La ralentización de la inversión dificulta la convergencia europea
La práctica totalidad de los indicadores de la inversión y su eficiencia en el sistema productivo revelan un estancamiento en relación con la Unión Europea en los últimos años, según los datos proporcionados por el Banco de España. Esta pérdida de terreno, en parte imputable a la caída de la inversión pública por las políticas tendentes al déficit cero, puede limitar el crecimiento económico potencial en el futuro. Ahora la inversión pública escasamente llega al 3,2% del PIB, y en 2002 el grado de ejecución de la inversión estatal está en el 27,5% hasta julio, si bien es cierto que una gran parte del gasto público se ha desplazado a comunidades y ayuntamientos. En la zona euro la inversión lleva dos años de caída.
Todos los indicadores relativos a la inversión, el equipamiento físico y tecnológico y la productividad revelan un deterioro significativo en los últimos años, según los datos aportados por el Banco de España. Tales variables, que miden el esfuerzo acumulado por una economía y su disposición para el crecimiento económico, pierden terreno en relación con la UE, con escasísimas excepciones, en el último lustro. Este estancamiento se refleja en una lenta acumulación del stock de capital y está en parte provocado por las políticas de ajuste del gasto público de los últimos años, según varios expertos. Además, advierten que puede poner en peligro el crecimiento económico, del empleo y de la renta nacional en el futuro.
La productividad total de los factores productivos, indicador sintético de la eficiencia de un sistema productivo, ha disminuido desde 1995 en casi tres puntos porcentuales en convergencia con la UE, según el Banco de España. El stock de capital productivo privado, el de capital tecnológico, la inversión pública, el gasto en I+D, el consumo en educación o la inversión en capital riesgo también han registrado una brusca caída en los últimos ejercicios de los que se dispone de información.
Esta desaceleración de la inversión se ha concentrado especialmente en su origen público, como consecuencia del cambio de política marcada por la exigencia comunitaria de lograr el equilibrio presupuestario a fecha cierta para poder formar parte de la moneda única desde enero de 1999.
Así, la inversión pública, indicador que se consideraba tenía que llegar al 5% del PIB anualmente para absorber el diferencial de equipamiento de infraestructuras viarias, portuarias, tecnológicas, sanitarias o educativas existente con Europa, únicamente se acercó a tal guarismo en 1990, con un 4,7%. Desde entonces, ningún año se acercó al listón deseado, y en 2001 cayó al 3,2% del PIB. El Gobierno ha utilizado fórmulas alternativas de financiación de obra pública, pero el resultado es un recorte en el equipamiento y el stock de capital.
æpermil;ste se ha mostrado de vital importancia también a la hora de determinar la capacidad de un territorio para atraer proyectos de inversión directa internacional. Al margen del efecto directo que tiene como reclamo de inversión, y por tanto de crecimiento económico, los expertos también destacan que la disponibilidad de este tipo de infraestructuras repercute directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
Los expertos consideran que, pese a los efectos beneficiosos de una política fiscal que incida en el déficit cero, los réditos a largo plazo de un aumento sostenido de la inversión son notables y, en especial, en coyunturas de incertidumbre como la actual.