Como decíamos ayer...

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay asegura que el Gobierno guarda bajo siete llaves la información detallada sobre las liquidaciones del IRPF. Esto dificulta el análisis sobre los resultados de la reforma fiscal de 1999

Estamos a punto de conocer las propuestas del Gobierno en torno a la nueva reforma del IRPF sin que los ciudadanos hayamos merecido un análisis oficial de la reforma aprobada en 1999. Como se sabe, la oscurantista política del Gobierno se ha limitado a guardar bajo siete llaves los datos de las liquidaciones del impuesto de los años pasados, sustituyendo la información por unas pocas cifras sin desagregar de imposible contrastación.

Nada hace pensar que el señor Montoro vaya a proporcionar esos datos antes de formular sus nuevas propuestas. Supongo que, entre otras razones nada legítimas, para no facilitar el trabajo al Partido Socialista en su comprometida propuesta fiscal alternativa.

Que esto sea de una cutrez indigna de un país democrático en nada empece que el Gobierno se haya dedicado estos años a la más grosera de las propagandas, sin posibilidad de réplica empírica. Ya se sabe que, como reza el sonsonete oficial, 'éste es el Gobierno que baja los impuestos'. Aunque sólo haya reducido uno de ellos, a costa de subir casi todos los demás y, en todo caso, de elevar la presión fiscal en más de dos puntos desde que gobierna.

A falta de análisis oficiales, hemos de contentarnos con estudios académicos que tratan de aproximarnos con honestidad y mayor o menor acierto a los verdaderos resultados de la reforma de 1999.

Uno de los últimos aparecidos es el publicado en Hacienda Pública Española (Castañer, J. M.; Onrubia, J., y Paredes, R., Efectos distributivos y sobre el bienestar social de la reforma del IRPF, nº 159-4/2001), que toma como base de la información el Panel de Declarantes por IRPF del Instituto de Estudios Fiscales correspondiente a 1994. Ya es llamativo que la base de la información disponible, actualizada luego mediante proyecciones, corresponda a fecha tan lejana en el tiempo. æpermil;stas son las limitaciones derivadas de la política informativa del Gobierno con las que, también los académicos, han de trabajar.

Del análisis llevado a cabo se desprenden varias conclusiones generales del mayor interés y algunos datos parciales especialmente sensibles.

Como era de prever, dados los elementos definitorios del IRPF, tanto el vigente hasta la última reforma como el surgido de ella producen un efecto redistributivo positivo. Lo que significa que la desigualdad en la distribución de la renta declarada es mayor antes que después del pago del impuesto. Sin embargo, la simulación de ambos modelos tributarios conduce a la conclusión de que la reducción de la desigualdad es menor con el nuevo impuesto de lo que lo hubiera sido con el anteriormente vigente. Fundamentalmente, por el hecho de que la reforma ha ido acompañada de una pérdida significativa de capacidad recaudatoria.

Las conclusiones parciales del análisis son, a mi juicio, más expresivas que las consideraciones generales, a la vista de las limitaciones estáticas de los modelos empleados y de los problemas de comparabilidad de bienestar que los autores reconocen.

El tipo medio efectivo del impuesto ha caído del 15,01% al 12,8%, lo que entraña una reducción de la presión fiscal por IRPF del 14,72%, que, como ya he dicho, se ha compensado sobradamente con la elevación de otros tributos.

La elevación media de la renta disponible ha sido del 2,6% (de 1.959.203 pesetas a 2.010.137 pesetas). Claro que la distribución de estos efectos medios ha sido muy distinta por tramos de renta.

Como se había anunciado por quienes se oponían a esta reforma, el 10% más rico de los declarantes -a no confundir con los más ricos de la población, que, al decir del señor Rato, no pagan impuestos-, constituido por aquellos que superan los 4.163.170 pesetas de base imponible, se benefician del 29,35% del importe total de la reducción de la cuota líquida del impuesto.

Y, en el grupo anterior de privilegiados -dicho sea a efectos estadísticos-, el 1% más rico absorbe por sí solo el 12,58% de la reducción total del impuesto.

Si se quiere expresar lo mismo visto desde el reverso, el 50% de la población con menor renta fiscal (hasta 1.805.700 pesetas de base imponible) se beneficia de un modesto 23,46% de la rebaja fiscal debida a la reforma.

De modo que, salvo que demos un valor social especial al hecho de pagar menos IRPF -pero más IVA, más impuestos sobre consumos varios, nuevos impuestos específicos y variadas tasas- los resultados de la reforma difícilmente pueden ser expresivos de una mejora en el bienestar social.

La consideración de los otros aspectos de la política fiscal del PP no es objeto del análisis que comentamos. Pero en este caso existen menos dudas sobre su contribución al empeoramiento de la desigualdad social.

Si lo que ha ocurrido con la política de ingresos se pone en paralelo con la orientación del gasto público en estos años, el panorama de la igualdad no sale precisamente fortalecido.

Parece claro que la virtualidad redistributiva de una política no puede analizarse contemplando un único impuesto, por importante que sea.

Es de esperar que la oposición al Gobierno del PP sea capaz de alumbrar una propuesta alternativa a las intenciones anunciadas por el señor Aznar, en que el gasto y el ingreso se contemplen en su conjunto. A pesar de que el Gobierno no proporcione los datos fiscales necesarios ni a la oposición ni a los académicos.