitución Europea está en entredicho tras el veto anunciado por el representante del Gobierno británico.
Tampoco resulta mucho más optimista el panorama si analizamos la enésima repetición de procesos de reconversión en sectores como el del acero o el aeroespacial, el recrudecimiento del paro, los anuncios de recortes en los sistemas de protección social en Francia y Alemania, el deslizamiento en todos los países, con la excepción de Irlanda, desde una lógica de negociaciones tripartitas y de pactos sociales hacia otra de simple consulta de los interlocutores sociales o la nueva ofensiva flexibilizadora del mercado de trabajo que anuncian las conclusiones del pasado Consejo Europeo de Bruselas.
Hasta ahora los avances logrados hacia la Europa social han sido, en gran medida, el fruto de una cierta complicidad entre la Comisión (sobre todo en tiempos del presidente Delors), algunas presidencias nacionales de la UE y la CES. Todo indica que esa etapa toca a su fin. La CES -78 organizaciones, procedentes de 34 países que organizan a 60 millones de trabajadores- tendrá que buscar otras vías para lograr un marco europeo de relaciones laborales y de derechos sociales digno de tal nombre. A falta de una Europa política, ese objetivo sólo parece posible si los sindicatos son capaces de trasladar la capacidad de conflicto que mantienen en los ámbitos nacionales al espacio europeo. Aunque la tarea no resultará nada sencilla, únicamente así podrán tener posibilidades de presión, disuasión y negociación. Y de pesar en el modelo de construcción europea que se está rediseñando.