El mercado de emisiones
El autor analiza la posición de España en relación al compromiso de reducción de las emisiones contaminantes. El autor plantea la necesidad de una mayor información para adoptar las medidas necesarias
Mientras la catástrofe del Prestige sigue ocupando sin desfallecimiento alguno la primera página de la actualidad informativa, nuevos problemas medioambientales se acumulan a la sociedad española. La supuesta inspiración ecologista de nuestras políticas económicas, más allá de las declaraciones al uso, ha brillado por su ausencia. Amparados en la diferencia en tasa de emisiones por habitante que todavía nos separa de los países mas desarrollados de Europa, pareciera que teníamos todo el tiempo para cumplir los compromisos internacionales de los que España es parte y, en especial, los derivados del Protocolo de Kioto. Quizás por eso, y por otras prioridades de corto plazo, el Gobierno anunciaba hace unos días la reducción de los incentivos económicos introducidos en la tarifa eléctrica para el impulso de la utilización de energías renovables que tan espectaculares efectos de ahorro energético y reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) han tenido en los años pasados.
Sin embargo, no es una novedad que el reino de España se separa de modo difícilmente recuperable de los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto en relación con la reducción comprometida de emisiones respecto de los niveles de 1990. Nuestro país, por su menor nivel de desarrollo, obtuvo la autorización para aumentar las emisiones equivalentes de CO2 en un 15% respecto de los niveles registrados de 1990. Lo cierto es que esos niveles se han superado con creces.
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), la tendencia nos llevaría a niveles cercanos al 150% en el año 2010. Y si se tomaran en cuenta en cuenta las medidas adicionales pendientes de aplicación, no se bajaría de niveles cercanos al 130%. La utilización del mercado de emisiones a partir de 2005, iniciativa adoptada por la UE mediante la propuesta de directiva sobre la que el Consejo de la UE alcanzó una posición común el 10 de diciembre, planteará problemas imposibles de desconocer, cuya incidencia potencial en la competitividad de la industria puede ser muy significativa.
Como se sabe, el Protocolo de Kioto prevé el funcionamiento de un mercado en que se negocien derechos de emisión, como medio de reducir los costes de alcanzar una determinada calidad ambiental. La UE ha previsto que, antes de que las previsiones del Protocolo de Kioto estén en funcionamiento (2008), en el interior de la UE funcionará un mercado de emisiones (2005), con el fin de adquirir experiencia y de abaratar los costes de alcanzar los objetivos comprometidos. Se calcula que la introducción de tal mecanismo es susceptible de reducir tales costes en un 35%, al permitir que los titulares de derechos de emisión intercambien sus derechos según fórmulas de mercado. En efecto, quienes dispongan de tecnologías baratas que les permitan reducir emisiones dispondrán de derechos de emisión sobrantes, que podrán vender a quienes los necesiten para emitir más que lo autorizado por sus asignaciones originales de derechos.
Si éstos no disponen de tecnologías de reducción de emisiones o resultaran más caras que la compra de derechos, adquirirán en el mercado los que les resulten necesarios para mantener su nivel de producción. Si la asignación inicial de derechos está bien realizada y el mercado funciona, la reducción global de las emisiones, medida en toneladas equivalentes de CO2, se obtendrá con menores costes que en ausencia de mercado, tanto en el interior de un país como en la UE.
Si bien faltan por definir muchos de los elementos necesarios para el cabal entendimiento del mercado de emisiones -singularmente, la asignación de derechos por sectores y focos de emisión-, la situación española no parece especialmente favorable, como se desprende de las primeras consideraciones expresadas. La propuesta de directiva contempla multas de 50 euros por tonelada hasta 1998 (100 euros a partir de esta fecha) a quienes emitan por encima de los derechos acreditados.
Algunas estimaciones de los precios de los derechos en el mercado que ahora se crea establecen una banda entre los 22 y los 33 euros por derecho (tonelada equivalente de dióxido de carbono), que, sin duda, no resultará indiferente para las cuentas de explotación de las empresas que se hallaren con insuficiencia de derechos en relación con sus emisiones.
Con independencia de que puedan añadirse otras actividades, quedarán sometidas a las exigencias de la directiva, las actividades energéticas, la producción y transformación de metales férreos, las industrias minerales como la producción de cemento, de vidrio o de productos cerámicos, y otras actividades industriales como la fabricación de pasta de papel o de papel y cartón.
Los problemas presumibles están en relación directa con el exceso de emisiones de nuestro país en relación con los objetivos del Protocolo de Kioto. Tal y como la directiva establece, la asignación de derechos a los contaminadores que los Gobiernos lleven a cabo ha de ser coherente con los compromisos de reducción establecidos en aquel protocolo. En la medida en que globalmente se han superado las emisiones comprometidas, algunas actividades no podrán esperar el otorgamiento de derechos que les garanticen su actual nivel de producción. Deberán, en consecuencia, introducir nuevas tecnologías, más limpias o deberán adquirir derechos en el mercado a los precios que resulten de la oferta y la demanda.
Como siempre que nos adentramos en nuevos caminos, lo peor es la incertidumbre. Llevamos retraso en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. No parece que las medidas adoptadas hasta ahora sean muy coherentes con los objetivos pretendidos en materia de medio ambiente. Y por si fuera poco, falta toda la información sobre los potenciales efectos que, en relación con las empresas y sectores más afectados, pueden seguirse de la entrada en vigor de la nueva directiva.
En esto como en otras cosas, predicar la existencia del mercado no equivale a postular la desaparición del Estado. El Gobierno debería darse prisa por informar y por adoptar las medidas oportunas.