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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La necesidad de tener Presupuestos

Sería deseable que el Ejecutivo alumbrara unas cuentas públicas cuanto antes para no eludir el control parlamentario

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
CINCO DÍAS

El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, según señala el artículo 134 de la Constitución Española. Esto supone que el Ejecutivo debe registrar el proyecto en la Cámara Baja antes del 1 de octubre. Sin embargo, el Gobierno lleva dos años sin presentar el proyecto de las cuentas públicas e incumpliendo el mandato constitucional.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún no ha descartado presentar y tramitar el proyecto para este año, cuando es prácticamente imposible porque la tramitación parlamentaria se prolonga durante tres meses, el verano es prácticamente inhábil en el Parlamento, y además se encontraría con obstáculos en el Senado, controlado por el PP.

El Ejecutivo aduce que no ha presentado las cuentas porque aún no tiene atados los apoyos para sacarlas adelante, pero la Carta Magna es categórica en los plazos con independencia de que el partido del Gobierno tenga los votos suficientes para aprobarlos o no.

Esta anomalía presupuestaria, que a mitad de legislatura aún no se hayan aprobado unas cuentas del Estado, se agrava ante el hecho de que ya se ha activado el reloj para empezar a cursar las del próximo año. Lo habitual en estas fechas es que Hacienda dicte la orden ministerial para que los distintos departamentos del Gabinete comiencen a presentar sus necesidades de gastos para el siguiente ejercicio.

Hacienda insiste oficialmente en que aún no está trabajando en el proyecto de 2026, cuando debería llevar semanas haciéndolo. La situación cobra relevancia ante el cambio significativo que sufrirán las cuentas por el aumento del gasto en defensa para alcanzar la meta del 2% del PIB, como requieren la UE y la OTAN, la cual pide además elevarlo hasta el 5%.

Esta anomalía no es exclusiva de este Ejecutivo. Desde 2015, cuando la política española entró en una espiral de polarización que fragmentó el Parlamento, se han producido reiterados retrasos. Pero en los últimos años se han hecho más patentes la inestabilidad política y su reflejo en la inexistencia de los Presupuestos Generales del Estado.

Aunque el Gobierno pueda gestionar la Administración del Estado con unas cuentas prorrogadas, sería deseable que alumbrara unas cuentas públicas cuanto antes para no eludir el control parlamentario en un momento político y económico especialmente complejo.

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