Bruselas aprueba ayudas a España de 5,5 billones de pesetas hasta 2006
El comisario europeo de Política Regional, Michel Barnier, firmó ayer 12 programas de desarrollo regional en España, cuatro programas de ayuda horizontal para las regiones objetivo 1 y siete documentos únicos de programación para las regiones objetivo 2, por importe total de 5,51 billones de pesetas (33.140 millones de euros) con cargo a los fondos estructurales.
Con este trámite, la Comisión y las autoridades españolas han dado por concluidas las negociaciones sobre la financiación procedente de los fondos estructurales para el actual periodo 2000-2006, dentro de los montantes globales decididos por los Quince en la Cumbre de Berlín (1999). Con estas ayudas, que en total generarán una inversión de más de 50.000 millones de euros (unos 8,3 billones de pesetas), las autoridades españolas estiman que se crearán unos 200.000 empleos. Las regiones que más ayudas recibirán son Andalucía, con 1,9 billones de pesetas, y Galicia, con más de 800.000 millones.
Los programas operativos del objetivo 1 aprobados son los correspondientes a Asturias, Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia, Valencia, Canarias, Ceuta, Melilla y Extremadura.
Los cuatro programas horizontales son los destinados al desarrollo local, a la mejora de la competitividad de las empresas en las regiones, a la asistencia técnica y a la innovación e investigación y desarrollo. Estos programas horizontales están gestionados por el ministerio central, que se encarga de hacer el reparto por región.
A los firmados ayer habrá que añadir en mayo, según fuentes comunitarias, el programa horizontal destinado al desarrollo de la sociedad de la información, actualmente en negociación. Los 16 programas del objetivo 1 se basan en el "marco comunitario de apoyo" para España, adoptado ya el 19 de octubre pasado.
Por otro lado, los siete documentos únicos de programación para el objetivo 2 corresponden al País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, Baleares y Madrid. Dentro del objetivo 1, la ayuda comunitaria total para España equivale, según Bruselas, al 70% del importe total de los créditos disponibles para España en virtud de los fondos estructurales y del fondo de cohesión para el periodo de financiación 2000-2006.
En el objetivo 2, la ayuda total concedida equivale al 4,9% del importe total de los créditos disponibles para España en el actual septenio. Bruselas señala que por primera vez España ha presentado la programación para el objetivo 2 en forma de "documento único", en vez de usar el procedimiento en dos etapas.
Esta simplificación administrativa permitirá, según la Comisión Europea, "agilizar la puesta en práctica" de las ayudas en siete comunidades autónomas: Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, islas Baleares y Madrid. De acuerdo con los reglamentos de los fondos estructurales, el Estado deberá cofinanciar los programas. El importe de la cofinanciación estatal o regional será de 19.712 millones de euros.
Bruselas ha anunciado que los gestores de las Administraciones nacionales y regionales recibirán "como anticipo una transferencia del 7% de los fondos comunitarios".
La CE obliga a comprar reses de más de 30 meses
El comité de gestión del mercado de vacuno de la Comisión Europea aprobó ayer la intervención nacional para adquirir todas las reses mayores de 30 meses, incluso cuando sean aptas para el consumo tras haber sido sometidas a la prueba del test de priones. El presupuesto comunitario financiará el 70% de la compra, siempre que se realice a través de subasta.
El comisario de Agricultura, Franz Fischler, reconoció ayer que la intervención "es necesaria y no existe alternativa ante el aumento de carne de vacuno que no encuentra salida en el mercado". Pero el austriaco advirtió que se trata de "un último recurso" y, desde luego, "no es la solución para el futuro".
Fischler insistió en que revisará la Política Agraria Común a mediados del año que viene, informa Bernardo de Miguel.
La CE obligará ahora a todos los Estados miembros a que apliquen el mecanismo de intervención cuando el precio de la carne en canal baje por debajo de una cantidad determinada, aunque no exigirá su destrucción. Bruselas se enfrenta así a países como Alemania, Italia, Austria o Grecia, que se han resistido a aplicar el sistema de destrucción del ganado sin testar. Además, cinco países se encontraban exentos de aplicar ese sistema. España, entre otros Estados, ha acusado a esos países de no contribuir a estabilizar el precio. Nuestro país se encuentra ya por debajo de las 263 pesetas por kilo de carne en canal que dispara la intervención.