Otros acuerdos de la Cumbre de Barcelona

En la reciente Cumbre de Barcelona, dentro del sector transportes, se ha acordado que el cielo único sea una realidad en 2004, para lo cual deberán integrarse en uno solo los sistemas de control de navegación aérea que existen en Europa. El segundo paquete de liberalización ferroviaria, que estaba previsto para 2004 en lo referente a mercancías, ha quedado congelado en cuanto a fecha, limitándose el acuerdo a que se prosigan los trabajos sobre el mismo; sigue sin fijarse calendario para la liberalización del transporte de viajeros.

En el sector de las telecomunicaciones, el avance tecnológico ha hecho posible la liberalización del sector, acordándose por el Consejo Europeo prioridad a la disponibilidad y utilización generalizada de redes de banda ancha en toda la Unión antes de 2005.

Un acuerdo del Consejo me ha llamado la atención: es el referente a la solicitud a la Comisión para que 'prosiga su examen con vistas a consolidar y especificar los principios de los servicios económicos de interés general, subyacentes en el artículo 16 del Tratado, en una propuesta de directiva marco, respetando al mismo tiempo las especialidades de los distintos sectores involucrados y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado'.

Para la literatura económica, caen dentro del marco conceptual de los servicios económicos de interés general: el correo, el transporte (ferroviario, marítimo, aéreo, urbano e interurbano), la energía (electricidad y gas), las telecomunicaciones y el agua (abastecimiento).

Me temo que este acuerdo haya sido tomado a iniciativa de Francia, gran defensora de las empresas públicas, que en dicho país tienen, por lo general, a su cargo la prestación de los servicios de interés general. Es una vuelta más al tornillo de las obligaciones de servicio público que a propuesta de Francia se ha introducido con motivo de la liberalización del sector energético (ver artículo La Razón, 23 marzo), que ahora en este acuerdo se pretende extender a todos los servicios públicos de interés general.

A mi entender, lo que se intenta con estos dos acuerdos es que a través de sus desarrollos puedan quedar fuera de la competencia las empresas encargadas del suministro de los mismos, basándose en que la aplicación de las normas de la competencia puede impedir, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. Se tergiversaría así lo establecido en el artículo 86 del Tratado. En un diario ha salido recogida la opinión de satisfacción expuesta por la delegación francesa: habíamos venido a Barcelona a liberalizar y se ha acabado entonando un himno al servicio público.

Para el Consejo Europeo de Barcelona los beneficios del euro sólo se lograrán plenamente mediante un mercado de capitales europeo integrado y eficiente; unos mercados financieros competitivos abrirían más opciones y reducirán los precios para consumidores e inversores. Para conseguir tal objetivo se han tomado los siguientes acuerdos:

Instar a aplicar inmediatamente el acuerdo sobre las propuestas Lamfalussy.

Completar la plena integración de los mercados de valores y capital de riesgo en 2003 y de los mercados de servicios financieros en 2005.

Solicitar del Consejo y del Parlamento Europeo que adopten en 2002 las propuesta de directivas sobre garantías, caso de posición dominante, intermediación de seguros, comercialización a distancia de servicios financieros, conglomerados financieros, folletos, fondos de pensiones profesionales y el reglamento relativo a las normas internacionales de contabilidad.

De los acuerdos adoptados parece desprenderse que la integración de los mercados financieros se conseguirá efectivamente en 2005.

En la Cumbre de Lisboa se aprobó el objetivo de pleno empleo en la UE para 2010 y la de Barcelona se ha reafirmado en tal objetivo. Es ésta una de las cuestiones cruciales que más interesa al ciudadano, saber no que va a tener prestación por desempleo que cubra sus necesidades mínimas, sino, más bien, que encontrará un puesto de trabajo donde hacer realidad para lo que se ha formado.

La primera toma como eje las políticas pasivas de empleo, el protagonismo lo tiene el Estado que, a través del gasto público, asegura una renta de sustitución al que pierde su empleo; en la alternativa segunda son políticas activas de empleo, en las que los agentes sociales deben ser los protagonistas para obtener el puesto de trabajo, el Estado se limita a reformar el marco jurídico para que ello sea posible, sin olvidar el mantener una renta de sustitución que no desincentive la búsqueda de trabajo.

El pleno empleo en 2010 significa tener que crear 20 millones de puestos de trabajo hasta esa fecha, para lo cual se han adoptado en Barcelona los acuerdos que a continuación vamos a comentar:

Acciones encaminadas a la reforma del mercado de trabajo

Fomentar la búsqueda de puestos de trabajo, adaptando el régimen fiscal y la prestación por desempleo para que el trabajo resulte rentable. Creemos que una fórmula podría ser que la tasa de sustitución del salario se module en función de la situación del mercado de trabajo en cada rama de actividad y área geográfica.

Las instituciones laborales y los sistemas de convenios colectivos nacionales, dentro del respeto de la autonomía de los interlocutores sociales, deberán tener en cuenta la relación existente entre las remuneraciones y las condiciones del mercado laboral, permitiendo así una evaluación salarial según criterios de productividad y conocimientos.

Alcanzar un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad, para lo cual deberán revisarse por los Estados los costes vinculados a las normativas sobre contratación laboral (coste del despido).

Promover la movilidad en la UE, a cuyo efecto deberán suprimirse los obstáculos existentes dentro de los mercados laborales europeos para 2005.

Acciones encaminadas a incrementar la participación en el mercado de trabajo

Suprimir los elementos que desincentivan la participación de la mujer, a cuyo efecto deberán existir en 2010 guarderías para el 90% de los niños comprendidos entre tres años y la edad de escolarización obligatoria y al menos para el 33% de los niños de menos de tres años.

Reducir los incentivos a la jubilación anticipada, así como la creación de mecanismos de jubilación anticipada en las empresas.

Establecer fórmulas de jubilación flexible y gradual.

Elevar progresivamente en cinco años la edad media en que se produzca el cese efectivo de la actividad de las personas de la UE.

Facilitar la movilidad geográfica en toda la UE, mediante un sistema integrado de ofertas y demandas de trabajo, la supresión de obstáculos al reconocimiento profesional y la posibilidad de transferencia de los derechos a la Seguridad Social, incluidas las pensiones.

Garantizar la formación continua de los trabajadores.

El tema de la cohesión social no podía faltar, haciendo hincapié en que la Agenda Social Europea aprobada en Niza constituye un medio importante para reforzar el modelo social europeo. Es de destacar el llamamiento que hace a los Estados miembros ante el reto del envejecimiento de la población, para que aceleren la reforma de los regímenes de pensiones, tanto para asegurar su sostenibilidad financiera como para que puedan seguir cumpliendo sus objetivos sociales.

Muchos y muy variados temas se han abordado en la Cumbre de Barcelona, pero tratados aisladamente, al faltar, sin estar engarzados con la visión del interés general, el respaldo de una Europa política, que es lo que falta para que los ciudadanos se sientan partícipes del proyecto 'Hacia dónde va Europa'.