Andersen negocia con el Gobierno de EE UU para evitar una querella
Abogados de Andersen y del Departamento de Justicia se han reunido dos veces desde el 1 de marzo para cerrar un acuerdo que permita a la auditora evitar una acusación de presunta obstrucción a la justicia. Según revelaban ayer varios diarios estadounidenses, las negociaciones para que no se siga adelante con esta querella, la primera desde que se abrió el caso Enron, están siendo complicadas.
Los abogados de la firma auditora han solicitado al Departamento de Justicia más tiempo para negociar un caso que puede ser el mayor revés que sufra la firma desde que se descubriera su papel en la crisis y caída de Enron. De hecho, ésta sería la primera acción penal que se concretara en lo que se ha dado en llamar el caso Enron, y las consecuencias para la firma, uno de cuyos mayores activos es la confianza que depositan en ella sus clientes, serían demoledoras.
La mayor parte de los analistas habla ya sin dudarlo que la supervivencia de Andersen está en grave peligro. Según cita la agencia Bloomberg, Richard Himlerik, abogado de los clientes de la Fundación Baptista, con los que la auditora cerró hace 10 días un acuerdo extrajudicial por valor de 217 millones, asegura que se aceleró la salida de este caso por temor a que Andersen se declarara en bancarrota.
El Departamento de Justicia basa su acusación en la destrucción ilegal de documentos relacionados con el caso Enron, que las autoridades habían demandado antes de que la empresa energética tejana entrara en suspensión de pagos, la mayor de la historia de EE UU. Andersen informó el pasado 15 de enero sobre esta destrucción de documentos y echó a uno de sus socios, David Duncan, acusándole de esta acción. Duncan es el primero de los involucrados en el caso que solicitó el amparo de la Quinta Enmienda cuando fue llamado para testificar ante el Capitolio.
Además, la auditora presidida por Joseph Berardino tendría que dar cuenta ante las instancias penales sobre su labor al aprobar las cuentas de una empresa que ocultaba pérdidas y deudas a través de sociedades mantenidas fuera de balance.
Las negociaciones entre ambas partes no están siendo fáciles e incluso el diario Chicago Tribune, que se edita en la ciudad sede de Andersen, hablaba ayer de que es posible que la firma se declarase culpable. Normalmente, estos acuerdos terminan con el pago de una indemnización sin que el firmante acepte su culpabilidad.
Mientras, desde la SEC (organismo supervisor de la Bolsa en EE UU) se sigue tratando de ayudar a que la firma de Berardino cierre otro acuerdo extrajudicial con los demandantes civiles (inversores y trabajadores de Enron) para eludir los tribunales. Andersen ha puesto sobre la mesa 750 millones para cerrar el acuerdo.
El organismo ha puesto por otro lado serias objeciones a que Enron contrate a Steve Cooper como consejero delegado por su salario y conflicto de intereses.
El estrechamiento del cerco judicial se produce a la vez que Andersen pierde relevantes clientes y se enfrenta a la huida de sus socios.