Hacia un modelo energético sostenible para España

La difusión en 2001 del Libro Verde de la Comisión Europea hacia una estrategia europea de seguridad de abastecimiento ha abierto un debate, como se pretendía, que por ahora sólo se está produciendo a nivel de especialistas. Algo insuficiente, ya que se trata de un tema clave para el bienestar futuro de los europeos -y también del resto de los habitantes del planeta-, por lo que sería muy conveniente potenciar el debate para que la opinión pública interviniera.

Aunque el título del Libro Verde sugiere que el objetivo es meramente la garantía del abastecimiento, el documento se encuadra en una estrategia más amplia de desarrollo sostenible. Este artículo examina la situación del modelo energético español desde esta misma perspectiva, revisando los que consideramos principales aspectos.

Dependencia energética. Llama especialmente la atención la elevadísima dependencia de España, agravada por la baja eficiencia energética del sistema productivo español, después del deterioro sufrido en la última década, así como la baja intensidad en la lucha contra el cambio climático.

Constituye, por tanto, una tarea urgente la aplicación de políticas correctoras que incidan tanto sobre la demanda como sobre la oferta. Mientras que el grado de dependencia actual de la UE es del 50%, España supera el 70% y por extrapolación las previsiones sobre su crecimiento no parecen mejorar.

Para reducir esta dependencia -por sí misma y por sus implicaciones sobre la vulnerabilidad del suministro energético español-, la diversificación de fuentes y de orígenes de las materias primas energéticas, junto con la potenciación de las energías autóctonas (especialmente renovables) y la progresiva interconexión con las redes energéticas de los países de la Unión -desde el punto de vista de la oferta-, y las políticas de ahorro y eficiencia energética y de gestión de la demanda -desde el punto de vista del consumo- son los vectores de política energética que tienen que estar perfectamente claros, al igual que las estrategias para alcanzar sus objetivos.

Medio ambiente. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, el compromiso adquirido con la firma del Protocolo de Kioto de 1997, y tras el reparto de cargas en el seno de la UE, requiere que España no supere el 15% de aumento entre 1990 y 2010 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las emisiones de CO2 han aumentado ya más del 33% entre el año base (1990) y 2000.

En este sentido, la potenciación de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y -en la cuantía que sea finalmente necesaria como alternativa a otras energías más contaminantes- la mayor penetración del gas natural como combustible son, de nuevo, las líneas maestras que debería seguir nuestra política energética, todavía en estado de indefinición.

No debe confundirse la propuesta de plan de expansión de las redes eléctricas y de gas, que ha sido presentado por el Gobierno en el Congreso en marzo, con un verdadero plan energético, que debe ser indicativo en las actividades liberalizadas -como las inversiones en generación ordinaria-, pero que ha de establecer objetivos y recursos para conseguirlos en aquellas otras actividades parcialmente sujetas a regulación, como son las energías renovables o la cogeneración.

Liberalización del sector. Sin embargo, la formulación teórica de la política del Gobierno se ha centrado prioritariamente en las denominadas políticas de liberalización de los sectores energéticos como fórmula para mejorar la competitividad de la economía, con el consiguiente abaratamiento esperado de precios.

Con independencia de un análisis del verdadero alcance de estas medidas liberalizadoras, que de momento están lejos de haber conseguido un entorno verdaderamente competitivo en el sector energético y donde las reducciones de precios pueden atribuirse en buena parte al incremento de la demanda y a la caída de los tipos de interés, puede afirmarse que esta prioridad ideológica del Gobierno por la liberalización de los mercados energéticos ha consumido la mayor parte de sus esfuerzos, resintiéndose significativamente los otros dos aspectos fundamentales del modelo: la seguridad y calidad de su provisión, así como los efectos medioambientales asociados a su consumo.

En ausencia de otras medidas complementarias -como la fiscalidad medioambiental-, la reducción de precios de los productos energéticos conduce a un incremento del consumo, con un mayor impacto ambiental.

No se trata aquí de negar los efectos beneficiosos que una auténtica competencia debe tener sobre la eficiencia del sector energético, sino de llamar la atención sobre la falta de una estrategia definida que contemple medidas adicionales para mantenerse dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible.

Nuevas estrategias. Sin abandonar la línea de regulación para la competencia, que debe constituir una política permanente y adaptada a la evolución que vayan experimentando estos mercados, a todas luces imperfectos, y por las razones anteriormente expuestas, entendemos que el Gobierno debe hacer una profunda revisión de sus estrategias en el marco energético.

Las nuevas estrategias deberían ir orientadas al aseguramiento de la cobertura de la demanda energética, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos (hoy ya existe especial preocupación por la cobertura eléctrica y probablemente a corto plazo por la cobertura de gas natural), así como al diseño de políticas efectivas en la lucha contra el deterioro medioambiental y, en particular, el cambio climático, asociados al consumo energético.

La aplicación de la estrategia de aseguramiento del abastecimiento, en el ámbito eléctrico, se concreta en políticas de refuerzo de los mecanismos de garantía de potencia, en coherencia con una planificación indicativa sobre la oferta de generación. Asimismo, parece que un tratamiento regulatorio más adecuado de las redes de distribución acabaría con la incertidumbre que gravita sobre las eléctricas respecto a la recuperación de las inversiones en estas redes y que está suponiendo ya un problema real sobre la calidad del suministro en determinadas zonas.

Es imprescindible un compromiso claro y rotundo sobre el fomento de las energías renovables creando un marco de seguridad para sus inversiones.

En este sentido, se debería realizar un adecuado seguimiento del grado de cumplimiento de lo previsto para cada tecnología renovable en el plan de diciembre de 1999, actualizando los objetivos a cubrir, fijando indicadores para su seguimiento anual por el Congreso de los Diputados, así como asegurando los mecanismos de financiación, pues el plan actual se está perfilando como una pantalla mediática que impide ver con claridad el escaso avance que en términos reales están teniendo en nuestro país las energías renovables, excepción hecha de la eólica.

Hay que plasmar en términos prácticos el convencimiento de que la única solución sostenible y fiable al cambio climático es la intensificación de las energías renovables y la eficiencia y ahorro energético. Por ello hay que tender a una política de precios en la que se internalicen todos los costes -incluidos los medioambientales- y a una política de fiscalidad energética que discrimine positivamente las energías renovables para el cumplimiento de los objetivos del nuevo plan.

Instrumentos de mercado, tales como los sistemas de comercio de certificados verdes o de emisiones, pueden también contribuir positivamente, siempre que se planteen con un adecuado nivel de exigencia en los objetivos medioambientales a conseguir.

En cuanto a la eficiencia y ahorro energético, es necesario desarrollar una estrategia de concienciación y educación de los ciudadanos sobre la necesidad del desarrollo sostenible, lo que implicará nuevas pautas del consumo y hasta nuevas concepciones de la geometría urbanística, agrupando áreas de vivienda, de trabajo y de servicios para minimizar el uso del transporte y, en los casos en que su uso sea necesario, potenciar la utilización de los transportes colectivos.

Hay que tener en cuenta que el sector del transporte en España tiene un peso sobre el consumo final de energía del 43% y, además, que en 2010 supondrá el 40% de las emisiones de CO2 de origen energético. En este sentido debe potenciarse la introducción de biocombustibles, como forma eficaz para reducir emisiones. Asimismo, es necesario diseñar estrategias encaminadas a la sustitución del transporte de mercancías por carretera (un 80%) por el transporte en ferrocarril.

En el ámbito eléctrico, el Gobierno debería recuperar los programas de gestión de la demanda, como la propia Ley del Sector Eléctrico recoge, aplicando a estos programas un 0,5% de los ingresos anuales por facturación del sector y, asimismo, como también establece la ley, se debe recuperar la iniciativa PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética), mediante la aplicación del 1% de la facturación del sector eléctrico para la financiación de las medidas de fomento que se consideren en el citado plan. La gestión de este nuevo PAEE podría desarrollarse desde las comunidades autónomas bajo la coordinación general del IDAE.

El modelo energético español adolece de multitud de fisuras, y algunas de gran importancia, desde la doble perspectiva de la seguridad de abastecimiento y de la sostenibilidad medioambiental.

Sin embargo, partiendo de la situación actual, es posible reconducirlo hacia posiciones más próximas a la concepción de sostenibilidad, mediante un conjunto de actuaciones fundamentalmente orientadas al fomento de las energías renovables y la eficiencia y ahorro energético. Es imprescindible que, en un tema de este calado, se abra un debate que, liderado desde el Parlamento español, ayude a la toma de decisiones estratégicas al conjunto de la sociedad acerca de los tres elementos básicos que conforman el modelo energético: nivel de seguridad y calidad en el abastecimiento deseado, efectos colaterales medioambientales asumibles y costes asociados al modelo elegido.