Las reformas aplicadas en Europa priman los sistemas privados

La mayoría de los países europeos ha comenzado ya, o lo harán próximamente, a reformar sus sistemas públicos de pensiones para afrontar el efecto del envejecimiento de la población ya inminente en los Estados de la Unión, que lo verán llegar una o dos décadas antes que España. Las medidas adoptadas en Suecia, Holanda, Portugal o Alemania pueden servir de orientación a la próxima reforma del sistema Español.

La Comisión del Pacto de Toledo ha escuchado ya las opiniones de los secretarios de Estado de la Seguridad Social de Alemania (Klaus Achenbac), Suecia (Claes Anstrand), Holanda (J. F. Hoogervorst) y Portugal (Vieira Da Silva). æpermil;stas son sus reformas de la protección social:

Alemania

Este país ha emprendido ya una reforma que durará hasta 2002. Sus problemas demográficos se harán insostenibles en 2030. Las principales medidas de la reforma alemana consisten en la bajada gradual de la cuantía de las pensiones públicas, sin recortar las ya existentes, al tiempo que se establece un sistema de protección social privado paralelo al público de carácter obligatorio y fuertemente incentivado. De esta forma, calculan que los trabajadores que se jubilen en 2030 verán reducida su pensión pública un 6%, pero contarán con un suplemento de un fondo privado capitalizado.

Otras iniciativas alemanas han sido aumentar ligeramente las bases de cotización del 19,3% al 22% en 2003 y la vuelta a la revalorización de las pensiones en función de los salarios brutos del país y no de la inflación.

La Seguridad Social alemana ya cuenta con un fondo de reserva que asciende al equivalente del pago de una nómina mensual de los pensionistas. Más allá de esta cantidad, si sus arcas tienen superávit,la ley le obliga a gastárselo.

Suecia

El país escandinavo, que detenta la presidencia europea este semestre y que se ha marcado como uno de sus objetivos reformar los sistemas de pensiones, ha concluido ya sus reformas de la protección social sueca.

Su nuevo sistema de pensiones no tiene una edad fija de jubilación, sino que establece una mínima que son los 61 años y se podrá cotizar desde los 16 años. El cálculo de la cuantía de la pensión se hace teniendo en cuenta toda la vida laboral del trabajador, y no sólo los mejores 15 años de cotizaciones, como hacía con el sistema anterior al de 1999.

Además, cada persona tendrá derecho a devengar el 8,5% de los ingresos de toda su vida activa. De esta forma, un obrero de una fábrica que empiece a trabajar muy joven, aunque tenga unos ingresos muy bajos, si tiene una larga carrera laboral, aporta a la Seguridad Social más que un licenciado con altos ingresos que comienza a trabajar en la treintena. Con el sistema sueco el primer trabajador cobrará una pensión más alta.

Holanda

Este país inició decididamente hace años una transición del sistema de reparto público hacia uno de capitalización privado. Así, en la actualidad casi la mitad del sistema de pensiones es privado y capitalizado, y la otra mitad es público y de reparto.

Las últimas medidas adoptadas consisten en reducir la deuda pública y destinar los intereses generados a financiar la parte pública de su sistema y en incentivar el retraso de la jubilación.

Portugal

En 1997 este país comenzó una reforma de su Seguridad Social introduciendo la jubilación anticipada antes de los 65 años con disminución de la pensión y creando la prestación de dependencia.

Desde 2000 tienen en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la pensión en lugar de los últimos 15 años y ha iniciado la transición hacia un sistema mixto de reparto y de capitalización.

 

España es el país en el que más crecerá el gasto en pensiones sobre el PIB hasta 2050

Otro de los datos que hace inevitable la urgencia de una reforma de la Seguridad Social española es el incremento del gasto en pensiones sobre el PIB. Según el último informe elaborado por el Comité de Política Económica de la Unión Europea, España es el Estado comunitario en el que más crecerá el gasto en pensiones sobre el producto interior bruto (PIB), pasando del 9,4% actual al 12,9% en 2030, y el 17,7% en 2050.

Con ello, España no sólo se colocaría a la cabeza del gasto en Europa, sino que además se haría inviable el sistema público de pensiones tal y como hoy lo conocemos.

Esta proyección del peso de las pensiones en el PIB es otro de los principales datos que avala, según algunos expertos que han comparecido en la comisión para la revisión del Pacto de Toledo, la transición hacia un sistema de pensiones mixto, de reparto -en el que las cotizaciones del trabajador pagan las pensiones de los que ya se han jubilado- y de capitalización -en el que el trabajador destina sus cotizaciones a un fondo, generalmente privado, que luego cobra cuando se jubila.

Si bien casi todos los expertos abogan por la necesidad de seguir fomentando o incluso aumentar los incentivos a las aportaciones a fondos privados de pensiones, casi ninguno se atreve a reclamar la transición a un sistema mixto en el que sea obligatoria esta aportación al sistema privado, como ocurre en Holanda o está implantando de forma progresiva Alemania. Sólo el director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, se atrevió a sugerir en el Congreso de los Diputados que los nuevos trabajadores, en lugar de destinar todas sus cotizaciones al sistema público, desvíen parte de sus cuotas, aunque en un principio fueran simbólicas, a fondos privados de pensiones.

En este contexto, el presidente de la patronal de Seguros, Unespa, Álvaro Muñoz pidió una Ley General de Previsión Social que regule los planes de pensiones.