Chips Act 2.0: acertar el diagnóstico no basta
Un mercado que no prioriza a su propia industria no tendrá industria que priorizar
La Comisión Europea presentó en la primera semana de junio el paquete de soberanía tecnológica. En él se encuentra la propuesta de Reglamento para fortalecer el ecosistema de semiconductores de la Unión, popularmente conocido como la Chips Act 2.0. Durante años, la política europea para potenciar la industria de la microelectrónica ha funcionado con un mapa equivocado. Algunos exploradores –Draghi en su informe de competitividad o el Tribunal de Cuentas en un análisis específico de la estrategia de semiconductores– habían señalado la necesidad de realizar un nuevo ejercicio cartográfico. Es una buena noticia que el Ejecutivo de Bruselas haya acelerado la revisión de la insuficiente Ley de Chips original.
La Chips Act 2.0 introduce tres mejoras relevantes. Primero, abre la condición de First-of-a-Kind –el sello que facilita la autorización de las ayudas de Estado– a proyectos de toda la cadena de suministro, no solo a las fundiciones de chips avanzados. El nuevo enfoque permitirá reforzar los eslabones donde la UE es indispensable y aprovechar la ventana de oportunidad de tecnologías emergentes. Segundo, incorpora instrumentos para conectar oferta y demanda, que era otra de las grandes carencias en el modelo anterior. Y tercero, amplía el foco hacia la fotónica integrada, un campo en el que Europa parte de una fortaleza científica real que todavía no ha sabido convertir en industria. En resumen, Europa parece haber entendido que un ecosistema no se construye solo subvencionando su pieza más cara.
Pero el giro de orientación desde la oferta hacia la demanda resulta insuficiente. El verdadero cuello de botella para desarrollar la soberanía tecnológica sigue sin enfrentarse de un modo efectivo. Mientras el estímulo a la demanda siga siendo un criterio accesorio en la compra pública y en los programas de subvención –una casilla que se marca al final, sin peso real en la decisión–, el dinero público seguirá empujando una oferta que no encuentra mercado interior. La Chips Act 2.0 no se atreve a explorar uno de los caminos señalados dentro del Informe Draghi: establecer una etiqueta “EU Chips” que otorgue preferencia a los productos con un determinado porcentaje de valor añadido europeo.
No es proteccionismo. Un mercado que no prioriza a su propia industria no tendrá industria que priorizar. En la compleja cadena de suministros de semiconductores, Europa no puede ser autosuficiente, pero sí debe mantener la indispensabilidad de sus fortalezas. Y aún debe ir más lejos. Debe ser un requisito que la mayoría de los elementos que intervienen en la producción de los chips utilizados en la UE estén libres de coerción política y sean aportados por áreas económicas afines y fiables. Se deben aprender las lecciones del caso Nexperia o de la restricción de acceso a los modelos de lenguaje más avanzados de IA.
En este marco, la propuesta de Chips Act 2.0 no puede desligarse del resto del paquete de soberanía, en particular del proyecto de Cloud and AI Development Act (CADA). Resulta incoherente que los niveles de soberanía para servicios de nube para el sector público definidos en la segunda no impongan ningún tipo de requisito sobre el hardware que los soporta. Incorporar condicionantes de alguna proporción de origen europeo en esa infraestructura convertiría una demanda garantizada en oportunidad real para la industria del continente. La primera piedra de toque al respecto no necesita esperar a la adopción final del CADA, son las Gigafactorías IA de próxima aprobación.
Otro aspecto mejorable en la Chips Act 2.0 es la simplificación administrativa en el apoyo de financiación al sector. Carece de sentido que la obtención de la etiqueta First-of-a-Kind no conlleve automáticamente la autorización de las ayudas de Estado correspondientes. En paralelo, el Ejecutivo de Bruselas debería facilitar una guía para el diseño de medidas específicas de apoyo público al ecosistema más allá de la concesión de subvenciones directas, con instrumentos como los créditos fiscales, las exenciones tributarias, la reducción de la factura energética o bonificaciones a los gastos operativos. En un sector tan intensivo en capital y en energía, estos mecanismos son lo que deciden si una inversión se materializa en Europa u otro continente.
Nada de esto funcionará, sin embargo, sin recursos económicos a la altura del reto. La Comisión cifra en torno a 120.000 millones de euros de origen público-privado lo que el ecosistema europeo necesita en los próximos siete años; por el peso de nuestra economía, a España le corresponde un esfuerzo del orden de 12.000 millones. Es necesario el apoyo público suficiente para movilizar la inversión privada restante. Por eso es imprescindible dotar adecuadamente tanto el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 en Bruselas como los Presupuestos Generales del Estado en Madrid, dando continuidad al impulso que en su día supusieron, respectivamente, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Perte Chip.
Potenciando sus luces y difuminando sus sombras, la ágil tramitación y con dotación económica real del proyecto de Chips Act 2.0 –conjuntamente con el CADA– debe ser una prioridad para las instituciones europeas. En un entorno de tensiones comerciales, restricciones a la exportación y dependencias en eslabones críticos, los semiconductores han dejado de ser un asunto puramente industrial. Garantizar el acceso a los chips que necesitan nuestra industria, nuestras infraestructuras críticas y nuestras capacidades de defensa se ha convertido en una cuestión de seguridad económica, y por tanto de soberanía. Un instrumento correcto que llega tarde y financiado a medias no es media solución. Es, sencillamente, otra oportunidad perdida.