La CE aprueba un plan para reducir el excesivo número de normas europeas
La Comisión Europea se ha tomado muy en serio el objetivo de reducir la ingente masa de normas (80.000 páginas) que forman el acervo comunitario, un laberinto que cuesta a las empresas 50.000 millones de euros anuales. Bruselas ha aprobado un plan de acción entre cuyas medidas destaca la obligación de los Estados miembros de evaluar el impacto económico de toda norma que sobrepase y complique el contenido de una directiva. Los resultados deberán hacerse públicos.
La Comisión Europea ha sacado por fin a la luz su anunciado plan de acción para reducir y simplificar las normas comunitarias. El objetivo de esa propuesta, que Bruselas ha cifrado en una reducción del 25% de toda la normativa, no es otro que ahorrar a las empresas los 50.000 millones de euros que les cuesta lidiar cada año con la farragosa normativa comunitaria, un laberinto que ocupa ya un total de 80.000 folios.
Así, una de las primeras medidas que contiene el plan es el deber de los Estados miembros de realizar un examen previo sobre el impacto económico, social y medioambiental de toda norma nacional que exceda o complique el contenido de una ley europea. Para Bruselas, la medida reviste especial importancia 'en aquellos casos en que los Estados miembros sobrecargan el acto de trasposición de las directivas', una práctica más que frecuente en la Europa comunitaria. Los resultados de estos informes de impacto no sólo deberán comunicarse a la CE, sino también a los ciudadanos y a las empresas. La idea, según Bruselas, es lograr que este examen previo de costes sirva de filtro para evaluar la necesidad y conveniencia real de cada norma.
Pero los deberes del plan de acción no afectan únicamente a los Gobiernos nacionales, ya que la propia Comisión se ha impuesto también su lista de tareas. Además de comprometerse a realizar exámenes de impacto económico antes de aprobar cualquier nueva norma, Bruselas aboga por hacer un mayor uso de su facultad de retirar propuestas legales cuya tramitación haya llegado a un punto muerto.
Así, la Comisión optará por esta medida 'cuando el Consejo y el Parlamento Europeo no hayan debatido una propuesta pendiente durante varios años'. La medida tiene más trascendencia si cabe cuando se tiene en cuenta que hay normas, como la que ha dado lugar al estatuto de la sociedad europea, que han permanecido enquistadas en el procedimiento legislativo comunitario durante casi 30 años. En cualquier caso, Bruselas confiesa su intención de 'volver a la definición original de directiva que figura en el tratado'. Una norma limitada en lo posible al marco general, es decir, a los objetivos y aspectos esenciales de la legislación. No en vano la propia UE ha reconocido más de una vez que la legislación europea es extensa, farragosa y técnicamente deficiente.