Cabanillas afirma que la UE solicitó la subida de los impuestos especiales
El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, aseguró ayer que la subida de los impuestos especiales no implica un cambio en la política económica del Ejecutivo y agregó que "por encima de todo, viene propuesta por algunas comunidades y solicitada por la Unión Europea". Además, recalcó que no es una medida que se imponga a las regiones, "ni es algo que se nos ocurra ahora".
El portavoz del Gobierno insistió en que "no tiene ningún sentido decir" que la adopción de estas medidas tenga "relación con alguna otra cuestión en materia financiera", en referencia a las afirmaciones que acusan al Gabinete de haber adoptado este aumento para lograr el objetivo del déficit cero.
Cabanillas se refería así, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la subida del impuesto sobre los hidrocarburos, acordada el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que supondrá al menos un aumento de cuatro pesetas por litro de carburante, y que podrá llegar a ser de ocho si las autonomías deciden aplicar la subida en el tramo que les corresponde.
En este sentido, La Rioja y Cantabria confirmaron ayer que no aplicarán dicho incremento, tal y como ya habían anunciado Castilla y León, la Generalitat Valenciana y Murcia, todas gobernadas por el PP, además de las seis regiones regidas por el PSOE.
El ministro portavoz explicó que el Gobierno "ha dado sobradas pruebas de su inclinación y su política a bajar los impuestos" y agregó que "además lo vamos a ver en breve con la nueva bajada en lo que se refiere al IRPF y al IAE".
Recordó que en esta legislatura ha habido otras rebajas de tributos en materia de transporte, ganadería y pesca, para la compra de ordenadores o para I+D y consideró "absolutamente sorprendente" que, lo que calificó de "actualización de unas tasas" que estaban congeladas, se pueda llegar a considerar como un cambio de la política económica.
Explicó que esa actualización ha de verse en el contexto de la Unión Europea y, en este sentido, puso el ejemplo de que el impuesto español de hidrocarburos está un 23% por debajo de la media comunitaria.
Respecto a las comunidades socialistas que votaron en contra del nuevo impuesto sobre las gasolinas, aseguró que no creía que "ninguno de los que se van a ver beneficiados, puesto que el Estado no va quedarse con una sola peseta de lo generado, vayan a devolver ese dinero".
Cabanillas explicó que la subida acordada se refiere al tramo general, que algunos llaman estatal, y que en lo referente a la parte que es responsabilidad de las autonomías, éstas tienen la competencia de decidir si la aplican o no.
Entretanto, continúan arreciando las críticas desde todos los sectores afectados por este incremento impositivo. La Ejecutiva Nacional de la Unión de Pequeños Autónomos del Transporte, las Comunicaciones y el Mar acordó ayer convocar movilizaciones en caso de que el Ejecutivo siga adelante con su intención de imponer una nueva tasa a los carburantes con el fin de colaborar a financiar la sanidad. Esta patronal calculó que la medida tendrá un sobrecoste para el sector de entre 100.000 y 120.000 millones de pesetas. Por su parte, los taxistas también han protestado por el aumento del precio de los carburantes y han asegurado que la medida supondrá un aumento del gasto de estos profesionales de 65.000 pesetas anuales.
Asimismo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) afirmó ayer que los agricultores tendrán que gastar 38.719 millones de pesetas adicionales en los próximos cinco años para mantener su productividad, como consecuencia del nuevo impuesto sobre las gasolinas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2002.
El diputado de Hacienda de la Diputación de Vizcaya, Javier Urizarbarrena, dijo ayer que el nuevo impuesto sobre la gasolina deberá concertarse con las Haciendas vascas.