Con funciones de inversión
Si preguntáramos a las empresas si creen necesaria una política social (PS) global, su respuesta sería diferente si se tratara de empresas multinacionales o de las que sólo operan en el mercado nacional. Estas últimas considerarían ventajoso que desapareciera la competencia en su propio mercado de productos que proceden de países sin apenas protección social y, por tanto, con bajos costes de trabajo. Su mano de obra cualificada no estaría expuesta a la tentación de ir en busca de mejores ingresos a países sin apenas cargas sociales y habría más disponibilidad de capital extranjero para invertir donde la eficiencia de las empresas sea mayor al no existir la competencia de los paraísos sociales.
Para las empresas multinacionales la respuesta inmediata sería negativa porque se les acabarían las oportunidades de localizar sus centros de producción en países en los que los costes laborales no guardan relación con los de su país de origen y por eso pueden inundar el mercado global con productos mucho más baratos que los que se han fabricado en países con políticas sociales más desarrolladas.
Ahorro de inversiones
Esta respuesta espontánea podría, sin embargo, ser más matizada si se cayera en la cuenta de que la política social tiene funciones de inversión en cuanto es un requisito para la paz social, incluso en los países todavía en vías de desarrollo, lo que contribuye, además, a disminuir la criminalidad y favorece la aceptación del sistema de economía de mercado, con lo que se puede mejorar la motivación de los trabajadores de las empresas, se reduce la disponibilidad para las huelgas y el absentismo laboral y los movimientos de los factores de producción, capital y trabajo se regulan por modelos y criterios de mayor racionalidad.
Naturalmente lo mismo a nivel global que en los mercados nacionales, las empresas preferirían ahorrarse esas inversiones y si en sus propios países se han sentido obligadas a realizarlas es porque se les ha impuesto una autoridad que no se rige por las reglas del mercado. Pero ante unos hechos sobre los que no han tenido la posibilidad de elegir, su razonable actitud ha consistido en valorar los pros y los contras de la situación y medir en términos de eficiencia los costes que les imponen las cargas sociales y los beneficios de sus resultados.
La conclusión de estos cálculos suele ser que para el propio país se ha conseguido un cierto equilibrio entre perdedores y ganadores que hace que ni siquiera se ponga en tela de juicio la existencia de la política social nacional.
Cambiando de escala, el razonamiento de la empresa multinacional puede ser el mismo: si se puede evitar esa inversión que requeriría una política social global, ¡tanto mejor!, pero si la impone una autoridad competente, habrá que tratar de que no falten criterios de eficiencia que permitan equilibrar los beneficios con la inevitable carga de las aportaciones sociales.