Más seriedad con las pensiones
Cuando se suscribió el Pacto de Toledo se valoró de manera especial que ante un asunto de tanto calado se hubiera conseguido el consenso de todo el arco parlamentario. Llegó a decirse que en el futuro el debate de las pensiones estaría por encima de las disputas electorales de los partidos.
No hace falta decir que desde entonces para acá los partidos no han dejado de utilizar las pensiones en sus disputas electorales y políticas, lo cual, dicho sea de paso, no debe sorprender a nadie, pues los casi 8 millones de pensionistas que tenemos son, aproximadamente, la cuarta parte de los españoles con derecho a voto. Ahora bien, que el afán por ganarse el apoyo del electorado no permita pasar por alto una cuestión como esta, no debiera ser incompatible con mayores dosis de seriedad en su tratamiento.
Comenzando por recordar una de las más toscas instrumentalizaciones electorales a las que hemos asistido, es preciso reiterar lo inadmisible que resulta que se utilice un apreciable volumen del dinero de los contribuyentes en una campaña propagandista en la que se ha dado a entender que tanto la paga compensatoria por la desviación de la previsión de inflación para 2002 como la actualización de las pensiones para 2003 son fruto de la generosidad y buen hacer del Gobierno.
Porque el problema no es que se haya apropiado de una realización que forma parte de un pacto político y social previo, o que haya escamoteado su responsabilidad en el descontrol de la inflación. El problema es que, veladamente, se vuelve a propagar el mensaje de que determinados derechos no son tales, sino concesiones más o menos graciables del Gobierno de turno. Con lo cual se resiente algo hacia lo que el mundo de los pensionistas es especialmente sensible, esto es, la seguridad de que la percepción y el valor de su pensión están a salvo de coyunturas políticas y de arbitrismos gubernamentales. Fue precisamente transmitir seguridad, solvencia futura del sistema y garantía de que se preservaría el poder adquisitivo de las pensiones lo que en gran medida inspiró el trabajo de la comisión parlamentaria que alumbró el Pacto de Toledo.
Tampoco se ha distinguido por su seriedad el rifirrafe abierto en torno a la hipótesis de prolongar a toda la vida laboral del trabajador el periodo de cotizaciones a tener en cuenta para el cálculo de su pensión. Polémica a todas luces extemporánea, pues le quedan todavía casi dos años de vigencia al pacto en vigor sobre las pensiones. No se trata de eludir la existencia de esa vieja pretensión y mucho menos tratarla en contra del sentido común, es decir, afirmando, como ha hecho el ministro de Trabajo en la entrevista publicada por El País el 2 de febrero, que dicha extensión del periodo de cálculo supondría 'un aumento' y no una disminución del importe de las pensiones.
Al ministro hay que agradecerle que poco después asegurara que el Gobierno no lo planteará 'en este año ni en esta legislatura'. No obstante, debe subrayarse que tan extemporánea discusión, de la que no esta claro su origen próximo, ha servido para seguir alimentando la idea de que el sistema de pensiones públicas tiene insegura su viabilidad y que, como habrá que introducir recortes para sostenerlo, lo mejor que pueden hacer los trabajadores es buscarse cuanto antes una pensión complementaria. Es sintomático que entre los primeros en publicitar informes evaluando las pérdidas que tal medida supondría, estén los mismos que alientan el negocio de los planes privados de pensiones.
Tampoco dice mucho a favor de sus promotores el culebrón montado en relación a las pensiones no contributivas (PNC). Llama la atención que siendo diáfanas las competencias de las comunidades autónomas en el desarrollo de los servicios sociales, y estando más claro todavía que en este terreno nuestro país sufre carencias y retrasos de primer orden, resulte que en lugar de destinar más recursos a mejorar dichos servicios, esenciales para los pensionistas, algunos gobiernos autonómicos prefirieran abrir el melón de un conflicto competencial por aquello de adicionar unos cuantos euros a las PNC. De poco sirve que el Tribunal Constitucional les dé la razón o que el Gobierno pierda el tiempo tratando de impedirlo con una nueva ley, pues, como de lo que se trata es de marcar políticas e identidades diferenciadas, siempre se encontrará algún resquicio para ponerlas de manifiesto.
El problema de fondo es que se esta contribuyendo a cuartear un sistema como el de la Seguridad Social, único y unitario, que es una gran conquista por cuanto expresa solidaridad e igualdad de derechos y de sus correspondientes prestaciones en todo el Estado, y se está dando impulso a que, bien abiertamente, como es el caso del Gobierno vasco y su exigencia de gestión propia, o bien de forma más sutil, como sucede con el Gobierno de Cataluña, sus complementos a pensiones contributivas como las de viudedad y sus estrafalarias argumentaciones sobre inflaciones diferenciadas, termine poniéndose en solfa el propio modelo.
En un asunto de Estado como éste, los políticos y sus partidos tendrían que extremar el rigor y la prudencia.