Legislación doméstica en Europa
El Gobierno del PP se enfrenta a uno de sus mayores retos sociales con la convocatoria de huelga general del 20-J. Por su relevancia social, el contenido del proyecto de ley de regulación de prestaciones de desempleo merecía un debate entre las instituciones sociales quienes, a su vez, debieran haber recabado la opinión de un amplio número de expertos económicos sobre el texto del proyecto.
Lamentablemente, este importante debate, que hubiera contribuido a centrar la reforma propuesta en su contexto adecuado, no se ha producido. Sin él, las opiniones terminan siendo en buena parte viscerales y globalistas, sin responder a una lectura y posterior reflexión del texto.
Dejando al margen la importante discusión sobre su contenido, hay dos reflexiones importantes: en primer lugar, hay que apuntar lo desafortunada que resulta la ruptura del entendimiento del Gobierno con los sindicatos. Las buenas relaciones entre ambas instituciones ha facilitado un prolongado periodo de moderación salarial, que ha contribuido significativamente a los buenos resultados logrados en materia de inflación los últimos años.
La segunda reflexión debe hacerse desde el contexto europeo al que pertenecemos. España, al igual que todos sus socios europeos, tiene mucho terreno que ganar en la dirección de eliminar rigideces, tanto en los mercados de bienes como en el mercado de trabajo. Los Estados de la UE aprobaron resoluciones importantes en las cumbres de Lisboa y Barcelona a este respecto, pero no toman las medidas precisas para convertirlas en una realidad.
La parálisis se explica por la verdadera limitación del actual sistema político europeo: la falta de definición del modelo político deseado para Europa, que resulta imposible diseñar desde la debilidad de las actuales instituciones. Reina la ambigüedad en las relaciones entre Comisión y Parlamento europeos y en lo relativo a sus competencias; los miembros de la Comisión son elegidos directamente por los Estados miembros, no por elección popular. Como hemos visto recientemente en el caso español, es generalmente bastante evidente que los miembros de la Comisión persiguen intereses nacionales en detrimento de los intereses supranacionales.
Esto es consecuencia lógica de haber establecido el sistema de elección descrito, en un contexto en que los Estados miembros no cesan de mostrar cada vez que tienen oportunidad, la ausencia de una verdadera voluntad europeísta en el ámbito de lo político. Incluso algunos de los Estados que se consideran para una primera ampliación afirman públicamente su deseo de formar parte de la Unión Europea, a la vez que conservan intacta su identidad nacional.
Los escasos avances en la construcción de una unión política europea reflejan la creencia de que es posible lograr una fructífera unión económica sin necesidad de progresar en la unidad política. Nada más lejos de la realidad. Estamos todavía disfrutando de los beneficios del proceso de convergencia hacia la UME. Pero ello no es, en absoluto, el final del camino. Europa no está aún en condiciones de sustituir a EE UU como motor de la economía mundial. Dispone del capital humano y físico y las infraestructuras necesarias, pero le falta la definición como Estado político. Necesitamos saber qué sistema impositivo queremos en Europa, qué mercado de trabajo, qué sistema redistributivo de la renta, etcétera.
Sin dicho modelo, los Estados miembros continuarán defendiendo legislación doméstica aisladamente, sin referencia a un modelo europeo común. Además, una vez que se vayan agotando los positivos efectos iniciales de la constitución de la UE, los conflictos entre Estados van a ser crecientes.
La ampliación al Este no es ninguna solución; es más, hace aún más difícil la definición de un modelo político europeo, que hubiera debido ofrecerse a los nuevos miembros. En el mundo actual no podemos seguir pensando que la cotización de la divisa europea va a obedecer únicamente a factores económicos. Por el contrario, la confianza en el sistema político que la respalda es un elemento clave, pero falta dicho sistema.
Las reformas que estos días se proponen van mayoritariamente en la línea de potenciar la Comisión, respetando la elección directa de sus miembros por los Gobiernos respectivos. Esto no favorece el desarrollo pleno del potencial de crecimiento económico de la región y obliga a una defensa individualizada de cada norma legislativa en cada Estado miembro, sin referencia a un marco común. Si a ello unimos la poca disposición al diálogo y a la negociación del Gobierno de turno, el conflicto está servido.