<I>Tipos de interés y actividad económica</I>

La decena de descensos de tipos de interés en EE UU y las tres bajadas realizadas en la UE en el último ejercicio reflejan la inquietud por la situación económica, pero también evidencian la banalización de un instrumento delicado.

Es lógico que los operadores bursátiles se feliciten de una medida que reduce el interés de la renta fija y abarata los costes de las empresas que cotizan en los mercados bursátiles, que impulsan las cotizaciones al alza. También lo es que las personas endeudadas acojan con agrado una medida que reduce su carga financiera. Es comprensible que los Gobiernos preocupados por el descenso en el nivel de actividad valoren positivamente lo que parece impulsar el consumo y la inversión. Sin embargo, antes de una decisión de esta naturaleza hay que considerar otros aspectos que, probablemente, han incidido en la reticencia del BCE a tomar prematuramente su última decisión.

La confianza en la política monetaria para salir de la crisis tiene una base sólida, pero debe matizarse por la fragilidad inherente a una recuperación basada en esta medida y por la posibilidad de que resulte poco efectiva. El tipo de interés hace atractiva la demanda de préstamos destinados a la financiación de inversiones que no serían rentables con un mayor coste del crédito, pero la hace más arriesgada cuando éste se encarece, pudiendo propiciar un crecimiento con pies de barro. El crédito se alimenta del ahorro, y si el interés desciende, el atractivo para ahorrar también, con lo que a corto plazo se puede generar una mayor demanda de consumo e inversión alimentada por nuevo crédito y la caída del ahorro que desaparecería si se produjera cualquier acontecimiento significativo de impacto adverso.

En cuanto a la eficacia de los cambios en el coste del crédito está clara cuando se encarece, pues detrae recursos que no se dirigen a la adquisición de bienes de consumo o inversión, con lo que es útil para frenar el alza de precios y atemperar el crecimiento económico. Sin embargo, respecto a la rebaja del coste del crédito conviene recordar que ha mantenido a la economía japonesa en una situación de estancamiento en la que tras situarse en el nivel más bajo posible no tienen ningún efecto en los mercados. No puede darse por seguro que esa medida vaya a tener efecto, máxime cuando los descensos ya producidos en EE UU y la UE han sido, por lo menos, insuficientes para frenar la desaceleración económica.

Las decisiones de ahorrar e invertir se toman pensando más en el futuro que en el presente. Si la respuesta de los inversores al aumento en su renta disponible es superior a la de los ahorradores, la pérdida de renta de éstos derivada del descenso en sus ingresos será más que compensada por la de la nueva deuda, pero no hay certeza de que ésta se produzca, como ocurre en Japón o, como puede ocurrir en EE UU y la UE, si los ahorradores tratan de reducir su consumo para compensar la caída en el valor de su patrimonio y el aumento de la incertidumbre respecto al futuro. Tampoco hay certeza de que por barato que sea el crédito aumente la propensión a endeudarse y a invertir. Es posible que las rebajas de tipos de interés den la impresión de que han sido inútiles, que las autoridades económicas carecen de otras herramientas y que la situación es delicada, lo que aconseja mantener la li-quidez y abstenerse de deci-siones en uno u otro sentido.

El mensaje de las autoridades económicas puede ser incomprendido. Basta pensar en que nos referimos al tipo de interés como el precio del dinero, cuando en realidad es el precio del crédito, algo muy diferente. El primero es lo que debe darse para obtenerlo, o sea, el índice de precios. El segundo es el tipo de interés, con el que se retribuye la renuncia a la liquidez o, lo que es lo mismo, el coste de traspasar poder de compra de un momento a otro, de presente a futuro en el caso de los ahorradores y a la inversa en los deudores. A pesar de que la evocación coloquial que sugiere la mención del precio del dinero es correcta, el concepto no lo es, y las implicaciones, tampoco. Otro error, menos extendido, estriba en considerar que el mayor coste del crédito se traslada a precios, por lo que su aumento como medida antiinflacionaria está llamado al fracaso.

La confianza en las medidas monetarias obliga a usarlas con cuidado, pues la munición disponible puede medirse, a título de ejemplo, en cuartos de punto, de forma que cada cuarto de punto de descenso reduce la munición disponible. Con un arsenal tan exiguo como el actual la autoridad monetaria hace bien en extremar su cautela, pues la medida podría ser más necesaria en otro momento. Cuando se pretenden cambiar las expectativas la banalización de las actuaciones reduce su incidencia, de modo que también eso exige prudencia.

Las personas olvidadas en momentos de desaceleración son los ahorradores que ven mermar el rendimiento de los recursos generados con su esfuerzo. Ese rendimiento, en el caso de títulos de renta fija, puesto en términos reales si se descuenta el impacto de precios y en términos efectivos si se elimina la presión fiscal, es negativo y reduce la confianza que puedan tener los ahorradores acerca del futuro inmediato. Las decisiones de abaratar el coste del crédito se suceden en todo el mundo, con lo que el déficit de ahorro acabará por pasar factura. Como quiera que cualquier proceso de crecimiento sostenible debe basarse en el ahorro interno -aunque en los países en desarrollo se complemente con alguna aportación externa-, las decisiones que afectan a su volumen y estabilidad deben sopesarse cuidadosamente, lo que parece importar poco en la actualidad.

El protagonismo de las medidas monetarias puede llevar también a que las autoridades económicas hagan un esfuerzo insuficiente en otras medidas a su alcance sin arriesgar el equilibrio presupuestario. La recomposición de las fuentes de ingresos y gastos públicos, el descenso de los costes impuestos por la regulación, la aportación de seguridad jurídica, el incremento de la competencia, la reducción de monopolios como el de la oferta de suelo edificable, la protección de derechos como las marcas y modelos, el cumplimiento de compromisos de inversión, la mejora de eficiencia de las Administraciones públicas y muchos otros, que son de resultado menos rápido, pero más seguro.