El necesario debate sobre las ayudas agrícolas
Carlos Tió Saralegui asegura que una parte sustancial del apoyo a la agricultura europea se concede a través de un régimen con objetivos muy confusos. En su opinión, esto apenas se discute por la ignorancia sobre los resultados
Las ayudas agrícolas que se conceden en el contexto de la política agraria común (PAC), y su eventual modulación (reducción de hasta un 20% a los mayores perceptores), han cobrado súbitamente actualidad. Han coincidido algunos conflictos (algodón), manifestaciones de agricultores, así como dos artículos recientemente publicados por el diario El País, uno del ministro (Arias), otro en respuesta del portavoz socialista en el Congreso (Cuadrado).
Con todo ello se abre oportunamente un debate necesario ante las próximas reformas que se abordarán en la PAC. Desde la adopción en 1992 de un sistema de ayudas directas a la hectárea en 'grandes cultivos herbáceos', y a la 'cabeza de ganado' en vacuno y ovino, una parte sustancial del apoyo a la agricultura europea se está concediendo a través de un régimen muy confuso en sus objetivos y cuya legitimación social apenas ha sido discutida debido, seguramente, a su falta de transparencia y la consiguiente ignorancia de buena parte de la sociedad respecto a sus resultados concretos.
El actual debate sobre la modulación es efectivamente la punta de un iceberg contra el que, lamentablemente, puede saltar en pedazos el apoyo social que hasta el presente ha disfrutado la agricultura y el mundo rural europeo. Es inaudito que el 45% del Presupuesto total de la UE se destine aún a la PAC, sin que los programas más costosos tengan unos objetivos concretos, que puedan ser sometidos a una evaluación periódica en sus resultados. ¿Es el sostenimiento de rentas el objetivo principal de los actuales sistemas de ayudas directas? Si fuera así, es lógica la indignación del señor Cuadrado, y de tantos otros, ante el significativo dato de que sólo 31.000 agricultores (el 3,5% de todos los perceptores de estas ayudas) reciben anualmente el 40% del volumen global de subvenciones, según menciona en su artículo.
Ello no debería sorprendernos si tuviéramos un conocimiento somero de la estructura de la propiedad agraria en España. Pero tampoco se trata exclusivamente de un fenómeno español, aunque en nuestro país se manifieste con peculiaridades llamativas, especialmente en la mitad sur del país.
El problema es comunitario y hasta ahora la UE, especialmente el Consejo de Ministros de Agricultura, sólo ha sido capaz de recubrirlo de una densa cortina de humo con el deseo implícito de cegar a nuestros socios en la Organización Mundial de Comercio (OMC), para legitimar el apoyo a la agricultura en el contexto internacional.
El resultado de todo ello era de esperar: la deslegitimación interna de la PAC. Se ha perdido una década introduciendo pequeñas adaptaciones en un sistema de ayudas directas que ya mostraba sus rasgos más insensatos en 1992. Pero es más, cuando se ha introducido algún mecanismo de corrección parcial de sus efectos más perversos, caso de la modulación de las ayudas directas, se les exige a los países que voluntariamente quieran aplicarlo, que cofinancien las medidas de desarrollo rural que ejecuten con los fondos ahorrados mediante la modulación. Con ello se proporciona, sin duda, el mejor argumento para no hacer nada a cuantos ya lo tenían decidido previamente.
Se está prestando un flaco servicio al futuro de la agricultura española. Aunque fuera en pequeña escala, la modulación y la ecocondicionalidad de las ayudas deberían haberse experimentado. Es previsible que los empresarios afectados por la modulación adopten una estrategia de fragmentación en la titularidad de sus propiedades y, por tanto finalmente, será preciso adoptar mecanismos mucho más directos de corrección, para evitar el escándalo social de un sistema que redistribuye rentas hacia los más ricos.
Pero también la UE tendrá que abordar, en definitiva, el problema de la cofinanciación del desarrollo rural y del denominado segundo pilar de la PAC. æpermil;ste es el objetivo que realmente puede legitimar en el futuro el gasto agrícola, a los ojos del ciudadano europeo, de modo que pueda avanzarse en el proceso de apertura comercial internacional, sin que se afecte de un modo irreversible al medio rural.
Fueron la realización de la Unión Aduanera y del Mercado æscaron;nico Europeo los objetivos que justificaron en su día la plena financiación del gasto comunitario en la regulación de los mercados agrarios. De modo similar, en la actualidad, la aplicación del segundo pilar de la PAC (desarrollo rural) está limitada por las exigencias de cofinanciación nacional y, al mismo tiempo, condiciona la toma de decisiones de la UE a la hora de asumir compromisos en las negociaciones ante la OMC, con fuerte deterioro de toda la estrategia económica y política de la UE en el mundo: frente a Mercosur, frente al mundo árabe, frente a los países en vías de desarrollo... el proteccionismo agrario de la UE está frenando su capacidad de influencia internacional.
æpermil;ste sería el objetivo que justificaría sobradamente que se adoptara la plena financiación comunitaria del segundo pilar de la PAC y, simultáneamente, se pusiera orden en el despilfarro que hoy día supone el sistema de ayudas directas del primer pilar.