Inversión y crecimiento
El proyecto de Presupuestos para 2003 aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros incluye un aumento del 8% en las inversiones en infraestructuras e I+D. Un dato que, según el ministro Montoro, retoma la apuesta por la inversión pública. Sin embargo, pese a lo anunciado por el Gobierno, las cifras no reflejan un cambio de política. Todos los gabinetes de Aznar, incluido éste, han portado el estandarte del equilibrio presupuestario como mejor fórmula para ganar la batalla a la inflación y liberar recursos privados para la actividad productiva. Ciertamente han saldado con éxito buena parte de los escollos, pero han aparecido otros. La obsesión por no gastar ni un euro más de los que se ingresaban, que ha proporcionado réditos jugosos a las economías familiares y empresariales en forma de estabilidad de precios y de tipos de interés para financiar la inversión, ha dejado también una secuela que empieza a ser lacerante en el sistema productivo español: el mediocre equipamiento del país.
Los datos publicados por el Banco de España en los últimos años revelan un estancamiento preocupante en relación con la Unión Europea de todas las variables sobre productividad total y stocks de capital humano y tecnológico. Este retraso relativo, también denunciado en varias ocasiones por los analistas de la actividad económica, puede dañar y limitar seriamente las posibilidades de crecimiento económico, generación de empleo y de renta en España, hasta el punto de quebrar la línea ascendente de la convergencia con la UE.
El estancamiento de la inversión pública, esquivado a veces con fórmulas exitosas de participación privada en el diseño y explotación de infraestructuras otrora reservadas a la iniciativa del Presupuesto, es especialmente llamativo a partir de 1995, cuando se inicia la carrera contrarreloj por llegar a Maastricht antes incluso que los que estaban más cerca. Mientras España sigue alejada de los estándares de equipamiento de la Unión y escatima en inversión pública, economías mejor capitalizadas, como la francesa o la germana, siguen forzando la máquina aunque sea a costa de exhibir peores notas en equilibrio presupuestario.
La economía española tiene que caminar más deprisa en la senda de capitalizar el sistema productivo para que no se escatime ninguna posibilidad de crecimiento potencial. Porque Europa tampoco para en el empeño de alcanzar los niveles estadounidenses de productividad, establecidos como sagrados objetivos en las últimas cumbres comunitarias. Las Administraciones españolas (central, autonómicas y locales) tienen que pensar más en el largo plazo y retomar el papel que socialmente tienen asignado de proveer de los instrumentos necesarios para que los administrados, ciudadanos y empresas, puedan encauzar sus aspiraciones económicas. No son suficientes las leyes para allanar el camino. También son necesarios los recursos financieros públicos para equipar al aparato productivo, sin duda el mejor acelerador de la riqueza.