Gato por liebre con los recursos del Inem
Se supone que los recursos del Instituto Nacional de Empleo (Inem) deben servir para pagar las prestaciones por desempleo, estimular la formación profesional de las personas en paro e impulsar la creación de nuevos empleos mediante políticas activas. Por tanto, examinar el funcionamiento y presupuestos del Inem es uno de los tests más reveladores para verificar tangiblemente el reiterado aserto de los Gobiernos de que el empleo es su prioridad.
Hace unos días se daba cumplida información en éste periódico de la polémica habida en la última reunión del Consejo General del Inem en torno a la ejecución de su presupuesto para el presente ejercicio. Como ha tenido que reconocer el propio Ministerio de Trabajo, se ha imputado al de este año una partida de gasto en prestaciones por valor de 417,68 millones, que aparecen gastados el primero de enero pero que en realidad se gastaron en 2001. De esta forma, en junio se había consumido ya el 65% del gasto inicialmente presupuestado para todo el año 2002.
La explicación dada por el ministerio, basada en que el Parlamento no les autorizó a recoger todos los pagos realizados en 2001, no es convincente. El Partido Popular dispone de mayoría absoluta y el Inem tiene un considerable excedente en los ingresos. Es más probable que las razones del artificio contable obedecieran a lo que realmente es la prioridad del Gobierno: cuadrar el déficit.
Además, las cifras avalan esta hipótesis. Porque el saldo financiero positivo del Inem en 2001 representaba el 0,18% del PIB y el de la Seguridad Social el 0,8%, que sumados coinciden con la suma del déficit del Estado, un 0,58% del PIB, más el de las Administraciones públicas, que alcanzó el 0,4%.
Por esta vía, los dos instrumentos fundamentales para cumplir con los derechos sociales obtenidos por los trabajadores mediante sus cotizaciones y para fomentar la creación de empleo se habrían utilizado para exhibir el equilibrio presupuestario en términos de Contabilidad Nacional.
El Gobierno ha convertido la Seguridad Social y el Inem en colaboradores forzosos de dicho objetivo gubernamental, pero el Estado lleva dos años consecutivos sin aportar nada a la financiación de las prestaciones por desempleo ni a las políticas incentivadoras del empleo.
Los ingresos totales del Inem provienen sobre todo de las cotizaciones sociales (94,19%), del Fondo Social Europeo el 3,5%, cantidad con la que contribuye a los programas de formación, y del remanente del ejercicio anterior que no ha utilizado para otros fines, el restante 2,1%.
En cuanto a los gastos, se concentran fundamentalmente en el pago de prestaciones económicas, las contributivas, que crecieron el año pasado un 6,7%, y los subsidios, que cayeron el 9,1%.
Una evolución que se explica, de una parte, por la desaceleración en la creación de empleo y la acumulación de los periodos de carencia por parte de los trabajadores que, pese a soportar una fuerte rotación en los puestos de trabajo, encadenando contratos precarios, han aguantado todo el tiempo que les ha sido posible antes de ir a cobrar el seguro de paro (comportamiento contrario al que les ha achacado el Gobierno para justificar el decretazo).
Y el gasto en subsidios por desempleo en relación al número de beneficiarios ha bajado por la pérdida de poder adquisitivo real de esta prestación, determinada por el salario mínimo interprofesional que no se ha revisado a la par con el IPC.
Las otras dos partidas de gasto más importantes son la de fomento del empleo (más del 50% son incentivos a las empresas para la contratación de trabajadores), que se redujo un 8,4% en términos reales, y los programas de formación ocupacional dirigidos a los parados, que también cayeron el 3,3%.
Seguramente iba bien orientada la denuncia sindical sobre la utilización por el Gobierno del trueque contable de los gastos en prestaciones por desempleo entre los años 2001 y 2002 como pretexto de la reforma decretada el 24 de mayo pasado. Pero, además, se comprueba que tampoco es cierto que los recortes a los parados se hayan hecho para derivar más recursos hacia la creación de empleo.