La lucha financiera contra el terrorismo
La planificación, preparación y el desarrollo de los atentados del 11-S no podrían haber sido posibles sin un entramado financiero que diera cobertura a los diversos grupos implicados en los ataques, como así sucedió. Y todo ello, dentro de la más estricta legalidad internacional que ampara el secreto bancario, el movimiento de capitales fuera de control y los paraísos fiscales.
Un hecho tan brutal hizo que el Gobierno de George Bush tomara conciencia de las amplias posibilidades de que disponían los grupos terroristas para financiar sus actividades y, con ello, su postura ante la lucha internacional contra el lavado de dinero dio un giro de 180 grados. La seguridad se convirtió en una prioridad frente a la libertad, también en este terreno, y la autorregulación llegó a su fin.
La Administración Bush se había opuesto a la propuesta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de obligar a los bancos a informar de movimientos sospechosos de cuentas, alegando que la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho a la privacidad. En abril pasado, el Tesoro incluía esta obligación en su legislación contra el blanqueo de dinero e incluso la amplió a las firmas de Bolsa, compañías de tarjetas de crédito y fondos de inversión, entre otros. Los servicios de seguridad detectaron el uso indiscriminado de tarjetas de crédito por parte de los terroristas de Al Qaeda.
Bajo esta premisa, la actividad del GAFI (hasta ese momento cuestionada por EE UU) se ha visto impulsada y ha sido el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), a instancias de Washington, quien ha adoptado los 40 criterios establecidos por el grupo para luchar contra el blanqueo de dinero. Sin embargo, el desmantelamiento de los paraísos fiscales no cooperativos, que sirven como base de operaciones para este tipo de actividades, va mucho más despacio. No en vano, las grandes multinacionales de EE UU establecen sus sedes en estos territorios para reducir su factura fiscal.
El cambio más patente es el de Suiza. Los ministros de Economía del Grupo de los Siete (G-7), los Estados más poderosos, amenazaron en su reunión de junio con sancionar a los países que se resistieran a colaborar en la lucha contra el lavado de capitales y lanzaron una velada advertencia, en este sentido, a las autoridades suizas.
El Gobierno de Ginebra ha reaccionado con rapidez al presentar una ley para calificar a los clientes de los bancos en función de 'los riesgos jurídicos y de reputación', con criterios como la sede o domicilio del titular de la cuenta. Con ello, Suiza pretende preservar invariable el secreto bancario, base de su economía.