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El PP afronta seis años de mínima influencia en los reguladores tras los cambios en CNMC, CNMV y Banco de España

La ruptura de relaciones institucionales con el PSOE lleva a una reestructuración de los organismos independientes con poder supervisor y sancionador frente a las grandes empresas sin propuestas de candidatos de Génova

Reunión entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el lider de la oposición, Alberto Nuñez Feijoo, en el Congreso de los Diputados. Jaime Villanueva.
Reunión entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el lider de la oposición, Alberto Nuñez Feijoo, en el Congreso de los Diputados. Jaime Villanueva.Jaime Villanueva

El Partido Popular se enfrenta a una larga travesía del desierto en cuanto a influencia frente a la gran empresa se refiere, dada la mínima conexión que va a tener en los grandes reguladores económicos. La falta de candidatos propuestos por Génova en la renovación de cargos del Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMCV) dejan al principal partido de la oposición con un déficit de poder que no se restaurará aunque alcance en el medio plazo el Palacio de la Moncloa. Los nuevos responsables al mando de las instituciones se mantendrán hasta 2030, dado que gozan de mandatos de seis años, un periodo que busca dotar de independencia a sus encargados evitando que coincidan con el ciclo electoral.

Fuentes próximas a las negociaciones y cercanas al PSOE creen que el PP ha sucumbido a la polarización a la que le somete Vox, que tras las renovaciones del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acusó al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo de traición y estafa a sus electores por entregar el poder judicial a la izquierda.

Lo cierto es que en un análisis más fino, la llegada al CGPJ de Isabel Perelló fue interpretada como una cierta victoria del PP, que logró la renovación del órgano de los jueces tras cinco años caducado sin que se impusieran las propuestas de mayor agrado de Félix Bolaños. Además, se daba por hecho que el desbloqueo para la renovación del Supremo permitiría al partido de Feijóo que se tuvieran en cuenta sus propuestas en el proceso de renovación del resto de organismos este 2024.

Sea como fuere, las fuentes consultadas -tanto de uno y otro espectro político- creen que el PP jugó al límite al romper la baraja tras el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España. Consideran que el desgaste al Ejecutivo de Sánchez, muy criticado desde la oposición por la colonización de instituciones que se inició con la llegada de José Félix Tezanos al CIS, no compensa la mínima influencia que tendrá en los próximos años en instituciones de fuerte ascendencia frente al gran poder empresarial. Entienden que la polarización política le obligó levantarse de la mesa de cualquier negociación de nombres, una tradición no escrita que solían respetar Gobierno y oposición, con el consiguiente coste en términos de poder.

Con este panorama, Sánchez no sólo ha colocado a su exministro José Luis Escrivá al frente del Banco de España, sino que también impulsó el nombramiento de subgobernadora de Soledad Núñez , exdirectora de política económica en la Oficina Económica del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante el mandato de Miguel Sebastián en Moncloa. En el pasado, el Gobierno elegía al gobernador del Banco de España dejando al subgobernador para la oposición, un puesto relevante y que da influencia al partido que no gobierna frente al poder financiero, dadas sus competencias supervisoras. Para tratar de recomponer puentes con el PP, Escrivá trató de colocar a Eva Valle como subgobernadora, algo que las fuentes consultada creen que el PSOE hubiera aceptado si el PP lo hubiera propuesto, pero la ruptura de relaciones ha dejado a la exasesora económica de Rajoy con una destacada dirección general del supervisor.

Tras el Banco de España, el Gobierno renovó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), órgano que históricamente no estaba tan abierto a negociación entre partidos como Banco de España o CNMC. Carlos San Basilio, director general del Tesoro y número dos de Nadia Calviño en Economía de 2018 a 2021, sustituye a Rodrigo Buenaventura al frente del regulador de los mercados, con capacidad de sancionar a las empresas cotizadas y sus directivos. Su número dos es Paloma Marín, histórica directiva del Banco de España a la que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recuperó para la CNMV tras chocar con Escrivá en el organismo con sede en la Plaza de Cibeles. Además, Marín es considerada también próxima o del agrado de Félix Bolaños. El actual ministro de Justicia fue letrado en el Banco de España.

Cuerpo, que ya trabajó bajo el mando de Escrivá en la Airef, ya ha chocado con su exjefe después de tratar de sustituir a la consejera Judith Arnal, pero en este ir y venir de nombramientos el elefante en la habitación sigue siendo la nula influencia del PP.

El último gran baile de sillas se produjo esta misma semana en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Había cinco cartas a repartir y de nuevo el PP se quedó sin premio. Desde finales de 2023 la cúpula del organismo estaba en situación de interinidad con varios mandatos caducados, circunstancia que el PP había hecho valer su peso para exigir tres sillas de las diez que componen el consejo, en línea con su peso en el Congreso de los Diputados. También pidió tres el PSOE en 2013, cuando se creó la institución y mandaba el PP, con escaso éxito entonces, argumento que ahora han hecho valer desde el flanco socialista.

El PSOE debía contentar no solo al PNV sino también a Junts y Sumar para lograr mayoría en la comisión que tendrá que validar las propuestas hechas esta semana. En ese contexto, Junts ha elegido a Pere Soler, de marcado perfil político. Fue dirigente de los Mossos durante el referéndum ilegal del 1-0. Mientras, el PNV se ha decantado por Enrique Monasterio, un experto en energía con el que pueda reivindicarse y alinearse con sus grandes empresas, como Iberdrola, Repsol o BBVA, todas ellas sometidas a importantes decisiones por parte de este organismo.

El nombramiento más destacado es el de Ángel García, considerada una propuesta del entorno de Óscar López. El ministro para la Transición Digital lograría hacerse un hueco de influencia en el regulador al nombrar al vicepresidente, hombre experto en el sector audiovisual y de las telecomunicaciones. De esta forma, López y Hernando (secretario de Estado de Telecomunicaciones), criados políticamente bajo el influjo del exministro José Blanco, ganan ascendencia sobre el sector tecnológico y de las telecos.

Al margen de lo anterior, el PSOE ha apostado por Rafael Iturriaga, hombre de partido con responsabilidades y ascendencia dentro de los socialistas de Euskadi. La última propuesta es la de María Vidales, histórica responsable dentro de la propia CNMC y considerada muy próxima a Cani Fernández. Su nombramiento es considerado un gesto de Carlos Cuerpo con su predecesora y los deseos de la actual presidenta de la institución, cuyas relaciones con Moncloa han pasado por horas bajas tras el enfrentamiento que supuso despojarle de las competencias de energía para la creación de la CNE.

De nuevo, el PP se ha quedado sin nombramientos en la CNMC y en los mentideros políticos y empresariales no pasa desapercibido que Transición Ecológica tampoco ha tenido propuesta en esta ocasión. Aunque el argumento es que la creación de la Comisión Nacional de la Energía hace más idóneo otro tipo de perfiles, la realidad es que aún queda mucho para que el nuevo organismo eche a rodar y energía sigue siendo más del 70% de la carga de trabajo del regulador. Hay quien cree que con Teresa Ribera en la vicepresidencia, quizás la influencia de su ministerio se hubiera notado más en estos últimos nombramientos.

Ahora la batalla de poder e influencia partidista se cierne sobre los nueve consejeros que conformarán la nueva CNE. Las quinielas apuntan a que los actuales consejeros y otros que ocuparon cargos en el regulador conforme este nuevo organismo de poder frente a las eléctricas, máxime en un año que tendrá que diseñar la retribución de las redes eléctricas y gasistas para los próximos seis años. Habrá que ver si Feijóo y el PP quieren jugar esta partida o prefieren seguir sin sentarse a la mesa que conforma los órganos de poder frente al poder empresarial.


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