Andersen ofrece 870 millones para evitar litigios por Enron
Andersen tiene ya una oferta para cerrar los acuerdos extrajudiciales que tengan lugar para evitar ir ante los tribunales por el caso Enron. Según algunos periódicos estadounidenses, la auditora está dispuesta a ofrecer 750 millones de dólares (870 millones de euros) para cerrar su papel en el caso. Por otro lado, un juez federal ha solicitado al departamento de energía las actas de las conversaciones del vicepresidente, Dick Cheney, con Enron para reformular la regulación energética del país.
La supervivencia de Andersen se ha ido poniendo en cuestión desde que explotó el caso Enron. El impacto que puedan tener los litigios judiciales sobre la firma auditora ha puesto en guardia a sus responsables, que desde hace semanas negocian una cifra para cerrar acuerdos con quienes les acusan de no cumplir con su obligación a la hora de auditar las cuentas de la empresa eléctrica. Ayer se conoció que el bufete Davis, Polk & Wardwell ha presentado una propuesta de acuerdo general que se eleva a 750 millones de dólares.
El posible acuerdo está destinado a satisfacer las demandas de los inversores y pensionistas de Enron. En un principio The Wall Street Journal dijo que esta cifra podría ser de 800 millones de dólares, 50 millones más de lo que ahora revela USA Today. Responsables de la SEC (el organismo regulador de los mercados en EE UU) se reunieron el miércoles con los abogados de los demandantes para tantear el terreno y saber cuánto debería pagar la firma para evitar ser citada en el juzgado y hacer frente a cuantiosas indemnizaciones. Según expertos en leyes consultados durante todo este proceso, las potenciales indemnizaciones o la responsabilidad subsidiaria atribuida a Andersen podrían poner en peligro la supervivencia de la firma presidida por Joseph Berardino.
Muchos abogados expresaron ayer sus dudas sobre si era papel de la SEC comportarse como mediador en un proceso como éste por mucho que la posible desaparición de Andersen supusiera una disminución de la competencia en un sector controlado por cinco firmas en este momento.
Las actas de Cheney
Por lo que se refiere a las implicaciones políticas del caso Enron, ayer una juez federal de distrito, Gladys Kessler, solicitó formalmente al departamento de Energía la entrega de las actas de las reuniones entre el vicepresidente, Dick Cheney, y los representantes de la industria del sector, conversaciones que ayudaron a dar forma a la política de energía del Gobierno de George Bush. Esta ley con varios capítulos controvertidos como la exploración petrolífera de Alaska, ha sido denunciada por varios grupos medioambientales y los demócratas por estar hecha al dictado de Enron. Los críticos quieren hacerse con las actas para probar sus alegaciones, pero el Gobierno se ha negado a entregarlas.
La disputa sobre este punto ha llevado a la Oficina de Contabilidad General (GAO en sus siglas en ingles), que es el órgano de intervención del Congreso, a interponer una demanda contra Cheney. Esta escalada judicial es inédita en la historia de los EE UU.
Aunque el objetivo es el mismo, la petición de la juez Kessler es, sin embargo, distinta a la de la GAO y se basa en la demanda interpuesta en 2001 por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, una organización medio ambiental. En su requerimiento al departamento de energía, la juez critica que la oficina gubernamental tarde tanto en entregar una información de 'extraordinario interés público'.
Bush y Cheney han repetido que dar a conocer sus conversaciones con grupos privados podría minar la confianza de éstos a la hora de volver a trabajar con la Administración. A pesar de ello, Bush hizo pública buena parte de las reuniones de Bill Clinton, su antecesor, cuando llegó a la Casa Blanca.