COLUMNA

¿Quién pagará la guerra?

Miguel Ángel Aguilar analiza la situación de preguerra que se vive en la actualidad. El autor cree que hay unos beneficios económicos potenciales en el conflicto que encajan con los objetivos de la Administración Bush

El presidente Bush continúa acariciando entusiasmado el proyecto urgente de las hazañas bélicas a las que se proclama dispuesto sin necesidad de obtener una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Es decir, que después de una primera etapa en la que los multilateralistas de Colin Powell consiguieron llevar la cuestión de Irak a la ONU, de donde acabó saliendo la resolución 1441, ahora pintan los bastos de los unilateralistas de Rumsfeld dispuestos a llevar adelante la aventura ambicionada sin conceder mayor importancia al inventario de los acompañamientos que pudieran sumarse después de los ofrecidos por el británico Toñín Blair y el español José María Aznar.

Pero una cosa es lanzarse a la guerra, a una guerra que se intenta planificar como guerra limpia, sin bajas ni riesgos propios, y con capacidad de causar daños incalculables al adversario, y otra muy distinta pagar sus costes.

Es clamoroso el absoluto desinterés del Pentágono por sumar un contingente militar de la Unión Europea a las fuerzas expedicionarias

De ahí resulta el contraste clamoroso entre el absoluto desinterés del Pentágono por sumar un contingente militar de la Unión Europea a las fuerzas expedicionarias y las peticiones formuladas a la Alianza Atlántica para que facilite el acceso al espacio aéreo europeo, el uso de aviones radar de vigilancia electrónica, el de barcos patrulla y dragaminas y la protección del sur de Turquía.

Pero sobre todo debe observarse con claridad el requerimiento que la representante estadounidense en el Consejo Atlántico, Victoria Nuland, ha planteado para que los aliados se impliquen en la reconstrucción de Irak, tras los desastres de la guerra.

Estamos en las mismas de Palestina donde la Unión Europea aporta los fondos para los aeropuertos, las infraestructuras, las instalaciones de la Autoridad Nacional Palestina que son los primeros objetivos a destruir por los blindados y las excavadoras israelíes en sus represalias aniquiladoras cada vez que se produce un atentado de la Jihad islámica. Europa paga y Sharon, sostenido por Washington, arrasa.

Llegados aquí se impone la lectura de algunos textos, como el de Thérèse Delpech Le terrorisme internacional et l'Europe, en los Cahiers de Chaillot, donde explica el fracaso de las reglas de juego tradicionales cara a una amenaza por naturaleza anónima, fuera del ámbito tradicional de los Estados, imprevisible, que impide construir un sistema de defensa basado en la previsión y la anticipación de las políticas del contrario así como la discusión y la negociación llegado el caso, mientras impide que tenga valor funcional la disuasión y la amenaza de coerción. Para analizar después con Martin Carnoy los costes económicos de la guerra contra el terrorismo recogido en el libro Guerra y paz en el siglo XXI, editado por Manuel Castells y Narcís Serra en Tusquets.

Explica allí Carnoy que la guerra contra el terrorismo, tal y como la concibe la actual Administración estadounidense, traslada claramente la estrategia global estatal de la construcción de las infraestructuras del capital social a la construcción de las infraestructuras del capital represivo.

Aclara también que la geopolítica de la Nueva Economía Globalizada (NEG) ha cambiado el énfasis anterior situado en la expansión de la democracia y de los derechos humanos y lo ha puesto en la expansión de las redes globales antiterroristas.

Por ahí se ha llegado al establecimiento de jurisdicciones de excepción incluso en los Estados Unidos. Unas jurisdicciones que derogan las reglas democráticas y bloquean la colaboración básica para el éxito de esa lucha.

Cómo estarán las cosas para que el semanario británico conservador The Economist en su último número titule en portada Is torture ever justified?

Es decir, que viene a cumplirse lo que nos advirtió Walter Lacqueur, según el cual los terroristas incapaces de obtener sus objetivos pueden dejar como secuela una grave degradación de los sistemas democráticos y de sus valores de civilización.

Pero volvamos a Martin Carnoy para reconocer que hay unos beneficios económicos potenciales de la guerra que encajan con los objetivos de la Administración Bush, como los nuevos accesos al petróleo de Asia central para las empresas norteamericanas y los que se derivan del rápido incremento del gasto militar, mientras que los costes -como cuando la primera guerra del Golfo- pueden recaer de nuevo sobre los socios de la Unión Europea amedrentados por Washington. Atentos.