La CE impone la mayor multa de su historia a ocho farmacéuticas
El llamado cartel de las vitaminas batió ayer el récord de las sanciones impuestas por la Comisión Europea a empresas que se reparten el mercado y pactan los precios de sus productos. La farmacéutica suiza Roche, instigadora de una trama que operó durante al menos 10 años, deberá abonar 462 millones de euros y sus 12 compinches, diferentes cantidades, hasta completar una multa de 855,22 millones de euros (142.300 millones de pesetas).
La multinacional francesa Rhône-Poulenc (ahora fusionada con la alemana Hoechst en Aventis) también se benefició desde septiembre de 1989 hasta febrero de 1999 de alguno de los ocho carteles inspirados por Hoffman-La Roche. Conspiró, en concreto, junto a la empresa suiza y la alemana Basf, para mantener artificialmente elevados los precios de las vitaminas A, E y D3. Pero Aventis sólo mereció ayer una sanción de cinco millones de euros, como premio a su colaboración con el comisario de Competencia, Mario Monti.
La francesa se ha ahorrado 113 millones de euros merced a la aplicación, por primera vez, de una nueva norma comunitaria que ofrece una exención del 100% de la multa a la primera compañía que delate su participación en un cartel. "Las que no aprovechan esta oportunidad", recordó ayer Monti, "deben ser conscientes de las responsabilidades a que se enfrentan".
La suiza Hoffman-La Roche ocupa el lugar principal en el cadalso levantado ayer por el comisario. "462 millones de euros (76.870 millones de pesetas) de multa", según el veredicto de Monti. La alemana Basf, 296 millones de euros (49.250 millones de pesetas). Las japonesas Takeda, Daiichi y Eisai, 37, 23 y 13,2 millones, respectivamente. La holandesa Solvay y la alemana Merck, poco más de nueve millones de euros cada una. Aventis escapa con cinco millones de euros.
El más dañino
A otras farmacéuticas, como la alemana Lonza o las japonesas Kongo, Sumitomo, Sumika y Tanabe, les salvó la campana de los plazos reglamentarios, porque sus prácticas ilegales concluyeron cinco años antes de que Bruselas iniciase su investigación y, por tanto, ha prescrito su posible responsabilidad.
La Comisión ha calculado las sanciones en función de la gravedad de los acuerdos ilegales, su duración (el más prolongado fue de septiembre de 1989 a febrero de 1999) y las circunstancias atenuantes o agravantes que concurren en la actuación de cada empresa. Bruselas no ha apurado en ningún caso su capacidad sancionadora, que puede llegar hasta el 10% de la facturación mundial de las empresas implicadas en un cartel. Entre las sanciones impuestas ayer el porcentaje más alto se sitúa en el 2,6%.
A esa benevolencia ha contribuido que incluso Roche y Basf cooperaran finalmente con la Comisión, una vez abierto el procedimiento. Las multas de ambas se redujeron a la mitad.
El cartel más perjudicial jamás investigado por la Comisión, según lo describió ayer Mario Monti, llegó a conocimiento de las autoridades comunitarias tras una investigación similar al otro lado del Atlántico. En EE UU se saldó con multas de 94.000 millones de pesetas (565 millones de euros) a Roche y de 225 millones a Basf (42.300 millones de pesetas, 254 millones de euros), también principales instigadores de la versión estadounidense del cartel. Pero allí, además, supuso el encarcelamiento de uno de los ejecutivos de las farmacéuticas implicadas.
En Europa, la Comisión no dispone de competencias para ir tan lejos y Monti prefirió no hacer especulaciones sobre esa posibilidad penal. Recordó a los implicados, eso sí, que disponen de sólo tres meses para abonar la sanción o realizar un aval bancario si desean recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE, última instancia judicial comunitaria. Si el tribunal, con sede en Luxemburgo, confirma la sanción, las empresas deberán abonar un recargo. Luxemburgo ha reducido en cuatro ocasiones las mayores multas impuestas por la UE contra carteles empresariales, normalmente por defectos de forma menores.
Perjudicados
La CE inició su investigación en mayo de 1999 y su conclusión coincide con la intención de Monti de intensificar el combate contra los acuerdos ilegales entre las empresas. Este mismo año impuso otra sanción, de 218,8 millones de euros (36.405 millones de pesetas), a los productores de electrodos de grafito, y el año pasado fue el sector de los aminoácidos el que recibió una sanción de casi 110 millones de euros (18.302 millones de pesetas). La mayor multa hasta ahora, 272,9 millones de euros, se impuso en 1998 a un cartel en el transporte marítimo.
Pero el alcance del cartel de las vitaminas, según Bruselas, desborda el de otros desmantelados hasta ahora, pues el número de perjudicados puede ser mucho mayor. Las vitaminas destacó ayer Monti, se encuentran "en multitud de productos, desde los cereales, galletas o bebidas, hasta los piensos, productos farmacéuticos y cosméticos". Y concluye que "es particularmente inaceptable que este comportamiento ilegal afectara a sustancias que son vitales para la nutrición".
Un mercado que llegó a facturar 800 millones de euros
Las 13 farmacéuticas que entre los años 1989 y 1999 participaron en alguno de los ocho pactos secretos para repartirse el mercado de productos vitamínicos alcanzaron tal grado de coordinación que, según el comisario Mario Monti, llegaron a operar como una sola empresa en el sector. "Vitamina, SA", ironizó ayer el italiano, o "Vitamina, AG" en alusión a la versión alemana de esas siglas que remata el nombre de la suiza Hoffmann-La Roche y la alemana Basf, participantes en el cartel.
La suiza era, según los hechos probados por la Comisión Europea, la instigadora y principal beneficiada de la trama, pero unió en seguida a estas actividades a su principal competidor europeo, Basf, y entre ambas internacionalizaron el cartel para incluir a las farmacéuticas japonesas.
Entre septiembre de 1989 y enero de 1994 hasta 11 compañías se fueron sumando a los carteles que cubrieran las principales vitaminas comercializadas por cada una de ellas. Roche, el mayor productor de vitaminas, con un 50% del mercado mundial, participó en todos.
Cada cartel, según considera probado la Comisión, disponía de un mecanismo de supervisión para hacer cumplir los acuerdos, entre los que figuraban el compromiso de mantener ciertos precios mínimos y de respetar las cuotas de mercado respectivas.
Bruselas estima que el valor del mercado controlado ascendía en 1998 a 800 millones de euros, desgranados en 250 millones por la comercialización de la vitamina E, 150 millones por la venta de vitamina A y 400 millones por el resto de productos. "Sorprendentemente", se admira la Comisión, "los ingresos europeos por la comercialización de vitamina C cayeron de 250 millones de euros el último año de vigencia del cartel (1995) a menos de la mitad, 120 millones de euros, tres años más tarde (1998)".