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Tribuna
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La seguridad jurídica en Argentina

Ante la pregunta ¿qué está pasando en Argentina con relación a la seguridad jurídica de las fuertes inversiones extranjeras en el área de los servicios públicos realizadas durante la década de los noventa?, lo primero que se advierte es que el derecho no acaba todavía de dar la necesaria y adecuada respuesta a los problemas jurídicos que se plantean con motivo de la grave crisis política y económica por la que atraviesa el país.

La liberalización del tipo de cambio con la consecuente devaluación del peso con relación al dólar decidida por el actual Gobierno del presidente Eduardo Duhalde ha impactado fuertemente en la ecuación económico-financiera de los contratos administrativos vinculados con los servicios públicos y ha generado gravísimos problemas en el sistema financiero.

En cuanto a los contratos administrativos, cabe recordar que tenían cláusulas especiales mediante las cuales las empresas se reservaron el derecho a trasladar a la tarifa la incidencia económica generada por la devaluación.

Pero la Ley de Emergencia Pública y Régimen Cambiario nº 25.561 dejó sin efecto, entre otras cosas, las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indizatorias basadas en índices de otros países (artículo 8º). Ello se hizo para evitar los efectos negativos que tales aumentos provocarían en la marcha de la economía.

El resultado de esta decisión es que, hasta el momento, no se aprecia una convergencia razonable entre el derecho y la economía. En efecto, mirada la cuestión desde una óptica estrictamente jurídica, el camino de análisis no conduce sino al respeto de lo pactado en los contratos, que se traduce en autorizar los aumentos.

Mientras que la misma cuestión mirada desde la perspectiva económica parece conducir a una solución distinta en tanto el Gobierno debe cuidar las variables de la macroeconomía.

En la actualidad, y en el marco del decreto 293/2002, el Gobierno argentino ha puesto en marcha el proceso de renegociación de los contratos de prestación de obras y servicios públicos. Pero el ritmo de trabajo es lento y se ha visto perjudicado por el cambio de ministro de Economía.

En lo que se refiere a la crisis que afecta a los bancos, la génesis del problema se remonta a fines de noviembre de 2001, cuando se produjo en Argentina una grave crisis de confianza en el sistema financiero y los ahorristas comenzaron a retirar sus depósitos. El entonces ministro Domingo Cavallo se enfrentaba a la segunda etapa del megacanje de los títulos de la deuda pública e instauró el denominado y resistido corralito, en su primera versión. Después del Gobierno de Fernando de la Rúa la situación siguió agravándose y en la actualidad hay más de 200.000 juicios de amparo contra esta medida de Gobierno, cuyos alcances fueron agravándose en detrimento de los ahorristas. La Corte Suprema de Justicia ha alentado el inicio de pleitos con el dictado de un fallo que rinde tributo al derecho de propiedad, pero que fue considerado por el Gobierno casi como una afrenta.

Frente al drenaje de dólares producido por las medidas judiciales promovidas por los ahorristas, el Gobierno se vio en la necesidad de modificar, y así lo hizo, las normas procesales que impidieran ese flujo que colocó a muchas entidades financieras en graves riesgos. Por su parte, los bancos argentinos (tanto de capital nacional como extranjero) están en problemas por la situación generada a partir de la denominada pesificación, que afectó las normales relaciones entre deudores y acreedores bancarios, pero de forma asimétrica. Ello generó un perjuicio a los bancos cuyo resarcimiento se encuentra en plena discusión.

Frente a este panorama y a los graves problemas derivados de las múltiples facetas de una grave crisis que espera al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es difícil saber cuándo podremos volver a ver Argentina en fase de recuperación seria y sistemática.

Es necesario comenzar por reconocer que, cuando un Gobierno comienza a vulnerar los derechos de los ciudadanos y de los protagonistas de la economía de manera reiterada, aunque sea por razones de emergencia, coloca todo el sistema democrático en peligro.

Si el derecho no da acabada respuesta a los problemas que surgen en ciertos procesos de crisis de la economía, la protección de los inversores nacionales y extranjeros debe ir más allá de lo estrictamente jurídico. Los inversores sólo estarán tranquilos cuando se erradique la corrupción y la impunidad de la política argentina y cuando se vuelva a garantizar un sistema económico y político estable y confiable.

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