España tendrá otra crisis fiscal severa si no corrige sus políticas
Al desenfreno esperado del gasto en pensiones hay que añadir el de defensa, y los intereses, que se duplicarán en 25 años
Las circunstancias estructurales de la sociedad y las sobrevenidas en los últimos años llevarán a España a una crisis fiscal severa, salvo que decisiones convincentes de los Gobiernos actual y venideros lo eviten. Hasta donde se ve, ahora el desequilibrio fiscal es tan creciente como crecientes son las advertencias de las instituciones que analizan y fiscalizan las cuentas públicas. Los costes del envejecimiento de la población, de las transiciones ecológica y digital y de las urgencias geoestratégicas imputarán un salto colosal en la deuda pública si se mantienen constantes las políticas económicas.
Los augurios de los especialistas económicos y de las instituciones fiscales más comprometidas alertan de escenarios de riesgo en trechos temporales relativamente cercanos. Los Gobiernos tienen la tentación miope de no ver más allá de la legislatura en la que se desenvuelven, y en el mejor de los casos diseñan sus planes para traspasar el Rubicón electoral cada cuatro años, y el que venga detrás, que arree. Pero los Gobiernos pasan y los países quedan, y con ellos, los efectos constructivos de las buenas decisiones y los desperfectos de las malas. El futuro, aunque es el tiempo y lugar en el que pasaremos el resto de la vida, para la práctica política es el más allá, es la tierra de nunca jamás.
Si hoy parece que fue ayer cuando llegó este siglo con la euforia del euro, y han pasado 25 años, cualquier proyección a 10, a 20 años debe ser tomada en serio, porque 20 años no es nada y 2050 no está tan lejos. Y todas las proyecciones que pretenden alertar de riesgos hipotéticos para concienciar a la sociedad y movilizar a los gobernantes suelen dar saltos de 10, 15, 20 o 25 años, para que lo que pueden ser pequeños apocalipsis sean abordados y encajados sin traumas. 2050 será un año como otro cualquiera escogido al azar en el siglo, pero es donde se cruzan la primera y la segunda mitad de la centuria, y va a ser referencia de miles de proyectos.
Es largo plazo, pero cada año lo será menos, y las instituciones que proyectan la marcha de las finanzas públicas, síntesis de centenares de variables sociales, políticas y económicas, han puesto una bandera de referencia en 2050 para que se divise desde lejos y nadie la pierda de vista. En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tiene la misión de vigilar el desempeño fiscal de todas las Administraciones públicas, y de construir sendas a las que ceñirse para preservar y contribuir a la solidez de la economía dentro de los consensos obligados de la Unión Monetaria Europea, aunque sus prédicas se pierdan muchas veces en los desiertos de la política.
Ha establecido, en una renovada opinión sobre las finanzas públicas, dos escenarios temporales para proyectar las variables fiscales a políticas constantes, pero teniendo en cuenta proyecciones paralelas de población, inmigración, fuerza laboral y crecimiento económico, tanto para 2050 como para 2070. Nos quedamos con la primera, y la segunda ya la atenderemos, así que pasen 20 años. Pues bien: la Airef, en un diagnóstico bastante compartido por otros prestigiosos institutos de análisis económico, prevé desviaciones del gasto de tal magnitud que llevarán el déficit fiscal a proporciones del 7% del PIB, y la deuda pública acumulará valores del 149%.
A la ciudadanía le cuesta ensayar mentalmente tales números para un periodo que asemejan con la eternidad, y al Gobierno le resbalan porque cuestionan sus políticas sobre pensiones, materia en la que defienden a espada y capa sus planteamientos hasta que la realidad demuestre su ineficacia. Pero haría bien en considerarlas porque, a esta circunstancia estructural no del todo atendida que es el coste del envejecimiento, hay que sumar las sobrevenidas en los últimos años, y que no tienen un coste menor, como las transiciones digitales y medioambientales, y las impuestas por el nuevo escenario geopolítico, que lo tienen mayor y de más urgencia.
En materia de pensiones, primer, pero no único, motor del coste del envejecimiento, Airef hará una revisión de la marcha del sistema público en la primavera del año que viene, superando el realizado en marzo de este año, que, tras la incorporación gubernamental de ciertas trampillas contables, no exigía medidas adicionales de gastos. En él reiterará que el gasto en pensiones crecerá a tal ritmo que alcanzará el 16,1% del PIB cuando se alcance la mitad de la centuria, frente al 12,9% que, trampillas incluidas, absorbe ahora. La llegada del baby boom impulsará el gasto de manera acelerada (más del 4% de avance anual), y todo ello a pesar de que ganan terreno las jubilaciones demoradas, que podrían llegar a una de cada tres en diez años.
Pero la alargada sombra del envejecimiento demográfico activa más gasto en dependencia y sanidad, que, junto con el avance de la factura financiera (gasto por intereses), consecuencia del avance de la deuda imputable a las pensiones (explican dos terceras partes de su avance), llevarán el déficit fiscal al 7% en 2050, y la deuda pública hasta el 149% del PIB. La Airef detalla que el gasto sanitario saltará en estos 25 años del 6,6% del PIB al 8%, y el capítulo de dependencia del 0,8% al 1,4% del PIB. La factura de la deuda pública prácticamente se duplicará, desde el 2,4% del producto ahora al 4,7%.
Hasta aquí el cálculo, que puede parecer apocalíptico, de la autoridad fiscalizadora, siempre que se mantengan constantes las políticas y que no haya ninguna otra catástrofe financiera. Pero penden también sobre las cuentas públicas dos afiladas y pesadas tizonas, como son el gasto en defensa, a cuyo requerimiento de la OTAN de elevarlo hasta el 5% del PIB España se resiste, y se mantiene en el 2%, ya pactado en 2014 y solo alcanzado ahora, y los costes no cuantificados de la inversión necesaria para hacer con eficacia las transiciones ecológica y digital.
Lograr los hitos de defensa hasta donde ahora marca el debate internacional supone pasar el presupuesto de los 32.000 millones anuales actuales a los 80.000. Un salto que destrozaría el presupuesto público, y que España no podrá asumir en unos cuantos años, salvo merma irresponsable de su gasto social, la parte del león de la factura pública. Pero estas son las circunstancias y estos son los números.
En los últimos años, España ha reducido notablemente la brecha de ingresos con la UEM, fruto de avances en la presión fiscal voluntaria (subidas de impuestos y cotizaciones) e involuntaria (subida de empleo y renuncia deliberada a deflactar la tarifa del IRPF en ejercicios muy inflacionarios), y el margen de los ingresos se antoja limitado. Entre tanto, el gasto estructural ha subido mucho pese a la parquedad de la inversión, que deberá activarse a cuenta del erario una vez que se agote el recurso a los fondos europeos. No es el mejor escenario, pero así está el tema.
José Antonio Vega es periodista
