Los tribunales juzgan al fin la tragedia de Ardystil
El 15 de febrero de 1992, Isabel Miró, de 28 años, moría en el Hospital de Alcoy (Alicante) de una insuficiencia pulmonar. Su fallecimiento pasó inadvertido hasta que unos meses más tarde otra joven, Yovana González, ingresaba en el mismo centro con una afección similar y a los pocos días perdía la vida. El facultativo que atendió a esta segunda joven recordó, al ver sus pulmones destrozados, el caso de Isabel.
Al comparar los historiales de ambas, apareció el punto de conexión: ambas habían trabajado en Ardystil, una empresa de aerografía textil de Cocentaina. La sensación de que algo ocurría en esta empresa llevó a Sanidad y a Trabajo a realizar un reconocimiento médico de todos los trabajadores que destapó lo que entonces se conoció como el síndrome Ardystil y que después se desveló como una variante mortal de fibrosis pulmonar.
La respuesta a lo que ocurría en Ardystil y en otras siete empresas del sector y la responsabilidad de las seis muertes que finalmente ocurrieron y de la enfermedad de otros 67 empleados es lo que deberá dilucidar el macrojuicio que se inició ayer en la Audiencia de Alicante, y en el que se sientan en el banquillo los dueños de las empresas Ardystil, Aeromán, Aerotex, Aeroreig, Aeroalcoy, Aerografía Textil, Aerobrix y Boncolor.
Todas estas compañías formaban parte del importante sector textil que se concentra en las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana, especialmente en La Vall d'Albaida y en L'Alcoià-Comptat. Un sector con importantes empresas, pero también con pequeños talleres que realizan trabajos de subcontrata, donde la seguridad laboral de los empleados es mucho más débil que en las grandes compañías.
La aerografía textil se extendió en la zona a partir de 1989. Su trabajo consistía en el pintado de telas con pistolas neumáticas, para lo que se utilizaban una serie de productos químicos que, según el relato del fiscal, liberaban al ambiente tricloroetano, decano y xileno, entre otros compuestos altamente tóxicos. Los productos los facilitaban tres empresas químicas, Ici, Bayer y Solvay, que constan en el sumario como posibles responsables civiles subsidiarios.
Estas mezclas se unían a la escasa cuando no nula protección con que contaban los empleados en estas empresas. Pintaban sin mascarillas o no eran ni suficientes ni adecuadas, y las fábricas no tenían ventilación. 'Sólo había ventanas, pero como mucho se abrían en verano', ha recordado una de las ex trabajadoras de Ardystil.
Inspección
Meses antes de que ocurrieran las primeras muertes, hubo una inspección de Trabajo que, paradójicamente, no levantó acta alguna sobre supuestas infracciones de la normativa de seguridad laboral en las empresas de aerografía textil, motivo por el que también se sienta en el banquillo un inspector.
Los hechos que ocurrieron después llevaron a la Generalitat Valenciana en octubre de 1992 a cerrar todas las empresas de este sector. Con todo, una de las empresas ahora acusadas, Aeromán, consiguió que el Tribunal Supremo condenara a la Generalitat por la clausura, ya que, según la sentencia, funcionaba con todos los requisitos legales. En Aeromán murió un trabajador -las otras cinco víctimas lo eran de Ardystil- y se detectó el síndrome en nueve empleados.
En el juicio que se acaba de iniciar y que se alargará durante dos meses y medio, se escuchará a los 11 acusados (para los que se piden hasta seis años de cárcel y que indemnicen a las víctimas con 4,5 millones de euros), 13 peritos y 108 testigos, entre ellos los que sobrevivieron a la enfermedad y entre los que está Susana Javaloyes, una joven que tuvo que recibir un trasplante de pulmones para seguir viviendo y que, como todos los personados en el caso, espera que tras 11 años de proceso por fin se haga justicia.