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LA REORDENACIâN ELæpermil;CTRICA

Bruselas vuelve a retrasar la apertura del expediente de los CTC

La Comisión Europea tampoco iniciará este mes de enero la investigación contra España por la concesión de los costes de transición a la competencia, los llamados CTC. Las disputas en el Ejecutivo comunitario -De Palacio contra Monti- sobre un expediente enquistado desde hace más de 15 meses obligan a retrasar de nuevo su apertura formal, que no se producirá antes del 14 de febrero.

El comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, no cumplirá, de momento, uno de sus más fervientes deseos para este año, desembarazarse "cuanto antes" del expediente "universalmente conocido como CTC", tal como expresó en su última rueda de prensa de 2000. Parece que el fantasma de las ayudas del Gobierno de José María Aznar a las eléctricas españolas perseguirá este año al comisario.

De entrada, Monti ha renunciado ya a proponer la apertura del expediente de investigación contra España en la próxima reunión del Colegio de Comisarios, el 17 de enero. El asunto ni siquiera figura, de momento, en las previsiones de las reuniones técnicas preparatorias para la sesión del colegio del próximo 31 de enero. Al menos el gabinete de la vicepresidenta de la CE Loyola de Palacio no cuenta con la posibilidad de que el asunto se aborde en esa fecha.

"No nos extrañaría que no figurase en la agenda", señalan desde la trinchera opuesta, donde permanece resignada la Dirección General de Competencia, habituada ya a las tácticas dilatorias emprendidas por De Palacio desde noviembre.

La estrategia legal

Fue entonces, ante la inminencia de una apertura de expediente contra España, cuando la también comisaria de Energía declaró competente a su departamento sobre el montante de los CTC atribuibles al concepto de energía nuclear. Una exigencia que los servicios jurídicos de la Comisión consideran razonable pues existe un tratado específico para ese tipo de energía (Euratom). Aun así, fuentes de la Dirección General de Energía admiten que la batalla por arrancar ese pedazo del expediente a los servicios de Mario Monti aún no ha concluido, pues el resto de comisarios sigue sin pronunciarse en esta materia.

Así las cosas, la estrategia del gabinete de De Palacio apunta a la necesidad de esperar a que el Tribunal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, se pronuncie sobre un caso de ayudas de Estado en Alemania a las energías renovables. Las conclusiones del abogado general en ese expediente señalan que no puede considerarse ayuda de Estado la obligación de comprar energía procedente de fuentes renovables a un precio mínimo, impuesta por ciertas autoridades regionales de Alemania a las compañías eléctricas que operan en su territorio.

"La Dirección de Competencia no ve ninguna relación entre esa norma alemana y las compensaciones por transición a la competencia concedidas en países como España o Bélgica", afirma el departamento de Monti. "Y cualquiera que sea la sentencia del tribunal, el comisario propondrá la apertura del expediente de investigación contra España y el resto de los países", recalcan.

"La Comisión está facultada para abrir un caso de ayudas de Estado cuando considere oportuno, pues no prejuzga el resultado de su investigación", se exasperan las huestes de Monti, atrapadas en una batalla política cuya virulencia comienza a hacer estragos también en Bruselas.

Maniobras

Ahora, las maniobras del Gobierno para conseguir la luz verde comunitaria a los CTC (1,3 billones de pesetas otorgados a las eléctricas como compensación por la apertura del sector) se habían centrado en detallados y tediosos argumentos técnicos presentados a Monti por el que fuera ministro de Energía, Josep Piqué.

Hasta Bruselas llegaron también, por otro lado, los voluminosos dictámenes de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico rechazando la cuantía de los CTC, así como su posible titulización. Pero los ánimos se han enconado desde entonces, dada la firme resolución del comisario Monti de iniciar el expediente formal de investigación. La beligerante respuesta de su homóloga de Energía, Loyola de Palacio, en favor de los CTC amenaza ahora con dividir al propio Ejecutivo comunitario.

El departamento de De Palacio se defiende arguyendo que "el hecho de que reclamemos la parte de expediente referida a la energía nuclear, no significa que le vayamos a dar el visto bueno automáticamente".

Pero lo cierto es que esa exigencia de última hora ha vuelto a retrasar el inicio de la investigación, que ya no se producirá antes del 14 de febrero. Se necesitarán entonces al menos cuatro meses para concluir la investigación, que puede conducir a un procedimiento de infracción contra el Gobierno.

 

De compensación a ayuda de Estado

El Gobierno se ha batido en todos los frentes para defender la legalidad de los costes de transición a la competencia (CTC) del sector eléctrico, 1,3 billones, concedidos en 1998 al oligopolio eléctrico español y que la Comisión Europea analiza desde entonces como ayuda de Estado de dudosa legalidad.

Para Bruselas, el Ejecutivo de Aznar comenzó por infringir las normas al no notificar los CTC a la Dirección General de Competencia. Se tramitaron, en cambio, bajo el paraguas de la directiva sobre liberalización eléctrica (que autoriza ciertas modalidades de compensación a los antiguos operadores), aunque el entonces director general de Energía, el español Pablo Benavides, detectó de inmediato el tufillo de ayuda de Estado que desprendía la tasa parafiscal (4,5%) impuesta por el Gobierno al consumo eléctrico en favor de ciertas empresas y lo remitió a su homólogo de Competencia.

El Gobierno judicializó entonces la disputa al plantear un recurso ante el Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, contra esa consideración de ayuda de Estado, recurso que se encuentra aún en fase de instrucción.

A la espera de esa sentencia, Bruselas reitera que cualquier ayuda garantizada por el Estado que otorgue ventaja económica a ciertas empresas y afecte al comercio entre Estados miembros, como es el caso de los CTC, constituye ayuda de Estado. "La forma que revista (aval, exención fiscal, etc.) no es relevante", insiste Competencia.

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