Los expertos piden eliminar las prejubilaciones y retrasar el retiro

El continuado envejecimiento de la población española pone en grave peligro la viabilidad del sistema público de pensiones tal y como hoy lo conocemos. Esto es algo que nadie pone en duda, por lo que urge realizar los cambios necesarios en la Seguridad Social para que esto no ocurra. Dichos cambios deberán acometerse ahora, aprovechando la suficiencia financiera del sistema. Más de una docena de expertos han comparecido ya ante la comisión del Pacto de Toledo que estudia estas reformas, y todos coinciden en la necesidad de retrasar la jubilación y acabar con el retiro anticipado como principales recetas para evitar la quiebra del sistema de pensiones.

E l sistema público de pensiones en España no corre peligro hasta el año 2015, pero a partir de entonces, si no se introducen ahora las reformas necesarias en el sistema de Seguridad Social, los trabajadores que empiecen a acceder a la jubilación a partir de 2020 y sobre todo de 2050 -aquellos que entren en el mercado laboral en la próxima década- tendrán problemas para cobrar su pensión.

La razón por la que se llegará a este escenario es el envejecimiento de la población española. En la actualidad hay tres personas en edad de trabajar por cada pensionista lo que irá disminuyendo progresivamente hasta situarse en 2050 en una persona en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, lo que hará absolutamente insostenible el actual sistema de pensiones.

Este es el diagnóstico de la situación en el que coinciden la práctica totalidad de los expertos que desde junio pasado han expuesto sus recetas en el Congreso de los Diputados para una primera revisión del Pacto de Toledo.

Todos ellos coinciden en la necesidad de acabar con las jubilaciones anticipadas antes de los 65 años y en la medida de los posible fomentar la permanencia en el puesto de trabajo incluso después de esa edad, hasta, por ejemplo, los 70 años. El objetivo es permanecer más años cotizando, es decir, aportando al sistema y cobrando menos pensión, con lo que se disminuye el gasto.

En la práctica, la edad media de jubilación en España está situada en 62,8 años, por lo que bastaría, según José Antonio Herce, representante de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con obligar a que se cumpliera la edad efectiva de los 65 años. ¿Cómo?, pues eliminando la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 60 años que actualmente está permitida a quellos que hayan cotizado antes de 1967. Así, una vez que se agote este colectivo de trabajadores, algo que ocurrirá aproximadamente en 2010, nadie debería poder jubilarse antes de los 65 años como mínimo.

Para el ex secretario de la Seguridad Social de la Administración socialista, Adolfo Jiménez, "la combinación del aumento de la esperanza de vida y los efectos negativos de las jubilaciones anticipadas constituyen una amenaza muy seria para el futuro del sistema". Es más, de no terminarse con el retiro anticipado el sistema entraría en riesgo financiero antes de 2015, según Herce.

Ante esta perspectiva, el jefe de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, defendió incluso la necesidad de "elevar la edad legal de jubilación".

Otra de las recetas frecuentemente expuestas por los expertos consiste en reformar el mecanismo de cálculo de la pensión, ampliando el número de años cotizados que se tienen en cuenta hasta conseguir de forma "progresiva y consensuada" computar toda la vida laboral del trabajador. Esta medida, en condiciones normales bajarán las bases reguladoras para el cálculo de la pensión, porque los primeros salarios son normalmente los más bajos. Además, cabría ralentizar, según Malo de Molina, la escala que fija que con 15 años cotizados se obtiene el 50% de la pensión y con 35 años el 100%. Con este cambio harían falta más años para conseguir el 100% de la prestación, lo que también aliviaría la futura carga del sistema.

Estos ajustes serán necesarios una vez descartada por todos los expertos, sin excepción, la alternativa de incrementar las cotizaciones sociales como fuente de aumento de ingresos, dado el perjuicio que esto conllevaría para la creación de empleo.

Asimismo desechan que la inmigración por sí misma pueda ser una solución al problema, por la simple razón de que aunque la llegada masiva de trabajadores de otros países sí representa un aumento de ingresos para el sistema, por otro lado, los inmigrantes generan también sus correspondientes derechos de pensión. Los demógrafos están seguros de que por el lado del fomento de la natalidad tampoco se solucionará el problema.

 

La "congelación" de determinadas pensiones, a debate

Una de las medidas más impopulares planteadas en la comisión del Pacto de Toledo es, sin duda, la "congelación" de determinadas pensiones (las máximas, generalmente). Esto supondría acabar con la ley vigente que obliga a revalorizar cada año todas las pensiones en función del IPC de noviembre.

El ex secretario de la Seguridad Social socialista, Adolfo Jiménez, es tajante al respecto: "El esfuerzo que se ha hecho (en la revalorización anual de las pensiones) debería haberse dedicado exclusivamente a las pensiones mínimas (...) no soy partidario de que a la pensión máxima se aumente el poder adquisitivo.

El director del servicio de Estudios del BBVA, Miguel Sebastián, cree que la revalorización de las pensiones es injusta porque si hay un repunte inflacionista todo el país se empobrece menos los pensionistas, que según él deberían también "apechugar" con situaciones de menor bonanza.

Para ello propone, que no sólo las pensiones sino todas las rentas que tengan como referencia el IPC (subsidio de paro, salario mínimo interprofesional, salarios de funcionarios) se ajusten cada año a un "IPC equis", que podría ser, por ejemplo, aquel resultante una vez descontados los precios energéticos.

Otra cuestión espinosa para los consultados es la homogeneización de los regímenes especiales con el Régimen General, algo que ya está previsto en el Pacto de Toledo y que no se ha puesto en práctica por su dificultad.

 

El Pacto de Toledo debería reformar la viudedad

Si hay algo en lo que políticos de todos los partidos y expertos coinciden en privado y muy pocos se atreven a reconocer en público es la necesidad de reformar la pensión de viudedad, para recortarla o incluso eliminarla en determinados supuestos. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps dio "poderes" a la comisión del pacto para discutir esta medida. Siempre sin recortar las pensiones ya existentes.

Así, todos argumentan que dicha prestación se diseñó para evitar la "pobreza" de las mujeres viudas cuya única renta familiar era la del marido muerto. Ahora la mayoría de las mujeres trabajan, con lo cual los analistas recomiendan, al menos, el rediseño de esta pensión para hacerla incompatible con determinados niveles de renta; al tiempo, sugieren que los recursos que se ahorren con estos recortes, se destinen a las pensiones de viudedad más bajas.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Federico Durán introdujo otros matices, apuntando la posibilidad de que se reconozcan las pensiones de viudedad de parejas que no estén casadas.

Pensión de dependencia

Pero no todas las recomendaciones de los expertos van orientadas a recortar el gasto. Por ejemplo, varios de ellos han puesto de manifiesto la necesidad de crear, dentro del sistema público, una nueva prestación de "dependencia", destinada a sufragar los gastos que surgen en una familia por el cuidado de personas que necesitan una atención sanitaria durante 24 horas. En particular, la población de 85 y más años con enfermedades crónicas, cuidados por sus familias es una "bomba de relojería", según Adolfo Jiménez.