La política económica en Europa
Las perspectivas de la ampliación de la Unión Europea están abriendo un debate sobre el diseño institucional de la UE y sobre sus políticas económicas. El debate se centra en la oportunidad de avanzar hacia una mayor integración entre los países que forman la Unión. En este caso, se debería analizar si la integración requiere una transmisión de las políticas hacia el ámbito europeo desde el nacional y, si así fuera, qué áreas o políticas serían las afectadas. Los oponentes a esta idea señalan que existe poca justificación para una mayor centralización de las políticas, o que la misma no se ha hecho explícita.
Con este propósito, los prestigiosos economistas Alberto Alesina, Ignazio Angeloni y Ludger Schuknecht han escrito su artículo ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? (National Bureau of Economic Research, octubre 2001). Estos autores desarrollan una metodología propia para determinar el grado de centralización de las diversas políticas económicas de la Unión y su adecuación o no con la racionalidad económica. Dicha racionalidad la basan en la existencia de economías de escala o de externalidades en la provisión de las políticas, y en las preferencias reveladas por los ciudadanos de los diferentes países de la Unión.
Cuando en un área o política hay externalidades o economías de escala en su provisión, se justificaría su centralización. No obstante, a esas fuerzas centrífugas hay que oponer el coste de llevarlo a cabo, que será mayor cuanto más heterogéneos sean los países que forman la Unión. Hay que señalar que cuando no se justifica la provisión centralizada, ello no implica que no haya que avanzar hacia la armonización de las políticas cuya provisión se mantenga descentralizada.
Con esa base, los autores han examinado las políticas centralizadas en la UE. Para determinar el grado de involucración de la Unión, miran el número de actos legislativos y de otro tipo, y los recursos presupuestarios asignados a cada política. La existencia de economías de escala o de externalidades son determinadas por su propio análisis económico. Por último, las preferencias de los ciudadanos se obtienen de los resultados del eurobarómetro publicado por la Comisión. Con estos datos tratan de determinar si el grado de centralización actualmente dedicado a cada una de las políticas es el adecuado. La conclusión es que recientemente, especialmente en la década de los noventa, las prerrogativas atribuidas a la UE se han extendido más allá del mandato original. Pero, además, según los criterios de los autores, la expansión va más allá de lo justificable.
Por el contrario, hay algunas áreas en las cuales se podría avanzar en la centralización. Las áreas donde se encuentra mayor divergencia son las de agricultura, ciudadanía y protección social, medio ambiente y relaciones internacionales. En las dos primeras, la involucración de la UE es superior a lo justificable, y en las dos últimas, sin embargo, es inferior. En el caso de la agricultura, el papel atribuido a la UE es excesivo; se lleva la palma de los recursos comunitarios y representa el 40% de la legislación secundaria de la Unión. También parece excesivo el papel comunitario atribuido a la política de ciudadanía y protección social, donde las externalidades son bajas y las preferencias son muy diferentes entre países. Por estas razones, en estas políticas se podría alcanzar unos buenos resultados con una gestión delegada al nivel nacional. Sin embargo, el último Tratado de la Unión refuerza su papel en la protección social. Por el contrario, la dedicación de la Unión a temas medioambientales parece inferior a lo deseable debido a sus elevados efectos externos. Aunque puede pensarse que hay elementos nacionales en estas políticas (por ejemplo los efectos de la polución del agua recaen sobre una región concreta), parece lógico que se avance hacia su provisión supranacional. También la Unión juega un papel reducido en las relaciones externas, donde, sin embargo, se justifica la centralización y donde las preferencias de la gente son similares.
En el resto de políticas (comercio, mercado interno, sector financiero, educación, industria y relaciones corporativas) el nivel de centralización actualmente existente no parece contradictorio con los parámetros de análisis. Las áreas donde se justifica poco la centralización son educación y sectores industriales. En los demás, la centralización mejora la eficiencia de la política económica, y en todos ellos ha aumentado significativamente el papel de la Unión en la última década. Todo ello debe servir de base en el debate sobre el diseño institucional de la UE.