La agricultura en la ampliación de la UE
La ampliación de la UE a 10 nuevos países es un proceso de enorme trascendencia política, económica y social, cuyo calendario no parece cerrado aún y, por tanto, genera inquietud e incertidumbre. Si ello es cierto para el conjunto de la economía, mayor es en el caso de la agricultura y del complejo sector agroalimentario por haberse presentado, el pasado julio, una propuesta de reforma de la PAC (política agraria común) que afecta a aspectos sustanciales de la actual regulación agrícola.
Ello aconsejaría un retraso en la fecha del 1 de enero de 2004, aunque la 'voluntad política' de proceder a la ampliación puede confirmarla. En este último caso, habrá que recurrir a los habituales malabarismos comunitarios para gestionar un periodo de transición realmente complicado. Efectivamente, la negociación de adhesión deberá concluirse antes del final de 2002, aunque la nueva reforma agrícola es muy posible que no sea adoptada antes del segundo trimestre de 2003. Aunque las contradicciones entre ambos procesos serán inevitables, nada es imposible para la maquinaria burocrática comunitaria. Pero lo mas preocupante proviene de la economía real, no de la regulación administrativa del proceso.
El retraso en la ampliación podría ser beneficioso para todas las partes, si permitiera una más profunda reflexión sobre la PAC que necesita la Unión de 25 miembros.
Desde la óptica española, la ampliación puede abrir perspectivas de expansión a los sectores exportadores de sistemas productivos de agricultura mediterránea, al tiempo que otros sectores agrícolas herbáceos y de ganadería vacuna y ovina se encuentran teóricamente amparados por los actuales sistemas de ayudas directas. Por tanto, aparentemente, no debería existir especial sensibilidad a los efectos del proceso de ampliación.
No obstante, la agricultura europea está expuesta al riesgo de quedar sumida en una profunda desorganización por la adopción de un modelo de regulación agraria que si es discutible para la actual UE-15, puede ser un auténtico despropósito su aplicación en los nuevos miembros. En la mayoría de los candidatos las estructuras agrarias requerirían una estrategia de modernización y desarrollo convencional, como la de España en los sesenta. La PAC está plagada de mecanismos para corregir los excesos del desarrollismo tecnológico en sociedades con un medio rural muy alterado por los efectos del crecimiento económico.
Algunos ejemplos pueden ayudarnos a comprender la complejidad del proceso. Los regímenes de control de la oferta -'cuotas' de producción- pueden provocar en los nuevos miembros un colapso en su dinámica natural de modernización. Estos sistemas de control de la oferta, directos como en leche o azúcar, o indirectos a través de las limitaciones en los derechos a percibir ayudas directas, fueron introduciéndose en la PAC para frenar la capacidad expansiva de una agricultura moderna y tecnológicamente avanzada, con tendencia a generar excedentes invendibles.
Los controles de oferta están presentes en los sectores productivos donde existe mayor potencialidad productiva en muchos de los candidatos (vacuno de carne y leche, remolacha, cereales...). La aplicación práctica de estos mecanismos restrictivos exige establecer un nivel de referencia productiva, rendimientos, cabañas, superficies, etcétera, que, aplicados a los nuevos miembros, tendrían la virtud de congelar su agricultura en una situación previa a la adhesión y que, por tanto, en nada favorecería la dinámica económica que generará su participación en el mercado único.
Si se observan las realidades productivas de estos países, limitadas por la escasa capacidad de demanda de sus sociedades en la coyuntura de poscomunismo y preadhesión, se detecta un notable retraso tecnológico y estructural, tanto agrícola, como agroindustrial y comercial, al tiempo que un importante potencial de desarrollo acelerado estimulado por la rica sociedad de consumo a la que van a incorporarse. Negar esta dinámica de futuro puede suponer el fracaso de todo el proceso de ampliación.
Existe un segundo aspecto que también debe despertar una profunda preocupación. La UE viene aplicando un sistema de ayudas directas a la agricultura, que la Comisión Europea pretende modificar en los próximos meses, cuya orientación ha sido inspirada por el cambio estructural vivido en Europa occidental en los últimos 40 años.
Muy sintéticamente, estas ayudas van dirigidas a una agricultura con riesgo de despoblamiento y abandono del medio rural, escasa población activa agraria, profunda sensibilidad social a la conservación medioambiental y del territorio, a los problemas de calidad alimentaria, bienestar de los animales...
Las ayudas tienen un componente de extensificación de producciones, en el contexto de una agricultura excesivamente intensiva en muchos aspectos.
Es decir, ninguna de las circunstancias que han inspirado los actuales regímenes de ayudas comunitarios se manifiestan en los países que van a incorporarse a la UE. Por muy dilatado que quiera diseñarse el periodo de transición no podrán evitarse profundas distorsiones en la lógica dinámica económica y social que deberían experimentar las agriculturas de los países candidatos.
En conclusión, la reforma que permitiría el éxito en el proceso de ampliación no es la propuesta por la Comisión. Los sistemas de ayudas deberían estar dirigidos a resolver la problemática real de cada sistema agrario regional, con carácter específico y selectivo, al tiempo que el mercado único deberá regularse a través de normas comunes que no premien la antigüedad en el club europeo.
Tal vez la ampliación sea una ocasión para devolver cierta racionalidad a la PAC. En caso contrario, podría ser el elemento desencadenante de su definitiva liquidación.