El discurso del gobernador
Raimundo Ortega plantea la necesidad de que el Banco de España tome lecciones de las perturbaciones del sistema financiero internacional. El autor destaca la importancia de un gobierno más responsable de las empresas
Siguiendo la tradición, ha aparecido hace pocas semanas el Informe Anual de Banco de España, que viene acompañado del volumen con las cuentas financieras de la economía española y el discurso de presentación del mismo, pronunciado por el gobernador ante el consejo de gobierno de nuestro banco central. En esta ocasión, el gobernador ha estructurado su discurso en dos partes bien distintas, aun cuando unidas por un enfoque asentado en la visión, amplia y profesional, a la cual nos tienen acostumbrados los máximos rectores de tan respetada institución.
Encontramos una primera parte dedicada al examen de la evolución de la economía mundial, de la zona euro y, en particular, de la economía española en 2001, con especial atención a lo que califica de 'cambio en el patrón cíclico' y los que considera sus 'principales retos'. En la segunda mitad, después de una atinada referencia a la estabilidad financiera, analiza los acontecimientos que han afectado al sistema bancario español, concluyendo con unas reflexiones relativas a la supervisión financiera. Partiendo de la base de que la desaceleración de la economía mundial en 2001 ha sido más efímera y suave de lo previsto -afirmación que los hechos todavía no han respaldado-, se señala que en esta ocasión las crisis de países como Turquía y Argentina no han provocado un contagio que originase un agravamiento de la desaceleración de la economía mundial, pronóstico igualmente dudoso a la luz de los recientes acontecimientos. Según el señor Caruana los principales países emergentes han puesto en práctica políticas más ortodoxas y disciplinadas, y los mercados financieros internacionales así lo han reconocido. De todo ello deduce el gobernador que la economía mundial ha sabido incrementar su capacidad espontánea de ajuste y reacción a las políticas macroeconómicas y a la disciplina de los mercados.
Si el discurso del gobernador deja traslucir una cierta dosis de escepticismo respecto a la seriedad del esfuerzo de algunos países europeos para conseguir la consolidación presupuestaria, hay una justificada alarma cuando se refiere a la necesidad de acentuar el 'fomento de la competitividad' como piedra angular de la política económica española. Así lo exige la 'persistencia de un diferencial de inflación con la zona del euro [que] plantea riesgos para la evolución futura de la competitividad', y del cual es muestra 'la combinación de una estructura salarial poco flexible con la insuficiente competencia en algunos sectores de servicios que ha fomentado el fenómeno de la inflación dual, que sustenta el diferencial de inflación con la UEM'. Consejos como la importancia de fomentar la inversión en nuevas tecnologías o el fomento de la flexibilidad y eficiencia de los mercados son siempre bienvenidos aun cuando su reiteración, año tras año, hace sospechar una falta de voluntad política y social para ponerlos en práctica.
Pero es al hablar de la estabilidad financiera y la supervisión bancaria cuando el gobernador entra, por así decirlo, en aguas jurisdiccionales y su discurso cobra, a la par, mayor interés y riesgo. Que 'las perturbaciones sufridas por el sistema financiero internacional el pasado año' sean preocupantes resulta innegable, como lo es la necesidad de marcos jurídicos sólidos o de criterios claros para la distribución de los costes de las crisis. Lo que el caso Enron y otros posteriores han puesto de manifiesto es que los mercados de los países financieramente más desarrollados reposaban sobre cimientos de arena y que mecanismos respetados de control nada tenían de respetables. Bien está pedir más información y mejoras en la calidad de las cuentas de las entidades financieras, necesario es recalcar la importancia de un gobierno más responsable de las empresas -de forma que sus administradores se ganen el sueldo que cobran-, pero las autoridades públicas -como el Banco de España- deberían sacar lecciones de esas 'perturbaciones'.
Lecciones referentes a la necesidad de coordinar mejor la vigilancia del riesgo de crédito en que incurren entidades bancarias, compañías aseguradoras y sociedades de inversión sometidas a reguladores diferentes; lecciones sobre lo infundado de la excesiva confianza que los organismos supervisores han venido depositando en el juicio de entidades privadas tales como auditores o las agencias de calificación; recordando, por último, que existen 'riesgos gerenciales', consecuencia de los cambios en la alta dirección de los bancos y cajas de ahorros que el Banco de España no hubiera contemplado impasible hace algunos años.