Chile estudia introducir cambios en el sistema privado de pensiones
El sistema de pensiones de Chile atraviesa una fase de modificaciones. Mientras la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) estudia introducir cambios para mejorar el régimen privado de capitalización, una asociación que agrupa a miles de funcionarios pide que se permita a sus afiliados retornar al antiguo sistema estatal.
Por primera vez desde 1981, cuando entró en vigencia el sistema privado de capitalización, está surgiendo un proceso de críticas al sistema y en favor del antiguo régimen público.
La avanzada de esta solicitud es la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Su secretaria general, Jeannette Soto, explicó que más de 300.000 funcionarios atraviesan una grave situación, ya que no reúnen las cotizaciones suficientes para el retiro de acuerdo con sus actuales ingresos. Para la ANEF, la solución es que se autorice a estas personas a regresar al régimen estatal, lo que requiere autorización de la Administración.
Pero el superintendente de AFP, Alejandro Ferreiro, no está de acuerdo con Soto. En declaraciones al periódico electrónico El Mostrador, de Santiago de Chile, el funcionario razonó en términos de costes fiscales. "Además de que el traspaso significaría un alto coste fiscal, hay que considerar que las personas que se trasladaron al sistema nuevo por mucho tiempo obtuvieron un ingreso líquido mayor, porque la tasa de cotización es más baja (10% del salario en el sistema de capitalización, contra el 20% en el público)", explicó Ferreiro.
En sentido contrario opina la Asociación de AFP. Para la representación de las administradoras, la salida para ese colectivo de trabajadores es que el Estado les reconozca la deuda que ellos tienen con el sistema de pensiones.
Desafiliaciones
El caso de los funcionarios es un problema particular que plantea, de manera excepcional, una petición de retorno al "viejo" régimen estatal de pensiones. Por ello, detrás de este problema puntual, en el que están implicados el Estado, las gestoras de fondos (AFP) y un núcleo muy importante de afiliados del sector público, surge por primera vez un cuestionamiento de fondo al régimen privado de pensiones, creado para reemplazar al de reparto público.
La punta del iceberg ha sido la retirada de 10.000 personas del sistema privado en los últimos tres años. Esta cifra es poco menos de la mitad del total de desafiliaciones que ha sufrido el sistema de capitalización desde 1983, y que se eleva desde entonces a 23.952 personas. Aunque es una cifra ínfima respecto de los 6,3 millones de afiliados a la AFP, se trata de un hecho nuevo y con tendencia creciente. Por otra parte, el número de bajas debe medirse sobre los afiliados que realmente cotizan y que, a diciembre pasado, eran 2,7 millones, poco más del 40% de los formalmente afiliados.
Las AFP tienen una alta rentabilidad como empresas. Pero esto no ha conseguido eliminar una serie de problemas y distorsiones del sistema. Esta es la razón por la cual la superintendencia del sector estudia introducir una larga lista de modificaciones al régimen, entre las que destacan mecanismos para bajar las comisiones que cobran las AFP a sus afiliados, cuyo porcentaje mínimo es el 3% del aporte mensual que realizan los asalariados al fondo de pensión.
A 20 años de su instauración, el régimen privado administra 36.000 millones de dólares, alrededor del 45% de la producto interior bruto (PIB) anual de Chile, que el último año ascendió a unos 80.000 millones.
La capitalización crea un elevado gasto fiscal
El sistema privado de pensiones le exige al Estado un gasto anual que ronda los 4.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con estudios de expertos privados. Esto representa poco menos del 6% del PIB. Se estima que, a lo largo del periodo 1999-2037, podría bajar a un promedio anual del 4,3% del PIB. Ese gasto estatal para sostener las pensiones no está financiado por las cotizaciones, ya que, desde 1981, éstas son canalizadas a la AFP. Durante años, el Estado ha emitido deuda pública para sostener ese gasto.
Las responsabilidades estatales son cinco. En primer lugar, financiar las pensiones del antiguo sistema de reparto hasta su extinción. Segundo, pagar un "bono de reconocimiento" de los años aportados por personas que, habiendo cotizado al sistema anterior, optaron luego por el de capitalización. Ambos gastos crean un déficit transitorio, en el primer caso hasta el año 2050 y, en el segundo, hasta 2038.
Pero otros tres elementos generan un déficit estructural: las pensiones especiales a inválidos, ancianos e indigentes; las pensiones mínimas, que paga el Estado dentro del régimen privado, y, por último, la financiación de las pensiones de las Fuerzas Armadas, que demandan 1.100 millones de dólares, el 25% del déficit anual provocado por el sistema.