Esterilizar el servicio de estudios del Banco de España no es buena idea
Limitar su capacidad de análisis y crítica de las políticas empobrece el debate sobre los graves asuntos sin resolver
En otoño nos aventuramos a escribir en el agua una hipótesis discrepante de la que sostenía la mayoría de los cronistas económicos acerca del nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España y su desempeño en el cargo. Augurábamos que los anchos muros del caserón de la calle Alcalá imprimirían en el nuevo inquilino, pese a proceder del Consejo de Ministros, el oremus de independencia y sentido crítico que siempre mostraron sus antecesores desde que gozaron del empoderamiento que les otorgó la ley de Autonomía de la institución desde 1994. Pues no tal, y por partida doble.
Por partida doble porque, además de eliminar de los últimos informes del servicio de estudios toda consideración crítica sobre la marcha de la economía y las reconocibles recomendaciones para mejorarla, ha decidido jibarizar el departamento que dotaba de conocimiento y opinión consistente al Banco de España, por considerar que no debe ser esa su función una vez integrado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Tal ejercicio ha provocado una diáspora de materia gris del banco en los últimos meses, e incomodidades explícitas en varios departamentos con el trasvase de efectivos de unas funciones propias a otras menos propias.
Como si se tratase de una refundación integral del Banco de España, el nuevo gobernador y su equipo de confianza han presentado en sociedad un Plan Estratégico 2030 envuelto en el obtuso lenguaje del management de última generación, cuyos resultados veremos cuando su mandato venza. Mantiene en teoría sus funciones de guardián de la estabilidad de precios y de la solidez del sistema financiero, potencia su función como actor prioritario en la educación financiera y se acerca a la ciudadanía concentrando en un museo el ingente catálogo patrimonial de la institución, además de popularizar la laberíntica cámara del oro.
Pero queda en duda, para quien la tenga, qué pasará con la función que históricamente ha ejercido el banco con su servicio de estudios acerca de la formación de opinión pública sobre el estado de la economía y sobre los cambios que la gestión de esta debe imprimir para lograr el mayor y más estable crecimiento económico posible, consideraciones que siempre han figurado en el frontispicio de la misión de la institución.
Este humilde escribidor siempre recordará la encendida defensa que el gobernador Ángel Rojo, ante una pregunta sobre la supuesta perversión que suponía subir demasiado los tipos de interés, hacía de la responsabilidad moral del Banco de España como el primer y más interesado defensor de la buena marcha de la economía, de su solidez, del empleo y del equilibrado reparto de la riqueza.
Pero el Banco de España y la opinión libre de sus sucesivos gobernadores han sido siempre un blanco perfecto para los colectivos cuyos privilegios dañaban el buen desempeño social y económico y para los Gobiernos que los protegían; siempre han sido el pimpampum de quienes defendían residuos legislativos paternalistas, como los sindicatos y los partidos de izquierda, por considerarlo, como dijo alguna vez Josep Borrell cuando efímeramente lideró el PSOE, el mayor emisor de ideología de España. De ideología liberal, claro.
No debe obviarse que no siempre hizo un trabajo perfecto, que en ocasiones críticas el Banco de España ha intensificado su activismo en política económica para atajar la gravedad de la situación, haciendo clamorosa dejación de sus quehaceres para velar por la solvencia y solidez del sistema bancario. Cuando más apretaba la gran recesión y el paro desbordaba las estadísticas, el gobernador de turno reclamaba una urgente reforma laboral que abaratase empleo y despido, y en paralelo la mayoría de las cajas de ahorros, gestionadas con criterios políticos por políticos, y una minoría de bancos, se precipitaron hacia la quiebra ante la pasividad supervisora.
El servicio de estudios del Banco de España ha gozado siempre, desde que Rojo, Fuentes Quintana y Alcaide construyeron en los sesenta del siglo pasado la primera Contabilidad Nacional de España, de prestigio por la excelencia de sus economistas, el rigor de sus informes y la convincente opinión sobre qué políticas corregir y cómo hacerlo, incorporando en los últimos años el combate de incómodas cuestiones enquistadas y no resueltas, como la precariedad laboral o la desigualdad.
Ha sido escuela de infinidad de investigadores que nutren ahora elitistas instituciones financieras de todo el mundo, así como otros think tanks nacionales e internacionales. En España coexisten al menos cuatro centros oficiales de análisis (Estadística, Banco de España, Airef y Ministerio de Economía), que se complementan con una buena colección de rigurosos institutos de investigación privados o universitarios que cierran el círculo de conocimiento y divulgación económica.
Esterilizar uno de ellos, quizás el más reputado, como se pretende hacer, esquivando la crítica a las decisiones de política económica y dejando en simples menciones indiciarias los problemas que más acechan a la sociedad, no es una buena idea. Difundir que carece de capacidad para hacer un análisis efectivo sobre el estado actual y el porvenir de las pensiones es no conocer la capacidad de la casa, y hacer un favor flaco a un país que no parece que pueda esquivar una nueva crisis fiscal si no ataja los gastos del envejecimiento.
El gobernador da a entender que no existe alternativa a su reforma de las pensiones, sobre la que encaja mal la crítica, aunque sabe que existe y que tendrá que activarse más pronto que tarde para no llevar el déficit y la deuda en unos pocos años a niveles más delicados. La Airef tiene la obligación legal y la capacidad técnica de valorar el estado de la cuestión y proponer soluciones, pero el Banco de España, por su nivel de conocimiento y capacidad de prescripción, tiene la obligación moral de hacerlo. Es preceptivo para “favorecer el crecimiento económico estable y aportar valor a la sociedad”, como reza una de sus misiones.
Limitar la capacidad crítica y de prescripción del servicio de estudios sobre las cuestiones que agobian a la sociedad es apagar la luz que emite y dejar un poco más a oscuras a quienes deben decidir. La vivienda, la fiscalidad, la educación, el mercado laboral y su precariedad, la libertad de empresa, la competencia, la productividad, etc., demandarán siempre más análisis y opinión, y no menos, para contribuir al crecimiento y al bienestar de la sociedad.
Escrivá recuerda que lleva “dirigiendo departamentos de estudios durante 35 años, en el Banco de España, en el BCE, en BBVA, en el BIS, en la Airef, y si hay alguien cualificado para hacer una reforma moderada y profunda de cómo se trabaja en el Banco de España soy yo”. Petulancia aparte, conviene escuchar, preservar lo que funciona bien y no horadar los sólidos muros del caserón de la calle de Alcalá.
José Antonio Vega es periodista
