Convenios y moderación
La ruptura del diálogo social la primavera pasada no es un episodio circunstancial. Sus consecuencias sobre el futuro serán muy perniciosas para la reactivación de la actividad económica si no se pone remedio a la confrontación entre Gobierno y sindicatos. Resuelto ya el debate formalista de quién ganó la huelga y de cuánta gente la secundó o se mantuvo al margen, urge poner manos a la obra de recomponer la paz social para que los parámetros que han dado fundamento en los últimos años al crecimiento de la economía no se destruyan. Y el más importante de cuantos están en peligro es la moderación salarial.
Los sindicatos han practicado la moderación de las rentas salariales durante los últimos años de forma implícita, por entender que era la mejor contribución al crecimiento de la inversión, de la economía y del empleo. Pero el último año lo han hecho de forma explícita, en un acuerdo cerrado que comprometía el control de los salarios y de los precios en el momento más delicado, como fue la entrada en circulación del euro. Sin embargo, para 2003, no hay garantía alguna de moderación salarial. Los sindicatos creen que los empresarios no han cumplido su contraparte de compromiso, puesto que no han sido capaces de evitar caer en la tentación fácil de elevar los precios con la llegada de la nueva moneda, y, lo que puede considerarse más grave, no han aprovechado la ventaja relativa de los costes laborales para impulsar la inversión, que lleva varios trimestres estancada.
Además, los niveles de exigencia sindical son ahora más elevados que antes del conflicto. CC OO y UGT ponen otro precio a la moderación salarial. Pero el coste que el Gobierno parece dispuesto a pagar es menor que antes: ha endurecido su posición desde la huelga general y la intención revelada es aplicar las reformas pendientes y hacerlo con diálogo sólo si los agentes sociales aceptan un nuevo acuerdo. Así, si el pacto de moderación salarial no se prorroga en otoño, el Ejecutivo tratará de buscar la flexibilidad en las relaciones laborales y el control de los costes a través de la reforma de los convenios colectivos.
Esta pretensión aplazada en diciembre pasado, que da prioridad a los grandes acuerdos sectoriales paraguas y a los convenios de empresa pegados al terreno de las relaciones industriales, puede crear más problemas de los que resuelva. Hace un año fue la patronal la organización que más presionó para frenar la reforma (existe gran oposición interna por el temor a perder la facultad de negociar convenios, única razón de ser de multitud de numerosas organizaciones territoriales y gremiales) y ya ha advertido de nuevo que sería un grave inconveniente caer en el mismo error. A ello se suma una fuerte oposición sindical, con lo cual la intención de Economía de imponer la reforma para suplir la falta de moderación en los convenios activaría el clima de confrontación. Por eso, Gobierno, empresas y sindicatos necesitan la vía del acuerdo.