Lo social en la política
Julián Ariza subraya que España vive un nuevo escenario político, en el que los aspectos sociales se han colocado en primer plano. El autor considera que esto puede recomponer el desapego de sectores de trabajadores por la izquierda
Como estaba previsto, el Partido Popular ha rechazado en el Congreso de los Diputados las alternativas al decretazo presentadas, entre otros, por el PSOE e IU. Pero el Gobierno haría mal si pensara que tras el trámite de las enmiendas parciales y la posterior convalidación de la ley el asunto quedará zanjado.
Un aspecto digno de comentar es que, inicialmente, los socialistas habían pensado invalidar el decretazo mediante enmiendas parciales. Pero, al final, consideraron más efectivo confrontar textos completos. Desde un punto de vista formal este nuevo planteamiento parecía destinado a buscar mayor resonancia del debate parlamentario.
Sin embargo, el nuevo enfoque, por su mayor entidad política, posee un alcance que va más allá del corto plazo. Un documento como éste, en un tema que ha venido acompañado de una huelga general que, a su vez, ha tenido y está teniendo importantes repercusiones políticas, se convierte en algo más que un instrumento puntual de confrontación parlamentaria: pasa a reforzar el compromiso del PSOE de convertirlo en ley cuando le toque asumir responsabilidades de gobierno y conlleva que forme parte de su programa cara a las próximas elecciones generales. Todo ello lo tendrán muy en cuenta los sindicatos.
Habrá quienes consideren que, en cualquier supuesto, el interés de los sindicatos ante unas elecciones políticas será siempre que gane la izquierda. Es cierto. Pero a poco que se haya seguido su comportamiento desde los tiempos en que su demanda de un giro social les condujo a convocar cuatro huelgas generales durante los Gobiernos de Felipe González, se comprobará que esa preferencia por la izquierda no ha sido incompatible con una severa crítica a la deriva que entonces manifestaba la política gubernamental. De hecho, los sindicatos, en materia socioeconómica, ejercieron una función de oposición que representó un lastre tanto político como electoral para el PSOE.
Aunque la influencia de los sindicatos en los resultados electorales sea difícil de medir, pues en la opción de los votantes pesan muy variados factores, es evidente que aquella oposición suponía un serio desprestigio para la acción de gobierno. Lo contrario de lo que sucedió después con el diálogo y la concertación social desarrollados entre 1996 y primeros meses de 2001. A nadie se le escapa que uno de sus efectos colaterales ha sido favorecer la imagen de una derecha política sensible a determinadas demandas sociales y laborales de los sindicatos.
El decretazo no sólo ha dinamitado los puentes de la concertación social, cuya reconstrucción va a resultar difícil. Es que, además, al producir una amplísima respuesta social de rechazo, cuya dimensión se vivió en las empresas y en la calle el pasado 20 de junio, ha tenido considerable influencia en otros muchos acontecimientos como, por ejemplo, el alcance del cambio de carteras ministeriales en la pasada remodelación del Gobierno, la erosión de la credibilidad de éste, cuya más gráfica expresión es el deterioro de la imagen de Aznar y el empate técnico que, según algunos sondeos sobre intención de voto, se daría hoy entre el PP y el PSOE, amén de haber influido en el discurso de los dirigentes socialistas, particularmente de su líder, Rodríguez Zapatero, acentuando las referencias a lo social hasta el punto de convertirlas en el terreno fundamental de la contraposición entre el PSOE y el Gobierno.
La inflexión más hacia la izquierda del discurso socialista la ha facilitado la inflexión más hacia la derecha de Aznar y su Gobierno. Pero lo significativo es que se está plasmando en propuestas concretas, no sólo en palabras. En el caso del decretazo, la propuesta del PSOE no se queda ya en rectificar lo hecho por el Gobierno para volver a la situación anterior: es que mejoraría sensiblemente dicha situación.
Tan importante como esto es que, además, no se plantea nada que no sea factible, sin que para ello hayan de exigirse sacrificios al conjunto de la sociedad en forma de mayores cargas impositivas para incrementar los recursos del Estado. Será cuestión de reasignaciones y de prioridades en el gasto público. ¡Cómo puede admitirse que el Gobierno recorte el gasto hacia los desempleados cuando el Inem arroja un superávit de más de 3.000 millones de euros!
El problema es que el destino de ese superávit se desvía en buena parte a beneficiar a terceros, sobre todo a las empresas. Por ejemplo, se las ha subvencionado con miles de millones para favorecer el empleo estable y, sin embargo, en cinco años sólo se ha reducido en dos puntos nuestra brutal tasa de temporalidad, una de cuyas derivaciones más dramáticas la ofrece la curva ascendente de la siniestralidad laboral, sobre todo la de accidentes con resultado de muerte.
Bienvenido sea ese nuevo escenario político donde en la confrontación derecha/izquierda lo social se ha colocado en el primer plano. Promete, de mantenerse, convergencias más fuertes entre la izquierda y los sindicatos, sin que por ello vaya a menoscabarse la autonomía de ambos. Puede, por añadidura, recomponer el desapego de sectores de trabajadores respecto de la izquierda y del propio acontecer político y electoral.