El interés por el mercado laboral
Alejandro Inurrieta asegura que aún no ha aparecido en España un discurso mesurado que trate de explicar los verdaderos problemas del mercado de trabajo. El autor propone soluciones para algunos de ellos
La convocatoria de la huelga general ha vuelto a suscitar debates muy encontrados, sin que haya aparecido un discurso mesurado que trate de explicar los verdaderos problemas del mercado de trabajo. Trataré de esbozar algunos y aportar mi punto de vista sobre las posibles soluciones.
Los problemas del mercado laboral son, por un lado, de entrada (formas contractuales, costes del factor trabajo, formación, asimetría de información, movilidad geográfica, baja tasa de actividad), problemas de salida (costes de despido) y, sobre todo, aspectos institucionales (prestaciones de paro, negociación colectiva, políticas activas).
En España es conocido el abuso de formas contractuales en las que, comparado con el ánimo del legislador, el resultado es una sistemática violación del espíritu (profesores ayudantes en la Ley de Reforma Universitaria, contratos temporales, obra y servicio, etcétera). Lo más serio se circunscribe al uso, y abuso, de los contratos temporales, que suponen casi un tercio del total de asalariados. Ahora, la extensión del contrato de inserción a cualquier actividad pública o privada, con nulos derechos al desempleo, entre otros, ha provocado entusiasmo de la parte contratante que, además de rápida, demuestra capacidad de adaptación a la nueva legislación menos gravosa para la empresa y el Estado, digna de todo elogio. Sería deseable que la empresa adaptase toda la legislación sobre salud laboral o medio ambiente con la misma celeridad.
Cabe proponer la simplificación de la contratación para evitar esta inseguridad jurídica de las partes y eliminar un coste superfluo a las empresas: el asesor laboral. No es de recibo la maraña de contratos y especialmente los cambios frecuentes. Con tres o cuatro formas sería suficiente, con lo que podríamos llegar a un mercado de trabajo mucho más simple, seguro y eficiente.
Mucho se está escribiendo sobre la movilidad geográfica, con peleas de las partes por 30 o 50 kilómetros. Una discusión estéril, puesto que el problema de asimetrías en el mercado de trabajo no se da entre Madrid y Alcalá de Henares, sino entre Girona y Córdoba o Huelva, donde la diferencia en tasa de paro puede superar el 10%. Por tanto, ni en la reforma, ni en las propuestas sindicales, ni en los planteamientos empresariales se acomete el verdadero problema.
Las reformas en este campo son varias, empezando por nueva política de vivienda, basada en alquiler asequible y no en la ilusión vital de la compra de un piso, siguiendo por la equiparación de servicios públicos entre regiones, o una política salarial que no perpetúe España como paraíso de bajos salarios.
Se debería añadir una educación en la movilidad desde la Escuela o Universidad, favoreciendo el trasvase de estudiantes (con financiación adecuada) para que cale el sentimiento de aventura intelectual, personal y profesional que es el traslado de ciudad.
El resultado sería, en equilibrio, un mercado de trabajo más eficiente y dinámico. Pero para ello habría que solucionar uno de los principales escollos en España, la información. Es inaudito que un Servicio Nacional de Empleo solamente intermedie en el 17,5% de los contratos, y además no permita conocer demandas de empleo fuera de la comunidad autónoma de origen.
No son los trabajadores, en muchos casos, los que no quieren moverse, sino que carecen de información pertinente por el organismo encargado. La solución sería: o cerramos esta institución o de verdad la ponemos a funcionar, para poder culpar de la falta de movilidad a quien corresponda pero con rigor.
Con este panorama, no resulta difícil explicar la baja tasa de actividad, muy por debajo de la media comunitaria. Sin apenas movilidad geográfica o funcional, con salarios muy bajos (el nivel, no el incremento), con escasa formación en la empresa y una de las empresariales más bajas de Europa, da pena observar el nivel de la discusión o el debate político, sindical o empresarial.
En este sentido, no son los costes de despido el principal problema, especialmente en los contratos nuevos, ni la duración de la prestación por desempleo, sino la cantidad que se percibe. Sí merece la pena considerar la posibilidad de rebajar las cotizaciones sociales a los trabajadores con menor cualificación o a los jóvenes todavía en la unidad familiar en términos sanitarios, podría aliviar las cargas del factor trabajo e incentivar la contratación. Pero, de nuevo, nadie se atreve con esto.
El aspecto más peliagudo es la negociación colectiva. Desde el ámbito de aplicación, las cuestiones a tratar, la efectividad o el grado de centralización, todo debe ser debatido a fondo para eliminar las múltiples rigideces. El sesgo predemocrático que algunos convenios mantienen, fruto de las ordenanzas franquistas, debería ser eliminado para adaptar nuestra legislación a un marco laboral del siglo XXI (en algunos convenios había tantas categorías profesionales que hasta existía la figura de quién llevaba el botijo). En este campo cabe proponer que el ámbito de relaciones laborales debe ser la empresa, dejando el sector como una referencia, no siempre vinculante. Los convenios deberían entrar a valorar y negociar todo lo que concierne a la relación empleado-empleador.
El modelo anglosajón de negociación colectiva, en el que los acuerdos y logros sólo vinculan a los afiliados al sindicato negociante, se ha demostrado más eficiente en la asignación de recursos, y sobre todo otorga a los sindicatos una fuerza real y no ficticia dentro de la empresa (véase la tasa de paro en el Reino Unido).
En resumen, se necesita mucho dialogo, mucha amplitud de miras y mucho conocimiento y asesoramiento por las partes. Nada de esto está sobre la mesa; espero que, tras esta huelga general, vuelva un espíritu más constructivo, racional y académico, para entrar de lleno en los verdaderos problemas del mercado de trabajo.