El reto pendiente de los impuestos en Internet

El comercio electrónico es una de las decepciones de las que se llamó la nueva economía durante la etapa en que se hinchaba, antes de explosionar, la burbuja de Internet. Con todo, moverá este año unos tres billones de euros en todo el mundo (el 90% será comercio entre empresas, B2B) y gran parte de ese tráfico será transfronterizo. Sirva como indicador que en España el 19% de los clientes de la Red compran en una web de otro país.

Pero el desarrollo del comercio electrónico internacional se enfrenta con dos grandes retos, la seguridad y la fiscalidad. Internet no tiene fronteras y su dimensión internacional incrementa la sensación de inseguridad y dificulta la gestión de los tributos por parte de las Administraciones públicas, al tiempo que desincentiva a muchos empresarios que deben cumplir con obligaciones tributarias en jurisdicciones muy distintas y distantes.

Implantar un sistema internacional coherente para la tributación indirecta sobre el comercio electrónico es un reto pendiente, que debe cumplir con rigor principios como la simplicidad y la seguridad jurídica, pero que, sobre todo, debe garantizar la neutralidad fiscal con el comercio tradicional y entre países, evitando así que la competencia se falsee.

La Unión Europea ya ha avanzado por ese camino y el pasado mes de mayo dio luz verde a una normativa común para gravar con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) los productos y servicios vendidos a través de Internet. Este es el tributo clave en el comercio, tanto en el off line como online, y en él lo esencial es saber qué tipo de operación se realiza (entrega de bienes o prestación de servicios), con quién y dónde.

Si hay una entrega de bienes (comercio off line), es fiscalmente como una venta tradicional o por catálogo, pero, si es una operación con bienes digitales (comercio online), se considera una prestación de servicios.

Así, si se compra un libro en una librería física, se paga un 4% (IVA reducido), si se adquiere en una virtual, también se paga el 4%; pero, si el texto se descarga en un ordenador y se conviertan en e-books, es un servicio y el IVA es el 16%.

En cuanto al quién y el dónde, la clave está en que los bienes tributan en destino, con el tipo del país donde está el consumidor y los servicios en origen, con el del país donde está el suministrador.

Por eso, el mayor rompecabezas es la prestación de servicios a particulares, ya que la normativa del IVA no contaba, cuando fue creada, con que un servicio pudiera prestarse a distancia. La tributación en origen permite que un consumidor final decida desde el ordenador de su casa si contrata en EE UU (el IVA no es aplicable), España (IVA del 16%) o Dinamarca (el 25%).

Una diferencia de hasta el 25%, que la UE atajará, desde el 1 de julio próximo, imponiendo que las empresas extranjeras que vendan productos digitales deberán registrarse un NIF en un país de la Unión, y reasigna el IVA recaudado al país del cliente. Una medida que no ha gustado en muchos países, empezando por EE UU, pero que recorta el abanico, de un 15% (Luxemburgo) a un 25% (Dinamarca).

Determinar en la Red el origen de un bien o de un servicio, e incluso el lugar donde radica el proveedor, resulta mucho más complicado que en el mundo real. Por eso los ciberevasores lo que hacen es contratar productos bajo la calificación de servicios y poner como punto de origen un paraíso fiscal.

Los paraísos fiscales están en el punto de mira de muchas puntocom que se instalan donde no hay impuestos o donde la fiscalidad es mínima, y montan allí sus servidores y hasta su propia web, aunque es dudoso que esto sea un establecimiento de negocio permanente.

Dicen que no hay evasión fiscal, sólo elusión, y por ello desembarcan en las islas Bermudas o en la isla caribeña de Antigua, aunque también hay en Chipre una buena web para alquilar barcos y en Costa Rica están la mayoría de los casinos virtuales que tantas veces nos muestran sus cartas y ruletas cuando entramos en algunas páginas de Internet, y que, al tiempo que impuestos, esquivan así las prohibiciones que sufre el juego en muchos países.

Y no terminan aquí las complicaciones. En EE UU, para fomentar el comercio electrónico, no se grava la venta de productos distribuidos vía Internet, aunque esto supone una merma de ingresos fiscales que los Estados y las más de 7.500 jurisdicciones impositivas diferentes que existen en ese país cuantifican en unos 13.000 millones de dólares anuales.

La moratoria fiscal original, aprobada en el año 1998, expiró el 21 de octubre del 2001, pero George Bush la ha renovado por dos años, hasta el 1 de noviembre de 2003.

Chocan dos criterios, el de los Estados que amarran los impuestos y el de los que apuestan por incentivar el desarrollo del e-commerce, por considerar que Internet dinamiza la economía y hay que apoyarlo con una tax free zone, aunque temporalmente se distorsione la competencia.

Respetando la soberanía fiscal de los Estados, los organismos internacionales están por impulsar y homogeneizar los impuestos sobre un comercio electrónico que está en un continuo, aunque lento, crecimiento, pues el tráfico en Internet se duplica cada 500 días con la incorporación de nuevos internautas (en el mundo hay ya más de 500 millones de usuarios de Internet) y con una infraestructura tecnológica en permanente expansión.

La OCDE, en la conferencia que celebró en Ottawa (Canadá) en 1998, ya apostó por introducir un sistema común de IVA y en esa línea también está la Organización Mundial del Comercio, aunque influida por los EE UU, que dejó el tema pendiente tras su última asamblea en Doha, en noviembre pasado. Pero la idea de un duty free (tienda libre de impuestos) planetario ya está superada en EE UU, donde aumentan las voces contra la exención de impuestos en Internet, y en estas circunstancias, cuando dentro de un año termine la moratoria en ese país, la actual tensión UE-EE UU debería haber dado paso a un consenso negociado, que los organismos internacionales avalarán en todo el mundo.

La fiscalidad es un reto que afecta a todos y se necesita un acuerdo para eliminar una de las dos mayores incertidumbres que frenan el desarrollo del comercio electrónico internacional.