La inmigración, ¿amenaza o necesidad?
La inmigración extranjera en nuestro país constituye uno de los temas de más creciente interés social. A su dimensión económica y demográfica se suman otras como la política, la sociológica, la geográfica, la cultural o la histórica: no olvidemos que una generación atrás España fue un país de emigrantes.
Sin embargo, en relación al tema que nos ocupa, realidad e imagen, cifras y percepción, hechos y opiniones, efectos y causas lejos de ajustarse se confunden, se contraponen, se contradicen, haciendo más complejos los análisis, multiplicando las interpretaciones y confundiendo los diagnósticos.
El espacio que nos frece un artículo de opinión es escaso para analizar este complejo y poliédrico tema con la profundidad que se merece, pero suficiente para responder a la pregunta que en el título del artículo formulamos.
¿Cuáles son los hechos? Sin duda, el primero y más importante es que vivimos en un mundo cada vez más integrado e interrelacionado, no sólo en el plano económicofinanciero e informacional, sino también en el político, ambiental, cultural (a pesar de las recientemente desempolvadas tesis de Samuel Huntington) y, por ende, en el demográfico.
Las migraciones internacionales, así, van de la mano de la globalización, son una manifestación más de esta realidad, de este proceso ineludible y, en buena medida, irreversible. Y un fenómeno social global, cual es el de la inmigración, exige una respuesta global, sin embargo ésta, hasta la fecha, se está produciendo país a país. Primer hecho, primera contradicción.
Segundo hecho: en el contexto de las naciones de la UE, España aparece, a pesar de lo que lo que la opinión pública cree, como uno de los países con una tasa de población de origen extranjero más baja: considerando tanto los residentes extranjeros de régimen general comunitario (420.000) como los del régimen general (476.000) y sumada una horquilla de entre 300.000 y 500.000 indocumentados o sin papeles la inmigración extranjera en España no alcanza el 3% de la población total española. Pues bien, en la misma UE y específicamente en otros grandes países europeos las tasas de inmigración son dobles, e incluso triples que las españolas: Alemania (9%), Francia (6,5%), Reino Unido (5%); en Suiza, país no integrado de la UE, la inmigración extranjera alcanza la nada despreciable tasa del 15,2%.
Sin embargo, junto a la relativamente bajo tasa de inmigración hemos de señalar, asimismo, un tercer hecho. España es uno de los países en los que el incremento de la tasa de inmigración es más rápido: entre 1993 y 1998 la inmigración se ha duplicado, esto es, se ha incrementado en un 100%, un incremento semejante al italiano (91%), mientras que en el Reino Unido, en este mismo quinquenio, lo hecho un 19%, en Alemania el 22%, en Suiza el 19%, alcanzando en Finlandia la elevada cifra del 400%.
El cuarto hecho a destacar es el desigual significado demográfico y territorial de la inmigración extranjera en nuestro país. En efecto, el peso absoluto y relativo de esta población entre unas comunidades autónomas y otras, entre unas provincias y otras, entre unos municipios y otros, y dentro de los de carácter urbano, entre unos barrios y otros, es muy contrastado.
El mapa adjunto, en el que se presentan conjuntamente los valores absolutos y relativos, nos permite constatar fielmente cómo las zonas en las que se concentra mayor número de inmigrantes, además de Madrid y Barcelona, que encabezan el ranking de provincias españolas, son el litoral mediterráneo, desde Huelva hasta Gerona, las islas Baleares y el archipiélago canario (en mayor medida en la provincia de Las Palmas que en la de Santa Cruz de Tenerife).
Podríamos hacer idéntica consideración, en términos relativos, si bien sería necesario destacar fuera del área señalada otras provincias como La Rioja o, más modestamente, Segovia o Guadalajara, en parte como consecuencia del efecto inducido por el núcleo de inmigración madrileño.
El quinto hecho, en el que el acuerdo parece unánime, es el de la necesidad de la mano de obra extranjera. El mercado laboral español está siendo capaz a de asimilar un contingente de trabajadores extranjeros cifrable entre unos 150.000 y 200.000 al año y esto es así porque sus ocupaciones principales (servicios personales, servicios no cualificados, agricultura y construcción...) son intensivos en mano de obra y, a la vez, difícilmente mecanizables, difícilmente deslocalizables, aspecto éste fundamental, y difícilmente aceptables por la población española. Los puestos ocupados por los inmigrantes y abandonados por los nacionales permiten a éstos, como alguno sociólogos han demostrado, iniciar procesos de movilidad ascendente en las escalas laborales o desarrollar procesos de formación más largos y de mayor especialización. A la vez sólo merced a la inmigración extranjera puede España mantener los niveles de actividad suficientes que garanticen el actual sistema de jubilaciones.
El sexto hecho es que la inmigración extranjera produce un beneficio económico para nuestro país: en 1999 cotizaban a la Seguridad Social española 332.407 inmigrantes extranjeros, el momento actual (31 de mayo 2002) lo hacen justo el doble, 761.473, lo que supone en torno al 5 % del total de afiliados y, además, la cifra aumenta a un ritmo mucho más rápido que el de cotizantes españoles, datos éstos que prueban la afirmación de que se trata de una inmigración económica.
Queda, sin embargo, un amplísimo colchón de entre 300.000 y 500.000 inmigrantes sin papeles que alimentan la economía sumergida y sobreviven en condiciones límite en nuestras ciudades y en nuestros pueblos de agricultura intensiva a modo de ingente ejército laboral de reserva.
En este sentido debe evitarse el desajuste entre oferta de trabajo y demanda laboral; ésta (la demanda) debe regularse en relación a aquélla (la oferta). Su desajuste está llevando a un progresivo incremento de la inmigración ilegal -de facto, la única posible para nueve de cada diez inmigrantes- que sólo beneficia a unos pocos, las mafias y empresarios sin escrúpulos, y perjudica al resto de la población, muy especialmente a los inmigrantes sin papeles, víctimas de una explotación inaceptable y escandalosa a esta altura de la historia de la humanidad.
Finalmente, el séptimo hecho es que la inmigración española presenta una marcada segregación laboral. Los inmigrantes desarrollan los peores trabajos y aceptan -o se ven obligados a aceptar- las peores condiciones laborales: prolongación de jornadas, movilidad geográfica, temporalidad, precariedad, alojamientos y transporte deficiente
Es urgente analizar el tema de la inmigración extranjera, pues, en su justa y exacta dimensión. Es urgente dar respuesta política y legislativa, económica, educativa, cultural... a este fenómeno, sin duda uno de más relevantes en este inicio de siglo, tanto a escala nacional como internacional, por más que sus principales efectos tengan una dimensión local.
Aescala local, en efecto, se pueden estar produciendo preocupantes problemas de segregación social y racial, como consecuencia de concentraciones de inmigrantes por encima de los niveles deseables. Tales son los casos, entre otros, de los centros degradados de las grandes ciudades: Lavapiés, en Madrid; el Raval, la Ciutat Vella en Barcelona; el centro histórico en Zaragoza, o de los municipios de agricultura intensiva: El Egido, en Almería, municipios freseros en Huelva o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por imperativos geográficos
Es urgente salir al paso de alarmismos sociales, de conclusiones precipitadas y de generalizaciones abusivas que nada resuelven y mucho complican. Políticos, enseñantes, medios de comunicación deberían contribuir, en un esfuerzo de pedagogía social, a romper tópicos infundados, a distinguir entre realidades y mitos, entre hechos y opiniones, entre ciencia social e ideología.
Escuchaba recientemente en boca del prestigioso historiador de la economía y rector de la UIMP, José Luis García Delgado, una afirmación que comparto plenamente: 'La inmigración puede convertirse en el banco de pruebas de nuestra democracia'.
En efecto, de las múltiples dimensiones de este fenómeno, la dimensión política se está revelando como la fundamental. En este sentido nuestros políticos (Gobierno y oposición) están obligados a comprometerse conjuntamente para poner a nuestro país en el nivel que nuestro contexto político-cultural europeo y nuestra historia migratoria reciente nos exigen.