Más dura será la caída... con la EPA
Esperó el Ministerio de Trabajo hasta el 5 de enero, domingo y cabalgata de los Reyes Magos, para dar los datos del paro registrado en el Inem durante diciembre, mezclados con las altas en la Seguridad Social y metidos a uña de caballo en las ruedas de prensa posteriores a las reuniones mantenidas por el ministro Zaplana con los dirigentes sindicales en la noche del sábado, y con los presidentes andaluz y extremeño el mismo domingo por la mañana. Pero ni el batiburrillo informativo ni el rifirrafe con los sindicatos suscitado con la nueva propuesta ministerial sobre el subsidio agrario han conseguido que la mala evolución del paro en 2002 pasase desapercibida.
Las oficinas del Inem registraron 10.100 parados más el último mes del pasado año, lo que arroja un crecimiento del desempleo del 7% (113.224 personas registradas en el paro) para todo el ejercicio 2002 y constata la tendencia al aumento del paro por segundo año consecutivo.
El ministro se apresuró a restar gravedad al asunto achacando la mala cifra del paro a la buena marcha de la población activa. El aumento de ésta, porque hay más personas que alcanzan la edad para trabajar y desean hacerlo, explicaría lo sucedido -según el ministro-, descartando que se hubiera destruido empleo. Pero el consuelo estadístico ni es tranquilizador ni mucho menos sirve de excusa para no adoptar nuevas políticas de empleo antes de que se llegue a la destrucción de trabajo.
No es un alivio comprobar que la capacidad de la economía para crear empleo ya no alcanza ni a cubrir el crecimiento de la población activa. Un crecimiento tan amortiguado los últimos años, por la caída permanente de la tasa de natalidad desde finales de los setenta y por la lenta inserción laboral de la mujer en España, que este Gobierno se encontró con que, a diferencia del ciclo expansivo anterior, de cada 10 nuevos empleos creados desde mediados los años noventa, siete podían dedicarse a la reducción del paro porque para atender a las nuevas incorporaciones al mercado laboral sólo se precisaban tres. Proporción inversa justamente a la que tenía que enfrentarse la creación de empleo hasta 1991.
También a partir de ese año se acrecientan las diferencias entre el paro registrado y el medido con la encuesta de población activa (EPA), llegando a ser éste un 49% superior a aquél en 1997. Ahora puede estimarse que la EPA arroja un desempleo entre el 44% y el 46% por encima del que se contabiliza en el Inem. La del tercer trimestre de 2002 apuntó ya que el paro aumentaba a un ritmo del 14,8% anual (más del doble del registrado), cuando un año antes descendía el 6,22%, y que el empleo sólo crecía al 1,78%, cayendo desde el 5,8% que reflejaba la EPA del mismo trimestre de 2001.
Por eso, es previsible que la encuesta del último trimestre de 2002 (que se publicará en la primera semana de febrero) nos presente un incremento del desempleo mucho más elevado que el ofrecido por Trabajo y una caída del empleo bastante más dura de la que se barrunta el ministro.
Pero no es necesario esperar a que la estadística confirme previsiones cantadas y perder un mes más en la puesta en marcha de medidas que ya se aconsejaron desde la Comisión Europea el pasado noviembre. Entre otras, le indicaron al Gobierno español la necesidad de reducir el alto porcentaje de contratos de duración determinada e incrementar el recurso a los de tiempo parcial, contando con la participación activa de los agentes sociales; tomar medidas eficaces para elevar la tasa global de empleo y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres; culminar la modernización de los servicios públicos de empleo a fin de aumentar su eficacia y mejorar la aplicación de enfoques preventivos frente al desempleo o completar las reformas en formación profesional para que incluyan una estrategia global y coherente sobre el aprendizaje permanente (lo contrario de la proyectada reforma de la formación continua, que la trocearía entre regiones y sectores haciéndola menos global y menos coherente).
Como también se le ha reiterado a los responsables de la política económica española, desde todos los ámbitos, institucionales y académicos, nacionales y europeos, que es necesario y urgente un esfuerzo inversor en I+D, ya que no podemos seguir compitiendo a base de mano de obra barata. Una ventaja que ha empezado a dejar de serlo con la ampliación de la UE y en todo caso un modelo agotado para el futuro, que por mantenerlo demasiado tiempo ha lastrado la inversión en tecnología, el crecimiento de la productividad y la mejora del valor añadido de nuestros bienes y servicios.
Pero la creación de más empleo y la reducción de la temporalidad, que debería inducirse con aquel esfuerzo inversor, no ha entrado en los ortodoxos esquemas económicos del Gobierno ni queda margen para ello con la nueva reforma fiscal. Se lo han pedido a los Reyes Magos, según el vicepresidente segundo en un reciente programa de televisión.