Ante la reforma del impuesto sobre la renta

La publicación del informe sobre la reforma del IRPF preparado por la comisión de expertos presidida por el profesor Lagares plantea de nuevo muchas y muy interesantes cuestiones sobre el sistema fiscal español y la imposición sobre la renta dentro de él.

El conjunto de propuestas es muy amplio y sería imposible siquiera enunciarlas en estás líneas y menos aún analizar sus elementos técnicos y sus posibles alternativas, pero, a título de ejemplo, sí cabe destacar algunas medidas importantes, además de las puramente cuantitativas como la reducción de los distintos tipos de la tarifa o el aumento de las deducciones.

El informe se enfrenta a la adopción de medidas sobre la fiscalidad de las familias, tratando de mejorar la percepción social sobre el reconocimiento en el impuesto de las necesidades reales de los ciudadanos en este terreno y para ello propone el aumento del mínimo personal y familiar (el importe destinado a atender las necesidades básicas, que queda excluido de tributación), con un montante significativo adicional a partir del tercer hijo y para los discapacitados.

También se plantea la creación de una deducción especial a favor de las mujeres con hijos menores de tres años, destinada a compensar las cargas de la maternidad, que, a su vez, se incrementaría cuando se trate de mujeres que realizan un trabajo fuera del hogar.

En el campo del gravamen de los rendimientos del trabajo se proponen diversas medidas que van destinadas tanto a la disminución de su carga tributaria con carácter general, mediante la aplicación de una reducción fija por rendimientos del trabajo, incrementada en el caso de trabajadores discapacitados, como a favorecer la movilidad laboral, mediante la deducción de gastos por traslado de domicilio, o la incentivación de la salida de la situación de desempleo con deducciones especiales.

Se reconoce la importancia de los incentivos basados en la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, recomendando el incremento del importe exento cuando estos programas afectan a toda la plantilla.

Para las rentas irregulares del trabajo en general, incluidas las opciones sobre acciones y otros mecanismos similares, se plantea la aplicación del régimen general de rendimientos irregulares, es decir, la reducción del 40% si el plazo de generación es superior a dos años y del 70% si excede de cinco, eliminando la discriminación existente hasta ahora.

En el terreno de la armonización de la fiscalidad de los rendimientos del capital se postula la unificación de la tributación de todos los rendimientos del capital reconociendo una reducción del 40% de los rendimientos para los generados en más de dos años y una reducción del 70% para los generados en más de cinco años.

Aunque no se consigue la plena equiparación con la tributación de las ganancias patrimoniales a menos de cinco años y, especialmente, para las generadas entre uno y dos años, supone un paso importante en esa dirección habida cuenta de que en la situación actual de bajos tipos de interés, próximos a las tasas de inflación, la rentabilidad financiero-fiscal real de la mayor parte de los productos de ahorro puede llegar a ser negativa.

Otra propuesta importante en el mismo terreno es la eliminación de la tributación en los cambios entre productos de ahorro, que favorecerá la competitividad y la fluidez del mercado, evitando la penalización del cambio de productos.

Para paliar la doble imposición de dividendos se recomienda la aplicación de una deducción en la cuota del 30% de los mismos, incentivando con ello las inversiones en actividades empresariales frente a las puramente financieras en las que no se da la doble imposición.

Se considera también la equiparación de la tributación de seguros y planes de pensiones cuando los primeros cumplan idénticos requisitos en cuanto a disponibilidad, liquidez y demás características obligatorias exigidas a los planes de pensiones, medida que ampliará la oferta de productos de ahorro jubilación y facilitará el acceso a productos asegurados sin penalizaciones fiscales.

Tiene especial importancia la sugerencia de crear una reducción del 20% sobre las prestaciones de los planes de pensiones y seguros asimilados percibidas en forma de renta, que ahora es inexistente, y que igualmente favorecerá el acceso a un tipo de productos que satisfacen en mejor medida que las prestaciones en forma de capital las necesidades en el terreno de las pensiones.

No cabe duda de que el estudio presentado por la comisión pone sobre la mesa la mayor parte de las cuestiones que centran hoy el interés general, procurando aportar soluciones equilibradas entre la adecuación del impuesto a un mejor tratamiento de las rentas del trabajo, la potenciación del ahorro a largo plazo y la solución de problemas o deficiencias puntuales de la actual regulación, tratando, simultáneamente, que la fiscalidad de todos los contribuyentes se vea mejorada; no obstante, en el proceso legislativo es previsible que se susciten otras medidas de singular importancia, como el límite conjunto de los impuestos sobre la renta y el del patrimonio, el efecto de este último sobre el ahorro a largo plazo o el tratamiento fiscal en España de los expatriados en términos que se incentive la atracción de empleados de alta cualificación y la realización de actividades vinculadas a ella.