La hora de la verdad en la UE
La Comisión Europea acaba de emitir su informe final relativo a la inminente ampliación de la UE. Seremos de momento 25 socios. Rumania y Bulgaria se quedan fuera esperando todavía algunos años debido a su falta de capacidad para incorporar las reglas y obligaciones comunitarias. Turquía, a pesar de las considerables presiones de EE UU y su valor estratégico en una eventual guerra contra Irak, deberá permanecer en la sala de espera mucho tiempo. Tal vez más tiempo de lo que se imaginan los gobernantes de Ankara. Esta vez la inmediatez de las elecciones turcas, el próximo noviembre, y la posible subida electoral de los partidos islámicos no parecen haber influido en el Colegio de Comisarios.
A partir de ahora, el Consejo de Ministros tiene apenas tres meses para tomar las decisiones que faltan para culminar las negociaciones. Nada más y nada menos que sobre la agricultura y el paquete financiero. Es decir, en términos comunitarios, las decisiones que habitualmente han supuesto ásperas negociaciones, difíciles compromisos y, en muchas ocasiones, solemnes retrasos.
Esperemos que esta vez no ocurra, aunque hay que esperar que el próximo diciembre se produzca un solapamiento, de un lado, entre las negociaciones internas entre los Estados miembros y, de otro, las negociaciones con los países candidatos. Mantener 10 conferencias negociadoras con los 10 candidatos, al mismo tiempo y con la necesidad imperiosa de terminar antes del 31 de diciembre, no va a ser tarea fácil. Pero es el calendario a respetar.
Este calendario va a imponer gran presión sobre los países candidatos. Estas negociaciones duran ya mucho tiempo y todos desean formar parte de la UE. Así pues me temo que el margen político para rechazar las cautelas y las cláusulas de suspensión de los tratados de adhesión incluidas en el informe de la Comisión Europea en el supuesto de incumplimientos futuros, aunque irritantes, terminarán por ser aceptadas por los candidatos.
Estas cláusulas de suspensión son una novedad en los procesos de ampliación y suponen de hecho el establecimiento de un derecho unilateral de la UE para dejar en suspenso la aplicación del tratado de adhesión de un nuevo país miembro cuando éste no aplique correctamente los términos del mismo. En las anteriores ampliaciones se introducía una cláusula de salvaguardia de carácter general que podía ser invocada por las dos partes en el supuesto de que se presentaran causas suficientes para dejar en suspensión o no aplicar alguna de las obligaciones del tratado.
En ésta se ha ido mucho más lejos. La explicación hay que buscarla en la falta de confianza respecto a los resultados de nueva ampliación: la mayor en territorio y habitantes que haya conocido la UE en su historia.
Entre el retraso de la ampliación y las cautelas sobre los resultados de las negociaciones en curso, parece que se ha optado por esta última solución. La primera reacción de algunos países candidatos, entre irritada e impaciente, se irá modulando con el tiempo y, salvo sorpresas mayores, todos estarán dispuestos a firmar el Tratado de Adhesión a final de año. æpermil;sta parece ser la secuencia con la que ha trabajado la Comisión Europea.
Pero antes hay que superar el escollo, que puede convertirse en catástrofe, del referéndum irlandés del próximo fin de semana. Si los irlandeses rechazan otra vez el Tratado de Niza, éste no podrá entrar en vigor y se tendrá que reabrir de nuevo la negociación respecto al peso especifico de cada país miembro en el sistema de toma de decisiones de la UE. También tendría un reflejo en las posiciones de los países candidatos.
Los europeístas necesitamos esta vez el auxilio de San Patricio para que termine de convencer a los simpáticos irlandeses de que no pueden votar no. Es cierto que en la historia de la UE ningún país que ha organizado dos veces un referéndum lo ha perdido. Así fue con los daneses en el Tratado de Maastricht, que terminaron aceptando a la segunda.
Esperemos que la historia se repita. Es muy importante para el futuro. Si un país como Irlanda, que ha sido fuertemente ayudado por los fondos estructurales de la Unión, que es el país que ha conocido el mayor crecimiento económico en términos reales y constituye un éxito económico y social dice otra vez no al Tratado de Niza estará marcando una orientación a las opiniones públicas de algunos países candidatos que también deben someter su tratado de adhesión a referéndum. Pienso sobre todo en Polonia.
Creo que Casandra, la agorera de los griegos, no es buen modelo para casi nadie. Pero es legítimo pensar si las condiciones tan duras que se van a imponer a los nuevos candidatos, unidas a las cláusulas de suspensión inventadas en el último momento, no podrían darnos la sorpresa de un referéndum negativo en alguno de los países candidatos, cuyas opiniones públicas no entiendan, después de una larguísima negociación, que las condiciones de entrada les penalicen excesivamente.
Manuel Marín es portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Socialista en el Congreso