ârdago de la UE a los blindajes estatales
El Tribunal de Justicia de la UE condena el abuso de la 'acción de oro'. El Gobierno español mantiene este mecanismo de control en cinco compañías cotizadas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fijado esta semana el marco legal en el que podrá aplicarse la acción de oro. El máximo órgano de justicia comunitario ha condenado el uso que el Gobierno francés y portugués hacen de este mecanismo de control, que impide la entrada de capital extranjero en determinadas empresas, y ha dado sin embargo el visto bueno a la ley belga. En su fallo el tribunal ha señalado que la acción de oro sólo es justificable en sectores estratégicos 'por razones imperiosas de interés general' y siempre que se aplique con transparencia e igualdad para los inversores. Sus tesis tendrán que ser incorporadas a las legislaciones de los Estados condenados. El Gobierno español, que ostenta la acción de oro en empresas que han sido privatizadas por completo en los últimos años, como Telefónica, Repsol, Endesa, Iberia e Indra, también espera el fallo del Tribunal de Luxemburgo, después de ser denunciada por la Comisión Europea en 2000. Si la justicia comunitaria entiende que el caso español es similar al francés y al portugués, se abrirían las puertas para posibles fusiones u opas entre algunos de los pesos pesados del Ibex y otras compañías extranjeras. Así son las acciones de oro que están vigentes en las empresas españolas cotizadas:
Telefónica
Autorización para comprar más del 10%
El Real Decreto 8/1997, de 10 de enero, establece la exigencia de autorización administrativa previa para la adquisición de acciones de Telefónica o de Telefónica Móviles, cuando implique la disposición sobre, al menos, el 10% del capital social correspondiente. Esta normativa también exige una autorización por parte del Gobierno para que Telefónica pueda vender participaciones accionariales de su filial de telefonía móvil, así como para la disolución, escisión o enajenación de diferentes propiedades que van desde equipos de comunicación, centrales de tránsito, cables submarinos o estaciones de satélites. Dicho régimen de autorización administrativa previa tiene una vigencia de 10 años, finalizando el día 18 de febrero de 2007. Aunque el Gobierno afirma que nunca ha usado la acción de oro para impedir operaciones entre compañías privadas, lo cierto es que la existencia de este mecanismo de control fue recordada en 1999 como posible impedimento para la fusión de KPN -participada por el Estado holandés- con Telefónica. El porcentaje del capital de Telefónica que exige el visto bueno administrativo para ser comprado coincide con el blindaje estatutario de la compañía mediante el cual ningún accionista podrá ejercitar un número de votos superior al 10% del capital social.
Repsol YPF
Vencimiento en 2006
La acción de oro que el Gobierno mantiene en Repsol es de las más comentadas en el parqué. Los expertos suelen indicar que el veto del Ejecutivo ha desanimado a muchos potenciales compradores de la petrolera española, que alentados por la caída de su cotización se podrían haber decidido a oparla. Lo cierto es que los mecanismos de veto en Repsol son los más detallados. No sólo se exige autorización administrativa previa para comprar una participación que supere el 10% del capital, sino que también se estipula que a quienes incumplan este requisito les serán retirados los derechos políticos correspondientes a las acciones adquiridas en exceso al 10%, como el derecho a asistir y votar en las juntas, el de información o el de suscripción preferente. Además, en caso de producirse una posterior transmisión de la totalidad o parte del exceso no autorizado de las acciones a un tercero, éste seguiría sin poder ejercer los derechos políticos hasta que no obtenga la correspondiente autorización administrativa previa. El derecho a veto del Gobierno en Repsol tiene una duración de 10 años y expira en febrero de 2006. La Caixa ha obtenido autorización para alcanzar el 15%. Los estatutos de la petrolera también blindan a la compañía frente a opas hostiles al limitar los derechos de voto al 10% del capital social.
Endesa
Un sector estratégico
La importancia estratégica que tiene la generación y la distribución de electricidad para un país hace que los mecanismos de control sobre las empresas de este sector sean los más severos. En el caso de Endesa, el Gobierno rebaja el límite para autorizar la compra de una participación al 5% y mantiene el límite del 10% para el resto de sus filiales. Además, el Ejecutivo también se reserva el derecho de veto en el caso de que Endesa quiera vender un porcentaje representativo del capital social de sus participadas (durante la reciente venta de Viesgo a Enel, Endesa tuvo que contar con el visto bueno del Gobierno para llevar a cabo la enajenación). La autorización administrativa previa en Endesa tiene una vigencia de 10 años y finaliza en 2007. Además de los límites particulares en la compañía presidida por Manuel Pizarro, el Gobierno, con motivo de la guerra de opas por Hidrocantábrico, se concedió a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2000 la posibilidad de limitar los derechos de voto en cualquier eléctrica española de cualquier inversor extranjero que contase con capital público en su accionariado.
Iberia
Blindaje para salir a Bolsa
La salida a Bolsa de Iberia en abril de 2001 estuvo precedida por la introducción de la acción de oro. El Gobierno se desprendía de su participación en la compañía aérea pero no estaba dispuesto a dejar de ejercer un control sobre la misma ya que considera que se trata de un sector estratégico. Todo aquel que desee comprar una participación igual o superior al 10% del capital social de Iberia tiene que contar con el visto bueno de la Administración. La introducción de la acción de oro fue una de las condiciones que tuvieron que aceptar British Airways, Caja Madrid, BBVA, Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación para convertirse en socios del núcleo estable de la compañía de bandera. El veto estatal tiene una vigencia de cinco años y finaliza en 2006.
Indra
Sólo afecta a la división de defensa
En el caso de Indra se prevé que cualquier adquisición, directa o indirecta, de acciones de la compañía, cuando tengan como consecuencia el control sobre, al menos, el 10% del capital social tiene que contar con una autorización administrativa previa. No obstante, en la práctica sólo está previsto que estén sujetas a autorización aquellas tomas de control que se produzcan en las divisiones de la compañía relacionadas con 'actividades, productos o servicios relacionados con la defensa nacional'. El veto estatal acaba en 2004, aunque puede ser prorrogado dos años más.
Abierta la veda para opas hostiles
Nada más conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el mercado se ha apresurado a dictaminar si las sentencias sobre la acción de oro dejan en situación de desprotección a las compañías españolas privatizadas ante posibles ofertas hostiles. Los expertos de Urquijo Bolsa creen que aunque el fallo contra los mecanismos de control de los Gobiernos de Francia y Portugal es perfectamente aplicable al caso español, las posibilidades de una opa hostil sobre Repsol YPF, Telefónica, Endesa e Iberia son bastante reducidas. 'La que vemos con mayor probabilidad de ser opada es Indra, salvo en su división de defensa, en la que entendemos que prevalecería la acción de oro por motivos de interés estratégico', explican.
Esta sociedad de Bolsa cree que es muy difícil que prospere una oferta de compra no deseada de una compañía extranjera porque las empresas privatizadas españolas cuentan, aparte de la acción de oro, con suficientes mecanismos de protección. No obstante, la fiabilidad de estos sistemas de salvaguarda ante ofertas hostiles varía según los casos. Uno de estos mecanismos es contar con una capitalización bursátil lo suficientemente grande en su sector que haga a una compañía difícil de digerir por potenciales compradores. 'Es el caso de Telefónica y Endesa, pero no así el de Repsol YPF, Indra e Iberia, que tienen competidores mucho más fuertes en sus respectivos sectores', argumentan desde Urquijo.
Un núcleo estable que dificulte la obtención de una mayoría en las tomas de decisión es otro de los mecanismos antiopa que paliaría una eventual supresión de la acción de oro. 'Esta condición la cumplen todas las compañías españolas antes mencionadas, si bien creemos que los núcleos más débiles son los de Endesa, donde el accionista mayoritario apenas alcanza el 5%, e Iberia, ya que el mayor accionista, British Airways, podría ser el potencial comprador', según los analistas de Urquijo Bolsa.
Por último estarían las medidas de blindaje especiales, que tanto se han popularizado entre las empresas cotizadas en los últimos años. La más utilizada es la limitación del voto en las juntas generales (el límite del 10%, por ejemplo) combinado con la necesidad de alcanzar un elevado porcentaje de votos para poder eliminar dicho límite. Otra exigencia frecuente es la de tener una determinada edad como accionista para acceder al Consejo. 'Estas medidas son las más efectivas y difícilmente condenables por un tribunal, ya que forman parte de los propios estatutos de las sociedades. De las cinco empresas afectadas , sólo Indra no dispone de este tipo de blindaje', apuntan desde Urquijo Bolsa.