Las otras fronteras interiores en España
A pesar del avance experimentado en las últimas cuatro décadas, España presenta aún fuertes desequilibrios económicos, cualquiera que sea la escala a la que éstos se analicen (regional, provincial e, incluso -y en mayor medida- municipal). Estos desequilibrios encierran, sin duda, un marcado carácter estructural, constatada como está su persistencia en el tiempo y en el espacio, tal como se pone de manifiesto en el ambicioso trabajo La evolución económica de las provincias españolas (1955-1998), recientemente publicado por la Fundación BBVA.
En efecto, el patrón territorial de la distribución de la renta per cápita en España nos permite constatar cómo las provincias del cuadrante noreste copan los lugares de privilegio, al exhibir valores por encima de la media nacional, en tanto que las provincias de las tres cuartas partes restantes del territorio (regiones meridionales, del este y del suroeste) ocupan los lugares más relegados, al mostrar respecto a este importante indicador económico valores inferiores, o muy inferiores, a los medios del país.
Sin embargo, este simplista esquema territorial empieza a romperse en los últimos años, al aparecer provincias tradicionalmente ricas en fase de declive económico relativo, junto a nuevos espacios emergentes. En efecto, Valladolid y Burgos, en la submeseta norte; Pontevedra y A Coruña, en el noroeste, y Murcia, Almería y más tímidamente Málaga, en el sur, se alejan lenta, pero decididamente, del grupo de provincias desfavorecidas, en tanto que Cantabria y, en mayor medida, Asturias, que ocupaban puestos preeminentes hasta finales de los setenta, se descuelgan progresivamente del grupo de provincias favorecidas.
Las razones que los profesores Matilde Mas y Francisco J. Goerlich, autores del citado trabajo, apuntan para explicar estos desequilibrios son varias: la concentración de actividades en ciertas áreas del país, el contrastado desarrollo tecnológico entre unas y otras provincias, el desigual nivel de productividad de su población activa y la acumulación de capital privado, en mayor grado -en su opinión- que de capital público.
Respecto al proceso de convergencia de rentas, que también se constata a lo largo del periodo 1955-1998, los autores apuntan razones como las migraciones desde las provincias pobres a las ricas y el aumento de la productividad en las más pobres como consecuencia del abandono progresivo y acelerado en las últimas décadas de la actividad agraria, factores éstos a los que podríamos añadir otros como la política fiscal, el mantenimiento del Estado de bienestar (pensiones, educación, sanidad…), el sostenimiento de los fondos de compensación interterritorial o, más recientemente, las políticas europeas de cohesión social y espacial.
Hechas estas consideraciones generales centrémonos en el análisis conjunto de la renta y el bienestar social, con el fin de determinar la posible dependencia de éste: el bienestar, respecto a aquélla: la renta per cápita.
En el gráfico adjunto se representan los resultados de esta relación. Sus análisis nos permite constatar un hecho: la directa y positiva relación entre la variable independiente renta y la variable dependiente bienestar social. En efecto, las 50 provincias se ajustan bastante fielmente a la recta de regresión y nos permiten su agrupación en cinco conjuntos homogéneos:
Grupo 1. Provincias muy favorecidas: entendiendo por tales las que presentan renta per cápita por encima del valor 120 y un índice de bienestar social por encima del umbral 0,5, ambos, pues, muy superiores a la media española. Conforman este grupo Girona, Álava, Madrid, Barcelona, Baleares, Tarragona, La Rioja y Navarra.
Grupo 2. Provincias favorecidas: forman parte de este grupo las que tienen renta superior a la española (entre los índices 100 y 120) y un índice de bienestar superior a la media española (entre 0 y 0,5). Tales son: Vizcaya y Guipúzcoa, espacios éstos en declive económico relativo, seis provincias emergentes (Zaragoza, Lleida, Valladolid, Burgos, Guadalajara, Valencia y Castellón de la Plana) y dos que vienen incrementando sostenidamente su renta per cápita, porque sostenido es también su proceso de despoblamiento: Huesca y Teruel.
Grupo 3. Provincias intermedias: su índice de renta per cápita, inferior a la media nacional, queda compensado con un índice de bienestar social levemente superior (entre 0 y 0,5). La diferencia, pues, con el grupo anterior, es su nivel de renta. Cantabria y Asturias, en la cornisa cantábrica; Segovia, Soria, Palencia y León, en la submeseta norte, y Alicante, en Levante, conforman este peculiar grupo, que podríamos definir, en forzada metáfora literaria, como el club de la dignidad.
Grupo 4. Provincias desfavorecidas: presentan, tanto respecto a renta per cápita como a índice de bienestar, valores inferiores a la media. Son los casos de las cuatro provincias gallegas, las dos canarias, las provincias castellanas de Zamora, Salamanca y Ávila, las provincias castellano-manchegas de Toledo, Cuenca y Albacete, la comunidad de Murcia y la provincia de Almería.
Grupo 5. Provincias muy desfavorecidas: caracterizadas por una renta per cápita y un índice de bienestar muy por debajo a la media española: índice de renta por debajo de 80 y de bienestar inferior a -0,5. Son todas las provincias andaluzas, a excepción de Almería, antes citada, las dos extremeñas y Ciudad Real.
La conclusión a que llegamos es que los fuertes desequilibrios territoriales que presenta nuestro país en materia de bienestar social, que aparecen tan directamente ligados a la renta y por ende a la iniciativa privada, difícilmente van a poder ser enjugados a partir de las políticas públicas clásicas de redistribución de la riqueza (pensiones públicas, educación, sanidad, protección social: paro...) por imprescindibles que éstas sean. Este tipo de políticas, fundamental para preservar cierto grado de cohesión socioterritorial, simplemente evita que los desequilibrios se incrementen y se ensanche, en mayor medida, la falla entre provincias pobres y provincias ricas.
Si esta afirmación es cierta (lo es, como las estadísticas nos recuerdan), la relajación de las obligaciones del Estado de bienestar llevaría aparejado el aumento de los desequilibrios territoriales, máxime si se considera un nuevo fenómeno escasamente tenido en cuenta hasta ahora, actualmente la vía que para las provincias y regiones pobres suponía la emigración -sin duda, el gran factor de reequilibrio relativo de la renta en los sesenta y setenta- no sólo no está cerrada, sino que ha invertido la dirección: hoy los principales focos de inmigración son las grandes áreas metropolitanas de las provincias ricas (Barcelona, Vizcaya, Madrid, Guipúzcoa…) en tanto que los principales espacios de acogida de jubilados, pensionistas…, en términos relativos, al menos, son las provincias pobres del interior (Badajoz, Ciudad Real…).
¿Como afectará en el futuro inmediato este cambio de tendencias migratorias al mapa de la renta y del bienestar? Todo apunta a que no parece que vaya, precisamente, a equilibrarlo. A la vieja dicotomía territorial España rural versus España urbana, España agraria versus España industrial y terciaria, España envejecida versus España joven, España dinámica versus España regresiva, puede ser sustituido por una dualidad económica -además de territorial y sociodemográfica- aún más preocupante: la España subsidiada versus la España productiva y competitiva.